Número-271
- Senadora Mely Romero Celis presenta iniciativa para castigar esta práctica hasta con 17 años de prisión.
- No es posible consentir que las personas sean transformadas en meros productos capaces de ser adquiridos o arrendados por terceros, señala.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Mely Romero Celis, propuso prohibir que el cuerpo humano se utilice para realizar la gestación por sustitución, así como establecer en la ley que todo acto jurídico en el que se obligue a una mujer a renunciar a la filiación materna, a favor de un tercero, será nulo.
Asimismo, planteó que se imponga una sanción de seis a diecisiete años de prisión y multa de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo para aquellas personas que participen y promuevan la gestación por sustitución.
Mediante una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, la legisladora se pronunció a favor de eliminar todo tipo de tráfico de personas, incluyendo la explotación de mujeres con fines reproductivos, denominada maternidad subrogada.
Señaló que esta práctica supone un severo retroceso en materia de derechos humanos y equidad de género, pues tal como señala un informe presentado ante el Parlamento Europeo, la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños, y representa una amenaza a la integridad corporal y a las garantías de este sector de la población.
Consideró a este negocio “deleznable” porque lucra con la explotación y la violación sistemática de los derechos humanos de los más vulnerables; además es difícil de combatir, ya que las víctimas “se encuentran tan sometidas que no suelen buscar la ayuda de las autoridades”.
La maternidad subrogada --dijo-- representa ingresos millonarios para los delincuentes, tan sólo en la India esta industria obtuvo ganancias por dos mil millones de dólares durante 2011.
Explicó que este tipo de negocios tiende a utilizar a mujeres en pobreza extrema, quienes son ingresadas en estancias o granjas con el fin de que no puedan salir de ahí durante su embarazo hasta la entrega del recién nacido a los solicitantes.
En el caso de México, comentó que las redes de trata tienen nexos o forman parte de los cárteles de la delincuencia organizada que operan en nuestro país, y mantienen nexos con organizaciones criminales en el exterior.
Dijo que en el país la explotación de mujeres con fines reproductivos es una realidad que se esconde a la vista de todos, y en la actualidad únicamente la legislación civil de Tabasco y Sinaloa permite la maternidad subrogada, en tanto que las layes de Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro la prohíben total o parcialmente.
Romero Celis indicó que florece una industria millonaria, dedicada a rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.
No es necesario recalcar que el tráfico de seres humanos debe ser combatido con toda la fuerza y desde todos los ámbitos, pues en un país respetuoso de los derechos humanos no es posible consentir que las personas sean transformadas en meros productos capaces de ser adquiridos o arrendados por terceros con la única justificación de su poder económico.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación correspondiente.
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