Número-254
- Piden precisar acciones en materia de desmantelamiento financiero de la delincuencia, derechos humanos, e inversión público-privada.
- Son en total 38 cuestionamientos de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM.
El Senado de la República remitió a Presidencia de la República 38 preguntas que los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM hacen al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a fin de precisar o ampliar información respecto a temas prioritarios como seguridad, derechos humanos y economía.
El presidente de la Mesa Directiva, senador Roberto Gil Zuarth, informó durante la sesión de hoy que dichos cuestionamientos se formularon a partir de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.
El Grupo Parlamentario del PRI efectuó 16 preguntas en total en las que destacó, en el apartado de política social, la que se refiere a la afirmación del Presidente de la República, en agosto pasado, respecto a que de todas las reformas estructurales la de mayor calado y trascendencia es la Reforma Educativa.
“¿Qué resultados y beneficios tangibles ha tenido la reforma educativa en la educación básica, media superior y superior?” y “¿Qué avances registra la instrumentación del Servicio Profesional Docente?”, cuestionó.
En política económica, la bancada del PRI abordó el énfasis que prometió darle el gobierno federal a sectores como al sector agropecuario, así como a las micro y medianas empresas, por lo que inquirió respecto a los avances del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2014; los alcances de los incentivos a la productividad en el campo para dejar atrás el asistencialismo; y los resultados del Instituto Nacional del Emprendedor y de la Red de Apoyo al Emprendedor.
En cuanto a política interior, el GPPRI realizó una reflexión sobre la entrada en vigor, en junio de 2016, del Sistema de Justicia Penal: “Los retos son muchos ¿cuál la estrategia del gobierno para acelerar el proceso y el que el modelo opere en el orden federal y en las 32 entidades del país, en la fecha que mandata la Carta Magna?”.
El Grupo Parlamentario del PAN realizó por su parte 12 preguntas, y en materia de política interior subraya la referente a seguridad, en la que recuerda que en agosto de 2014 comenzaron las operaciones de la Gendarmería, que ha realizado 12 mil 637 acciones tácticas operativas en 13 entidades federativas.
Sin embargo, apunta: “no se establecen con claridad los beneficios para la disminución de la delincuencia”, por lo que interrogó: “¿Qué impacto ha tenido en la ciudadanía y mejora en las condiciones de seguridad las operaciones señaladas y de manera concreta cómo se puede evaluar objetivamente dicho impacto?”
Cuestiona, por otra parte, el “¿por qué los sistemas de inteligencia e intercambio de información no advirtieron sobre la evasión de Joaquín Guzmán Loera y tampoco arrojaron información sobre los casos de Tlatlaya e Iguala?”.
En cuanto a las presuntas acciones para desarticular las capacidades financieras de los grupos de delincuencia organizada, el GPPAN apunta que no se ofrecen cifras contundentes ni un desglose de los resultados obtenidos hasta el momento.
Con este argumento pregunta: “¿Qué acciones concretas se ha realizado para desarticular las finanzas de la delincuencia organizada?, ¿a qué cantidad ascienden los recursos incautados bajo este rubor?, y ¿qué tipo de esquemas financieros o de negocio son los más utilizados por la delincuencia organizada para realizar sus actividades financieras?”.
El Grupo Parlamentario del PRD efectuó siete preguntas sobre las acciones emprendidas para proteger a la población; en el apartado en derechos humanos incluye la afirmación de que México vive una crisis que se refleja no sólo en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, sino también en el registro de 47 mil 988 homicidios, cifra superior en 14 mil 671 a los asesinatos registrados en los seis años de la pasada administración.
A ello agrega que, de 25 mil 700 desapariciones registradas por la organización Amnistía Internacional --que afectan principalmente a migrantes-- la mitad de ellas sucedieron en el actual gobierno.
Refiere, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 500 denuncias sobre violaciones a garantías individuales, la cifra más alta en el continente americano durante 2014; en tanto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos apunta que las denuncias ante la PGR por tortura se dispararon a dos mil 55, en octubre de 2014, cuando en 2006 sólo se registraron 26.
En política económica, el GPPRD destaca que, dentro del Plan Nacional de Infraestructura, se prevé una inversión pública-privada por 7.7 billones de pesos, en sectores como comunicaciones y transportes, desarrollo urbano, agua y energía (hidrocarburos y electricidad), e incluye un listado integrado por 743 proyectos de infraestructura.
Solicitó al Ejecutivo federal que se presente ante el Senado una base de datos con formato abierto de los contratos con el sector privado, particularmente bajo la figura de asociación público-privada, donde detalle la información conforme lo establece el artículo 7 de la Ley General de Transparencia; así como el mecanismo de adjudicación --sea directa, por invitación, restringida o por licitación abierta-- y la información conforme lo establece el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
El Grupo Parlamentario del PVEM realizó únicamente tres preguntas: Respecto a la Ronda Uno, solicitó detalles sobre el impacto que tendrán estas licitaciones en el desarrollo económico nacional y en especial en el sector energético, así como información sobre las acciones para la protección del medio ambiente en los campos licitados.
Por otra parte, refiere que una de las principales limitantes para que niños y jóvenes tengan educación de calidad es la precariedad de algunos planteles, por lo que pregunta al Ejecutivo federal: “¿Qué acciones ha realizado su gobierno para mejorar la infraestructura educativa?
Finalmente, interroga: ¿Cuáles son algunos beneficios tangibles que ya se desprenden de cada una de las 13 reformas estructurales aprobadas durante la primera mitad de este gobierno?
