Número-227
- Ante una iniciativa de ONG’s, proponen también que se garantice la equidad de género.
- Presentan 25 mil 333 firmas ciudadanas que apoyan esta propuesta.
Senadores del PRD, PT, PAN e independientes solicitaron al Presidente de la República que la terna que presente para la designación de dos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuente con perfiles doctos en la abogacía y que permitan garantizar la paridad de género.
Lo anterior, al recibir de la plataforma change.org, integrada por diversas organizaciones sociales, una lista de 25 mil 333 firmas que avalan la petición de que la SCJN no se integre por “cuotas ni cuates”, es decir, que no se asignen ministros derivados de pactos entre los partidos políticos, o a favor de amistades.
En diciembre próximo, los jueces Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza sus cargos como ministro en la SCJN. Para su relevo, el presidente Enrique Peña Nieto deberá enviar al Senado de la República, a más tardar durante la primera semana de noviembre, un par de ternas.
En conferencia de prensa, la senadora independiente Martha Tagle Martínez hizo un llamado a sus compañeros de los diversos grupos parlamentarios, para que “no nos dobleguemos al poder ni ayudemos con nuestra decisión a que otro poder sea subyugado, como es el Poder Judicial”.
Solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que, en concordancia con el impuso a la igualdad de género, envíe al Senado dos ternas que estén integradas por mujeres.
“En la carrera judicial hay mujeres de probada calidad, experiencia y conocimientos que sin duda pueden cumplir ampliamente el perfil que se requiere para ocupar el cargo de ministras de la Suprema Corte de Justicia”, afirmó la legisladora.
En ello coincidió el senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN, al advertir que aceptar que se den acuerdos políticos en la designación de magistrados provocaría que se debilite a la Suprema Corte, “una instancia que aún goza de prestigio como última instancia en decir el derecho frente al conflicto y frente a la controversia”.
Se pronunció a favor de que sea abierta y no secreta la votación de los senadores para designar a los ministros. Consideró que, igual que el Ejecutivo, el Senado está obligado a respetar la Constitución, cuyo artículo 95 señala que para ser ministro de la Corte se requiere haberse separado de la función y del cargo de Secretario de Estado, diputado o senador, un año antes de la designación; además de que señala que los ministros deben ser preferentemente de carrera judicial.
La senadora por el PRD, Angélica de la Peña Gómez, pidió al Presidente de la República: “que no se trastoque la dinámica que con mucho trabajo se ha construido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de las nuevas reformas constitucionales y sobre todo la del 11 de julio de 2011”.
Indicó que mientras no se modifique el artículo 95 constitucional, el Ejecutivo federal tiene la responsabilidad de presentar en las ternas los perfiles que correspondan a la responsabilidad de ocupar una magistratura en la SCJN. “El llamado al presidente es que no nos meta en esos menesteres oprobiosos, sino que tome las riendas de la conducción republicana y entonces decida integrar ternas con personalidades doctas, idóneas”, y tome en cuenta la equidad de género.
En este mismo sentido el coordinador parlamentario del PT, senador Manuel Bartlett Díaz, dijo que el país necesita una SCJN que sirva a toda la población, y no se debe visualizar como un poder de la Unión que sólo está al servicio de la Presidencia de la República. Felicitó a las organizaciones sociales que han buscado participar directamente en los asuntos prioritarios para el país y “exigir a todos los funcionarios que cumplan con su responsabilidad”.
Los senadores Armando Ríos Píter, Zoé Robledo Aburto, coincidieron en que “está en manos del Ejecutivo federal recuperar la confianza de los ciudadanos en la Corte. Y en eso, creo que el resultado tiene que pasar por tres elementos”. Los dos primeros son la paridad de género y la selección de perfiles doctos de abogados, con equilibrio en un criterio progresivo y conservador.
El tercer elemento, dijo Robledo Aburto, es tener presente el riesgo de vulnerar “de una manera terrible” un espacio de confianza, de contrapesos, de división de poderes. Los nombramientos, advirtió, podrían indicarle a la gente que la Corte será un espacio de autonomía, o bien de militancia partidista.
El coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, planteó que el Presidente de la República deber asumir su posición de Jefe de Estado y garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal. Reconoció además que entre sus atribuciones está participar en la integración de los órganos de este Poder Judicial.
En cuanto al Senado, expuso, es necesario que asuman los cambios que se han dado desde la ciudadanía, pues los legisladores “somos parte de una sociedad que transita por un proceso evolutivo, por un proceso complicado y comprometidos con este tipo de razones. Nuestra obligación es opinar, es formar parte del escenario político de lo que se construye”.
El diputado federal Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que en la Cámara de Diputados se presentará un punto de acuerdo para evitar nominaciones que no permitan mantener fuera de la política a la Suprema Corte. Dijo además que la acción de organizaciones sociales “tiene como propósito presionar, exigir el estricto apego a los requisitos constitucionales en la designación de candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Al presentar la propuesta de change.org, Alejandro Madrazo Lajous explicó que su petición a la Presidencia de la República es que presente ternas “sin cuotas ni cuates” y que los perfiles de los aspirantes a magistrado cumplan cabalmente con los requisitos que establece el artículo 95 de la Constitución Política.
Al Senado, continuó, se le solicita una “auscultación abierta, robusta en la que se ventilen ampliamente los perfiles propuestos por el Presidente y se convoque a la sociedad civil para dar su opinión”.
El estudioso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) advirtió que no registrarse un proceso abierto y deliberativo, “los ciudadanos difícilmente vamos a confiar en nuestra justicia”; al tiempo de advertir que de hecho ya existen sesgos de desconfianza “porque hemos visto imágenes de policías sembrando armas, y hemos conocido casos de policías secuestrando ciudadanos”.
Estableció que las organizaciones no gubernamentales han observado que “históricamente, el proceso de auscultación ha sido muy pobre, no pasa de 40 minutos de preguntas y respuestas en alguna comisión; no es un proceso deliberativo en el cual la ciudadanía participe, así sea escuchando acerca de cómo se va a conformar y por qué se va a conformar de esa forma uno de los Poderes de la Unión”.
Finalmente, apuntó, se solicita que se haga valer la paridad de género, pues si se privilegia a hombres en la asignación de los dos espacios, pues “la Suprema Corte quedará con menos del 10 por ciento de mujeres; y eso nos parece muy grave”.
Entre los representantes de las organizaciones sociales se encontraron los politólogos José Merino, Carlos Heredia, Genaro Lozano y la periodista Denisse Dresser.
