Número-183
- “No buscamos una verdad oficial o políticamente conveniente, buscamos simplemente la verdad”, asentó el secretario de Gobernación sobre el caso Ayotzinapa
- Durante la comparecencia, los grupos parlamentarios fijan postura en torno a la política interior.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante el Pleno del Senado de la República para dar cuenta del estado que guarda la política interior, en el marco del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Al inicio del encuentro, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva, informó que el funcionario comparece por mandato constitucional, bajo los principios de corresponsabilidad entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y posteriormente tomó la protesta de decir verdad al servidor público.
En su intervención inicial, Osorio Chong dijo que durante estos tres años, en la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha apostado por consolidar una gobernabilidad democrática eficaz y de resultados, y que trabaja con gobernadores, legisladores y alcaldes sin reparar en su origen partidario.
Informó que se impulsa un cambio de fondo para el fortalecimiento institucional a nivel local, pues no existen facultades para que el Estado intervenga con oportunidad en municipios como Iguala, Guerreo, donde el crimen se coludió con autoridades locales y a causa de problemas estructurales, que han persistido en la región por décadas, se registraron hechos tan dolorosos para todos los mexicanos, y en particular para los familiares y compañeros de los estudiantes.
Por eso, agregó el funcionario ante senadores, el presidente ha insistido que “gobierno y sociedad estemos del mismo lado, porque buscamos el mismo propósito. No buscamos una verdad oficial o políticamente conveniente, buscamos simplemente la verdad”, asentó.
Por ello, consideró importante que, así como ya se ha capturado a 111 presuntos responsables, todos y cada uno de los que faltan rindan cuentas ante la justicia: “Ni perdón para los culpables ni olvido para las víctimas”.
Destacó que se debe brindar una solución estructural a esta situación y garantizar que todas las instituciones respondan a la ciudadanía. Por ello, el titular del Ejecutivo federal envió una iniciativa al Senado para fortalecer a las instituciones de seguridad locales y facultar al Estado para intervenir en aquellos municipios donde las autoridades hayan sido infiltradas por el crimen.
Se trata, agregó, de un reto que debemos enfrentar juntos, Ejecutivo y Legislativo, asumiendo ambos nuestra tarea para que México cuente con mecanismos que eviten hechos como los sucedidos el año pasado; la iniciativa de ley existe y “creo que es conveniente analizarla, debatirla y enriquecerla”.
Miguel Ángel Osorio Chong también mencionó que se ha trabajado con las entidades federativas, la sociedad civil y organismos internacionales para dotar a las instituciones de mejores instrumentos para prevenir y sancionar el delito de desaparición forzada, así como para buscar a personas no localizadas. “En este periodo de sesiones –enfatizó-- la iniciativa se hará llegar al Congreso de la Unión”.
Dejó en claro que no se puede concebir un auténtico Estado de derecho sin un pleno respeto a los derechos humanos y que, gracias a esa visión, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal se redujeron más de 60 por ciento entre 2012 y 2014, y todas han sido aceptadas.
El Secretario de Gobernación comentó que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el Congreso de la Unión habrá de debatir y en su caso aprobar, también será fundamental, pues tal como quedó demostrado con la evasión “que ocurrió en el penal del Altiplano”, nuestro sistema penitenciario enfrenta importantes retos.
“Desafortunadamente, este hecho costó al país el esfuerzo profesional y dedicado de las instituciones de seguridad que lo detuvieron, instituciones que ya han neutralizado a la mayor parte de los criminales más peligrosos del país”.
Dichas instituciones, aseguró, hoy están coordinadas, comparten información como no se había hecho antes y cuentan con los más avanzados sistemas de inteligencia y están trabajando para lograr su recaptura.
El titular de la Segob destacó que, sin hacer a un lado los desafíos, la evidencia es contundente: el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto logró detener la escalada de violencia que en años anteriores dañó al país y hoy, con más seguridad y paso firme, México avanza en la dirección de menos delitos y mayor tranquilidad”.
Refirió que se redujo la extorsión más de 20 por ciento y el robo disminuyó más de 13 por ciento, en comparación con el año 2012. En el caso del secuestro, agregó, gracias a la estrategia nacional que se puso en marcha el año pasado, y al apoyo decidido que se le ha dado a las entidades donde se concentra este delito, en lo que va del 2015 se ha reducido más de 31 por ciento.
Asimismo, en 2014, la tasa de incidencia delictiva total, es decir, la que se refiere a todos los delitos cometidos, fue la segunda más baja en los últimos 17 años.
Dijo que, bajo la premisa de que cerrarle el paso a la delincuencia requiere abrir las puertas del desarrollo, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia trabaja con niñas, niños y jóvenes de 238 polígonos, donde se concentra el 60 por ciento de la incidencia delictiva del fuero común.
En estos casi tres años, añadió, se destinaron siete mil 700 millones de pesos a la cultura y al deporte, a proyectos productivos, y a reconstruir fundamentalmente el tejido social. Se trata, dijo, de un esfuerzo que más allá del corto plazo, avanza en su institucionalización para asegurar la continuidad de esa política, sin importar quien se encuentre en el gobierno.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz señaló que el informe del secretario de Gobernación se centró en la seguridad, tema donde existe una “mala solución y pésimos resultados”, opinó.
En el caso de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, dijo que es una herida abierta para el país; además de refutar que se trate de un caso que involucra sólo a las autoridades municipales. Por otro lado, advirtió que el gobierno federal no puede enviar militares al extranjero, como lo propuso el Presidente de México en la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas.
La senadora Layda Sansores San Román, también del PT, señaló que en el caso de los normalistas desaparecidos participaron todas las fuerzas del Estado; por ello “México sufre el dolor y la indignación de tener a 43 jóvenes y la verdad desaparecida”, comentó ante el Pleno del Senado.
El senador Carlos Alberto Puente Salas, al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PVEM, celebró que durante los tres años del actual gobierno, México haya recuperado el camino de la coordinación, el diálogo, la seguridad y la tranquilidad de largo plazo, así como del progreso y la transformación.
Dijo que no se puede permitir que se repita un caso similar al de Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes; y determinó que esto fue resultado de la colusión entre las autoridades locales y el crimen organizado.
Hizo énfasis en que el Partido Verde continuará colaborando con el gobierno federal, “porque ésta no es una simple alianza electoral, es una coalición de gobierno con vocación de Estado, y su objetivo es concretar la transformación de México, en un país más moderno y próspero”, dijo. ÂÂ
Al fijar la postura del PRD, el senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que los indicadores de gobernabilidad continúan a la baja, no se toman decisiones de gobierno, todos los expedientes en materia de violaciones graves a los derechos humanos y corrupción “se mantienen abiertos sin ninguna solución”.
Indicó que los homicidios cometidos en menos de tres años de esta gestión, superan la cifra de 47 mil 988. De acuerdo con Amnistía Internacional y con la cifras de la Secretaría de Gobernación, las desapariciones forzadas alcanzaron 25 mil 700 personas, principalmente migrantes, la mitad de las cuales desaparecieron en este gobierno.
El presidente debió reconocer que el informe presentado por expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, sobre el caso de Ayotzinapa, “demolió” la “verdad histórica” construida por la Procuraduría y “sepultó la escasa credibilidad” que prevalecía en la sociedad; al igual de la fuga de Joaquín Guzmán Loera que dio cuenta del nivel de descomposición y la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad, puntualizó.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Adriana Dávila Fernández dijo que el gobierno ha señalado que el tema de derechos humanos es prioritario, sin embargo, la percepción a nivel nacional e internacional es distinta, “no hay garantía ni respeto a las libertades mínimas, porque en México prevalecen tanto los abusos de la autoridad como la corrupción”.
Expresó que los casos de Tlatlaya, Tanhuato en Michoacán, hacen evidente lo “inverosímil” de las versiones oficiales, el encubrimiento de los hechos y la recurrente práctica del gobierno de apostar al silencio y esperar al olvido. El Estado ha sido incapaz de ver con sus propios peritajes “la verdad histórica” de lo acontecido en Iguala, que incineró en un informe la credibilidad de la PGR y al mismo tiempo puso en duda su profesionalismo.
Es irresponsable seguir un rumbo que no ha dado los frutos esperados, hay que hacer un alto en el camino y rectificar lo andado, lo que menos necesitamos son destellos de autocomplacencia, que no nos lleven a buen puerto y que mucho han violentado los derechos fundamentales de los ciudadanos, concluyó.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Cristina Díaz Salazar, dijo que se ha privilegiado la prevención, inteligencia y respeto a los derechos humanos por encima de la violencia, pues se está redireccionando al país con pleno respeto al Estado de Derecho. “A México lo construimos todos, aun en momentos difíciles el Estado de Derecho es firme y no hay quien lo pueda romper porque somos un país de instituciones”.
Al referirse a los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, el año pasado, criticó a quienes pretendan lucrar políticamente con el dolor de los familiares de las víctimas, pues con ello se denigra y se desprestigia a las instituciones de seguridad pública.
Señaló que se debe reconocer que el Estado mexicano dio un paso transcendente en la aceptación de la valoración técnica realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No es con estridencias ni con populismos como se construye un México mejor, sino fortaleciendo las instituciones”, agregó.
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