Número-182
- Estado y la sociedad son los responsables de diseñar e implementar un sistema de justicia para adolescentes, señala el senador José Rosas Aispuro.
- El sistema de justicia para adolescentes debe brindar a los adolescentes la oportunidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito, senadora Martha Elena García.
Senadores y expertos coinciden en que Estado y sociedad tienen la gran oportunidad y responsabilidad de llevar a cabo una nueva legislación para adolescentes, que sea eficaz y permita a este sector de la población asumir su responsabilidad ante la comisión de algún delito.
Durante la inauguración del Foro Nacional “Justicia para Adolescentes”, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Rosas Aispuro Torres, afirmó que Estado y sociedad tienen la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de justicia para adolescentes, que ayude a cambiar sus vidas.
Dijo que es indispensable la inversión de recursos y el diseño e implementación de un sistema que prevenga el delito, repare integralmente a la víctima, fomente la reinserción social del adolescente, atienda su problemática familiar y se enfoque en el desarrollo de sus capacidades.
Un ordenamiento nacional nos ayudará a generar certidumbre, homogeneidad y regularidad a la manera en que los tres órdenes de gobierno intervienen y trabajan con los adolescentes que tienen problemas con la ley, indicó.
La senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, puntualizó que el sistema de justicia para adolescentes requiere de la especialización y debe ser capaz de brindar a las y los adolescentes la oportunidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito.
Aseveró que la ley obliga al Congreso de la Unión a armonizar la legislación secundaria, por lo que es necesario observar que en el sistema de justicia para adolescentes se establezca un sistema integral, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
Además, estableció, este proceso de justicia para adolescentes debe ser acusatorio y oral y, adicionalmente, existe la obligación de expedir una legislación única en materia de procedimiento penal, con mecanismos alternativos, solución de controversias y ejecución de penas, que regirá en el orden federal y en el fuero común.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez, integrante de la Comisión de Justicia, subrayó que México está obligado a consolidar un sistema de justicia para menores fundado en el reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes.
Aseveró que es urgente pasar de un sistema de justicia para adolescentes que prevé solamente sanciones punitivas, a un sistema pleno de rehabilitación y reinserción de menores infractores a la sociedad.
Consideró que se debe contar con los mecanismos legales para darles a los menores infractores una segunda oportunidad, un marco legal que los ayude, donde haya también una participación ciudadana comprometida en esta tarea, donde haya un gobierno dispuesto a trabajar para este fin, para generar esa reinserción y establecer un sistema de medios alternativos a la pena carcelaria.
José Alberto Rodríguez Calderón, titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), puntualizó que la importancia de esta reforma reside en permitir al Estado mexicano cumplir cabal y oportunamente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y en la protección de niñas, niños y adolescentes.
Dijo que la PGR considera conveniente incluir en este proceso legislativo los principios que deberán regir el sistema integral de justicia para adolescentes, un catálogo enunciativo de los derechos y garantías a favor del adolescente; señalar las autoridades y órganos que estarán a cargo de la aplicación de la ley; las reglas de investigación que deberán ser aplicadas en aquellos casos en que se le atribuya a un adolescente la comisión o participación en hecho que la señale ley como delito; y privilegiar el uso de mecanismos de solución alterna.
María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, expuso que esta ley nacional deberá incluir aspectos sustantivos del procedimiento acusatorio establecido en la legislación para adultos que vayan en beneficio de los adolescentes.
Asimismo, superar la falta de uniformidad del aspecto procesal, la dispersión normativa, sistematizando el modelo de justicia para adolescentes que las entidades federativas han adoptado; favorecer la coordinación entre las instancias del sistema para construir una política nacional específica, integral y coherente; que contemple un trato diferenciado por su calidad de personas en desarrollo, y dé prioridad a medidas cautelares y mecanismos alternos de solución de controversias.
Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, subrayó que la justicia para adolescentes enfrenta un gran reto: ajustarse a la reforma del artículo 20 constitucional, que regula el sistema procesal acusatorio en el derecho mexicano, estableciendo las bases jurídicas para su implementación y funcionamiento.
Resulta fundamental que la justicia para adolescentes se ajuste al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, y se cuente con una legislación que garantice en toda la República los derechos de los niños y adolescentes.
La diputada federal del PRI, Mariana Benítez Tiburcio, dijo que se tiene la oportunidad de integrar y construir una ley de adolescentes que iguale la justicia para los adolescentes en todo el país; es decir, que de manera homogénea establezca y desarrolle los principios constitucionales, y defina los criterios procesales y sustantivos aplicables para los adolescentes.
Isabel Crowley, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), consideró que apostar por los derechos de los adolescentes es apostar por el desarrollo integral de México; e indicó que la nueva ley debe procurar que cada adolescente tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse plenamente.
Esa legislación permitirá uniformar estándares y criterios para todo el país, para responder de una forma adecuada cuando un adolescente es acusado de haber cometido un delito.
Martín Sánchez Bocanegra, director de Instituciones Renace A.B.P., aseguró que la institución que encabeza ha analizado diversos sistemas de justicia de México y el mundo con el objetivo de mejorar y homologar el tema de la justicia en el país.
En la mesa 1, Reforma Constitucional y la Transición a un sistema de justicia penal único para adolescentes, Jaqueline Ángel Juan, jueza especializada en justicia para adolescentes del estado de Chiapas, consideró que cobra importancia esta ley nacional, porque se pueden establecer conceptos claros que den solución a este sector de la población, en la mayoría de los casos en situación de vulnerabilidad.
Isaac Muñoz Alatorre, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, consideró que la ley debe considerar una unidad administrativa especializada que sirva de apoyo y evaluación, para darle seguimiento a las medidas cautelares; y privilegiar la utilización de mecanismos alternos de controversias.
En este encuentro también participó Israel Alvarado Martínez, del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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