Número-146

  • El legislador perredista dijo que el tema tiene dividido al país, porque se ha dejado la legislación a las entidades y hay posiciones opuestas.
  • La religión, la pobreza, la desigualdad social y económica propician desinformación y limitan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

altEl tema del aborto se debe legislar a escala nacional, para evitar la polarización que causan las leyes estatales y así fortalecer los derechos de las mujeres, señaló el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, en la inauguración del foro “Decidir es un derecho”.

Dijo que la contradicción entre los derechos adquiridos desde el momento de la concepción, en contra del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, tiene dividido al país; situación que se agrava porque se ha dejado la legislación en esta materia en manos de las entidades, comentó.

Advirtió que la religión, la pobreza y la desigualdad social y económica propician desinformación en los temas reproductivos, y ello representa una de las limitantes más importantes para las mujeres, en cuestión de toma de decisiones sobre su cuerpo, específicamente en el tema del aborto.

Señaló que el marco normativo se debe ajustar a la realidad y a las necesidades de la sociedad, y no al revés, como casi siempre sucede. Además, dijo estar dispuesto a llevar al proceso legislativo las propuestas que resulten del foro; y así contribuir a fortalecer los derechos de las mexicanas.

El foro se realiza en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, que se celebra cada 28 de septiembre, con la finalidad de analizar la posibilidad de crear una ley a escala nacional.

Ana Güezmes, representante en México de ONU Mujeres, dijo que los avances --tanto en la ley como en la práctica en materia de aborto-- son lentos para las condiciones que deberían existir en América Latina y concretamente en México.

Explicó que las leyes restrictivas generan discriminación y dificultan el acceso a bienes y servicios, y por lo tanto vulneran el derecho a la salud; por lo que el ejercicio de este derecho requiere eliminar las barreras que interfieren en la adopción de decisiones relacionadas con la salud y el acceso a los servicios.

“En los casos en que la barrera es producto de una ley penal o restricciones jurídicas, los Estados están obligados a eliminarla”, especificó.

Durante la inauguración del foro también estuvieron presentes la senadora Martha Tagle Martínez y Martha Juárez, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

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