Número-093
- Senadoras dan cauce a la iniciativa ciudadana para su dictaminación, explica senadora Angélica de la Peña.
- Importante continuar con la dinámica del Senado de recibir iniciativas ciudadanas, expone.
Las senadoras Angélica de la Peña Gómez, del PRD, Layda Sansores San Román, del PT; Adriana Dávila Fernández, Silvia Garza Galván y Mariana Gómez del Campo, del PAN, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por la cual impulsan la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas cometidas por particulares.
Sobre este particular, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó en tribuna que ellas recibieron esta iniciativa ciudadana y buscan que las comisiones respectivas dictaminen sobre ésta y otras iniciativas en la materia.
Destacó la importancia de mantener la dinámica del Senado de recibir iniciativas ciudadanas, y de organizaciones preocupadas por temas de trascendencia nacional, particularmente sobre este asunto. Lo que nosotras hacemos es darles voz, a fin de que sus iniciativas puedan transitar debidamente el proceso legislativo hacia las comisiones correspondientes, explicó.
En la exposición de motivos, las legisladoras precisaron que esta Ley busca atender las demandas que, desde hace décadas, han hecho familiares de víctimas de desaparición forzada, y dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa y del Comité contra la Tortura de la ONU.
La iniciativa propone derogar todas las legislaciones en materia de desaparición forzada y de personas; garantizar la protección contra dichos delitos; establecer las obligaciones del Estado mexicano en la materia; y determinar que los delitos referidos se perseguirán de oficio por el Ministerio Público de cualquier orden de gobierno.
Asimismo, definir la desaparición forzada; la desaparición de personas cometida por particulares; establecer las sanciones a servidores públicos y particulares por los delitos referidos; crear una Fiscalía Especializada de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, tanto a nivel federal, como local.
Propone una junta de gobierno al interior de la Fiscalía, integrada por representantes de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México.
Además, pretende instaurar un Comité Regulador, establecer que los fiscales especiales serán ratificados por el Congreso, las legislaturas estatales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, además de instituir el Registro Nacional Especial para las Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas por Particulares.
Busca también crear el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense, el Banco Nacional de Información Genética y establecer el Registro Oficial de Personas Detenidas.
Esta iniciativa está firmada por los comités de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Cerezo México, el de Solidaridad y Derechos Humanos, Monseñor Romero; por la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos; Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C.; el de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, el Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, la Red de los Derechos Humanos, y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, entre otros.
El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.
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