Senadores de la Comisión de Energía avalaron un exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que informe de las acciones sobre supuestos ilícitos cometidos por parte de servidores públicos de Pemex, en el arrendamiento con sobreprecio de cuatro buques tanque y que pudo haber afectado su situación patrimonial.
Lo anterior, detalla el dictamen, luego de que la SFP diera a conocer que sancionó a 14 empleados de la paraestatal por manipular procesos de licitación y contratar con sobreprecio el arrendamiento de 4 buques tanque a casco desnudo por cinco años, en operaciones que ascendieron a más de 23 millones de dólares.
De acuerdo con el resultado de las auditorías de la Función Pública, los funcionarios, que pertenecían a las gerencias de Operaciones Marítimas y de Administración, manipularon y pagaron contratos 18 por ciento por encima del precio general en el mercado.
Además, los servidores públicos solicitaron servicios sin que la paraestatal contara con suficiencia presupuestal ni con autorización multianual por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el dictamen se aclara que los involucrados en este megafraude han sido inhabilitados para desempeñar cualquier trabajo en el gobierno federal, por 10 años y deberán pagar en conjunto casi 5 mil millones pesos por concepto de multas.
En la reunión de trabajo de la Comisión, que encabeza el senador priista Francisco Labastida Ochoa, también se aprobó un dictamen para solicitar al director general de Pemex información actualizada del proceso de reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto en el municipio de Tapachula, Chiapas.
Los trabajos de la nueva planta deben concretarse a la brevedad por tratarse de una obra necesaria para el beneficio colectivo de los habitantes de la entidad.
En la misma sesión de trabajo, los integrantes de la Comisión, expusieron sus puntos de vista sobre la conveniencia de plantear la autonomía de Pemex respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación.
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