Número-043
- Necesario regular servicios profesionales de abogacía para garantizar que no se afecten los principios fundamentales de las personas.
- Especialistas de Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Colombia y Guatemala comparten su experiencia sobre el tema.
En el primer día del desarrollo de las audiencias públicas sobre el fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, senadores subrayaron la importancia de regular el ejercicio estos servicios, con el propósito de garantizar que quienes los reciben no vean afectados su vida, salud, libertad, seguridad y el patrimonio de las personas.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, subrayó la importancia de normar el ejercicio de las actividades profesionales de los abogados, pues existen valores o bienes protegidos por la Constitución como la vida, la salud, la seguridad y el patrimonio de las personas que requieren de un servicio profesional, que deben salvaguardarse en la norma regulatoria correspondiente.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que la razón de estas audiencias se centra en la especialización del orden jurídico que demanda del prestador de servicios profesionales un dominio más específico, concreto y detallado de las normas y resoluciones jurídicas y, porque en menos de un año habrá nuevas reglas en el sistema acusatorio en materia de justicia penal.
Además, dijo, por los resultados de la consulta realizada por el Centro de la Investigación y Docencia Económica (CIDE) sobre justicia cotidiana, encomendado por el Presidente de la República, en el que se identificó como problema recurrente y grave, la calidad de los servicios jurídicos profesionales.
“Su mejora implica revisar los programas de formación de abogados, la regulación del ejercicio de la profesión, aunque existe un consenso en este punto no hay tampoco un acuerdo en la manera de regular la profesión jurídica ya que cada una de las diferentes propuestas presenta problemas significativos”, citó.
El senador José Rosas Aispuro, vicepresidente de la Mesa Directiva, comentó que las exposiciones serán un referente para que el Congreso de la Unión tenga elementos suficientes para emitir una ley general que contemple las bases y criterios para normar el ejercicio de las profesiones, cuyo servicio entrañe la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el patrimonio de las personas.
Señaló que en cuanto al ejercicio de la abogacía, se pretende establecer los requisitos que permitan garantizar los servicios jurídicos de calidad, particularmente, previsiones de responsabilidades y reconocimientos públicos a quienes ejercen esta profesión.
En tanto, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, explicó que luego de que se presentó la Ley en la materia, se generó gran polémica en el ámbito público, tanto por su contenido como por lo que significa establecer un colegio que certifique la formación profesional de quien presta los servicios.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRD agregó que se deben adoptar medidas firmes para que no se permita la proliferación de instituciones educativas que no garantizan una adecuada formación profesional de quienes tienen que velar y garantizar la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, lo que representa un problema en cuanto a la calidad de los servicios educativos en el país.
Por otra parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la Comisión de Justicia, advirtió tres razones a las que atribuye la importancia de la colegiación obligatoria para los abogados, entre ellas, la adecuación de la profesión jurídica a las nuevas realidades de la globalidad. España, Francia, Inglaterra, entre otros, cuentan con la colegiación obligatoria, indicó.
Además precisó la necesidad de atender la forma en que se enseña el derecho en México, así como la proliferación de las seudoescuelas conocidas como “patito”, pues considera que contar con una cédula profesional o título “no es una garantía para que él o la profesional del derecho se encuentre calificado para prestar los servicios que ofrece”.
La senadora por el Grupo Parlamentario del PRD, también hizo énfasis en la actualización para obtener la formación que permita “vindicar lo que tenga que vindicarse para ser abogado o abogada”.
En tanto, el senador Ernesto Gándara Camou, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que la importancia de escuchar las experiencias internacionales, deriva de que actualmente el mundo es una gran aldea, y gracias a la globalización existe la posibilidad de comunicarnos mejor.
En el bloque relativo a la “Visión Internacional”, Carlos Andreucci, ex presidente del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados de Mercosur, dijo que se deben formar abogados formados bajo los valores de la democracia, es decir: el derecho de defensa para cualquier persona, el secreto profesional y la protección de los derechos ciudadanos.
Además, los colegios de abogados deben ser independientes de cualquier sector político gubernamental, poder público o privado, porque si no, se incumple la finalidad para la cual se han constituido. Explicó que las instituciones deben integrarse con las universidades y no confrontarlas, con la finalidad de despolitizarlas y no sirvan como centros de presión.
Luis Martí Mingarro, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), avaló la determinación del Senado de legislar en torno a la colegiación de los abogados, al afirmar que esta permite el control de la ética de los licenciados en derecho y, con ello, se protege la garantía que tiene la ciudadanía a una defensa honesta.
Rechazó las afirmaciones de que la colegiación va en contra de la libre asociación y empresa, al considerar que existen intereses de gobiernos y particulares por controlar el ejercicio de la abogacía. Hay casos, explicó, en que en aras de la globalización se pretende la dimisión del derecho del secreto profesional y obligar al defensor a informar sobre lo que le confió su cliente, quien queda indefenso; por otra parte, es el abogado quien marca los límites que la ley impone a su propio cliente y, si este goza de cierto poder, no podrá acrecentarlo para violar las normas.
En lo anterior coincidió Sonia Gumpert Melgosa, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quien reprochó que haya voces en contra de la certificación de los licenciados en derecho, en especial de parte de algunos gobiernos que pretenden mantenerlos bajo su control.
Sostuvo que la colegiación dotará a los abogados mexicanos de libertad e independencia en su ejercicio de defensa de derechos civiles, en tanto que la ciudadanía podrá confiar en que existirá justicia en la administración de justicia y del estado de derecho.
Paulette Brown, presidenta de la Asociación de Barras de Estados Unidos, aseveró que las colegiaciones promoverán una procesión legal más fuerte y mayor justicia para todos en México, destacándose que los profesionales del Derecho contarán con protección sobre sus finanzas personales, información confidencial, e incluso en cuestiones de vida y muerte.
Los clientes, por su parte, no correrán más el riego de ser dañados por una defensa incompetente, pues contarán con abogados certificados que tendrán la posibilidad de ser especializados por los mismos colegios. Para alcanzar estas metas, concluyó, el reto principal del Senado será la promoción de los beneficios de la colegiación y así su iniciativa cuente con el respaldo del gremio y la población.
El encargado de Relaciones Internacionales de la Orden de Abogados de París, Jacques Boussou, apuntó que el abogado es un actor esencial en la construcción del Estado de derecho, por lo que para garantizar el mejor servicio del abogado al ciudadano, es necesario establecer una colegiación obligatoria y una certificación del título de abogado.
Agregó que el abogado francés tiene obligaciones respecto al manejo de fondos, con lo que se tiene una garantía con el ciudadano y una contribución fuerte a la lucha contra la corrupción. Además, los fondos recibidos por un abogado tienen que pasar por una cuenta bancaria especial, independiente, regulada y gestionada por una caja de regulación pecuniaria de los abogados, con el objetivo de prevenir el blanqueo de dinero.
Adicionalmente, Stephan Goecken, director ejecutivo de la Barra Federal Alemana, enfatizó que la abogacía en su país tiene una posición protegida de acuerdo a la Constitución como órgano de administración de la justicia para poder dar un mejor servicio al cliente y es independiente de la influencia del Estado.
Agregó que desde hace cinco años se creó la figura del ombudsman, el cual tiene un trabajo profesional totalmente independiente y también refirió la existencia de un seguro de responsabilidad del abogado, por una cuantía mínima de 250 mil euros por caso y una cobertura de 2.5 millones de euro para los despachos, con lo que se protege contra demandas de clientes por daños y perjuicios derivados de un mal desempeño.
Gloria María Borrero Restrepo, directora ejecutiva de Excelencia en la Justicia, dijo que Colombia ha implementado durante 10 años el sistema penal acusatorio, y han obtenido como resultado el fortalecimiento de la defensa pública, y su utilización por encima de la defensa privada.
Detalló que en su país existen 24 facultades de abogacía acreditadas, de un total de 85, y 12 mil 800 abogados egresados. Por otra parte, advirtió que el control de la carrera de abogados tiene que ser más estricto en Colombia que en otros países, y en países donde la justicia ha sido coptada por la mafia.
Luis Fernando Ruiz Ramírez, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, dijo que México tiene muchas similitudes con su país, especialmente hay un acercamiento con sus especializaciones y sus juristas, con quienes existen relaciones importantes.
Destacó la importancia de que los colegios profesionales de abogacía cuenten con dos tribunales, uno de honor y otro electoral, para sancionar conductas negativas en la práctica profesional; algo que en su país es un hecho, y cuando un abogado es sancionado, difícilmente evade ese estigma, de hecho ya no es elegible para ser juez o fiscal.
Stephen Ferruolo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, California, sugirió a los legisladores mexicanos que no utilicen para la conformación de la nueva legislación el modelo actual de Estados Unidos, pues este no cumple cabalmente con criterios de transparencia en la certificación; pues existen casos como el de la Barra de California que, debido a una incapacidad administrativa, no sanciona a quienes incumplen las normas éticas establecidas; además, los costos para la certificación son sumamente altos y no satisfacen las necesidades de especialización, pues los exámenes son de opción múltiple.
Recomendó que se establezca una legislación que defina con claridad los lineamientos que deben de cumplir los colegios para evitar requieran de grandes recursos para su administración y así cumplan con la debida vigilancia de sus agremiados y los sancionen en casos necesarios; en cuanto a los exámenes, propuso se apliquen acorde a las necesidades reales de cada especialización, a partir de métodos transparentes como, por ejemplo, la calificación del ejercicio profesional o la presentación de ensayos sobre el tipo de derecho que ejerce el abogado que se certificará.
Las Audiencias públicas sobre el fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, se llevarán a cabo del 8 al 10 de septiembre en el Senado de la República y son organizadas por las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos, con el propósito de escuchar los planteamientos de académicos, especialistas, representantes de la sociedad civil, Colegios de Abogados, autoridades federales y locales, así como la experiencia internacional de países de América Latina, América del Norte y Europa.
0-0-0
