Número-973

  • Legisladores reconocen que este caso representa una afrenta al Estado mexicano y agrede a la sociedad en su conjunto.
  • Primera Comisión analizará pertinencia de convocar a una reunión de trabajo al Secretario de Gobernación y, en su caso, a otros integrantes del Gabinete de Seguridad.

La Comisión Permanente manifestó su profunda indignación y lamentó la evasión de la justicia de Joaquín Guzmán Loera, ya que su fuga representa una afrenta al Estado mexicano y agrede a la sociedad en su conjunto.

Los legisladores que integran este órgano del Congreso de la Unión exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realice una investigación profunda, profesional, pronta y expedita, en la que se deslinden responsabilidades y se esclarezcan los hechos ocurridos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano, antes, durante y después de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hicieron un llamado a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para que, en apego a los artículos 56 y 57 de la Ley de Seguridad Nacional, haga valer sus atribuciones para solicitar y requerir a las dependencias y entidades la información que sea necesaria, así como la presencia de los funcionarios que estime pertinentes.

La Comisión Permanente determinó que a la luz de los resultados de dicha reunión, la Primera Comisión analizará la pertinencia de convocar a una reunión de trabajo al Secretario de Gobernación y, en su caso, a otros integrantes del Gabinete de Seguridad.

En un punto de acuerdo aprobado en la sesión de este miércoles, se exhortó a la Comisión Bicamaral para que con pleno apego a la normatividad y a la reserva de la información a la que está obligada, mantenga a la sociedad oportunamente informada.

Senadores y diputados también solicitaron a la PGR que, en coordinación con las dependencias y entidades del Consejo de Seguridad Nacional, utilicen todos los medios disponibles para recapturar a Joaquín Guzmán Loera y se aplique todo el peso de la ley a las personas que participaron directa o indirectamente, por acción, colusión, omisión o corrupción antes, durante y después de la fuga.

Además, pidieron a las entidades federativas y gobiernos municipales que, en consonancia con el artículo 65 de la Ley de Seguridad Nacional, colaboren con las dependencias y entidades del Consejo Nacional de Seguridad para brindar los recursos e información que sean útiles y lleves a la recaptura del delincuente.

Previamente, los legisladores participaron en un debate pactado sobre los hechos ocurridos en el penal del Altiplano, el pasado fin de semana.

El senador Gerardo Flores Ramírez destacó que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la fuga de Joaquín Guzmán Loera es una afrenta al Estado mexicano, tal como lo mencionó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Con esta acción se muestra el deterioro acumulado de varias décadas en el sistema penitenciario del país. No obstante, subrayó que el Legislativo puede dotar al Ejecutivo federal de un marco legal para la vigilancia de los presos de alta peligrosidad.

La senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la fuga de “El Chapo” Guzmán revela la enorme incapacidad o complicidad “de un gobierno que ha ido de crisis en crisis sin atinar a resolver nada”, y simboliza el fracaso de un modelo de gestión que concentra el poder en la Secretaría de Gobernación.

Afirmó que la credibilidad de las instituciones encargadas del combate al crimen y de procuración de justicia, ya de por sí lastimadas, han quedado con este caso reducidas a cenizas y el Estado mexicano aparece frágil y vulnerable, dominado por la corrupción y descompuesto en los sótanos de la impunidad.

A nombre del Partido Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón dijo que se trata de “un hecho vergonzoso” y los videos que se difundieron “no son muestra de transparencia, son muestra de la ineptitud que se encierra detrás de las acciones y omisiones que permitieron esta fuga”.

Consideró que la llave que abrió la puerta del penal de máxima seguridad del Altiplano a Guzmán Loera “se llama corrupción”. El PAN, agregó, exige que se le vuelva a aprehender y que se le extradite a Estados Unidos para que confiese quiénes han sido sus aliados que le han permitido “construir un imperio de impunidad”.

Al fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador Ismael Hernández Deras demandó una investigación sólida, profesional, profunda y amplia por la fuga del capo, ya que, dijo, es un hecho que no puede quedar impune.

Por ello, consideró, las sanciones deben ser ejemplares, que se transmita un mensaje claro y contundente frente al “lamentable” suceso ocurrido el pasado fin de semana. Se requiere, agregó, aplicar todo el peso de la ley a los involucrados.

Por el Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz reprochó al Ejecutivo Federal y a los encargados de las instituciones de seguridad, la responsabilidad política por la “catástrofe” ocurrida por la fuga del narcotraficante, muestra de la corrupción en la que vive “hundido” el país.

Opinó que el primer mandatario es responsable de este caso por la carencia de capacidad política y moral para enfrentar el problema: “La condena debe ser al Presidente; estamos a la deriva porque ninguno de ellos ha mostrado tener la capacidad y confianza para enfrentar el problema”, precisó.

Por Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco acotó: “no podemos celebrar estas acciones o ridiculizar al gobierno por estos acontecimientos. Esta fuga nos indigna, por supuesto, pero no podemos apostar por el descrédito y el ensañamiento del opositor político a favor del criminal”.

Dijo que es indispensable priorizar el trabajo de inteligencia para el combate del crimen organizado, mediante la implementación de políticas de seguridad avanzada y el aprovechamiento de la tecnología al servicio del Estado.

El diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, afirmó que fallaron en sus funciones la Secretaría de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y las estrategias de inteligencia del Estado mexicano.

Señaló que el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo escapó por un túnel construido en silencio y de manera eficiente, pero que requiere un despliegue impresionante de ingeniería y de los planos de la prisión. En síntesis, agregó, “el nivel de corrupción evidencia, una vez más, la debilidad del Estado mexicano en las áreas de seguridad pública”.

La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, expuso que la fuga de “El Chapo” Guzmán dejó en evidencia las fallas de los sistemas nacional de seguridad y penitenciario. Las causas de la evasión fueron la corrupción y la colusión de funcionarios involucrados en su vigilancia, enfatizó.

En tanto, el diputado Tomás Torres Mercado, del PVEM, advirtió que si hubo negligencia, omisión, dolo o complicidad en la fuga del narcotraficante, se requiere que las investigaciones “vayan hasta sus últimas consecuencias”.

La diputada Rocío Reza Gallegos, del PAN, manifestó que este hecho demuestra el deficiente desempeño y falta de compromiso del secretario de Gobernación con la seguridad nacional, por lo que le conminó a plantear soluciones; de no ser así, debe dejar que alguien más lo haga.

El diputado Abel Salgado Peña, del PRI, dijo que sin importar el cargo o nivel de responsabilidad en la posible comisión de este delito, es imperativo tomar las medidas para dar con todos y cada uno de los culpables y cómplices de la fuga.

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