La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el senador priista, Pedro Joaquín Coldwell, realizó el foro La Jurisdicción Militar en las Sociedades Democráticas, en donde se analizó el papel central que juegan las Fuerzas Armadas en la política de seguridad en nuestro país.
En el encuentro, especialistas expusieron sus puntos de vista sobre la forma en que se llevan a cabo las relaciones entre civiles y las Fuerzas Armadas “en un contexto democrático”.
Al inaugurar el foro, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aseguró que actualmente existe un contexto diferente al de otros años en esta materia, debido a que se han tomado definiciones jurídicas como la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
De igual forma --apuntó-- por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos como el de Rosendo Radilla Pacheco, así como por las resoluciones de Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los delitos del fuero común que son cometidos por militares sean juzgados en tribunales civiles.
Afortunadamente a lo largo de todos estos años han ocurrido definiciones jurídicas muy importantes como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha planteado una serie de criterios que ayudan a centrar este debate, agregó.
En tanto, Alejandro Carlos Espinosa, director de la Revista Criminogénesis, manifestó que el problema de violaciones a derechos humanos se incrementó cuando los militares comenzaron a realizar funciones de seguridad pública.
Precisó que debido a esa situación “se comienzan a incrementar y a disparar de manera muy importante” las quejas, principalmente, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, acusó que “se da una reacción muy curiosa donde se desacredita que esas quejas no son violaciones a los derechos humanos”, por lo que es “preocupante que se diga a votepronto que no son violaciones”.
Por ello, consideró necesario que dichas quejas se analicen, a fin de no desacreditar así “a nuestras propias instituciones, en este caso a la CNDH”.
En su oportunidad, Federico Andreu-Guzmán, de la Comisión Colombiana de Juristas, indicó que Latinoamérica ha sido prolífica en el “uso y abuso” de la justicia militar para lograr la impunidad de los crímenes cometidos por militares y por la policía.
Además, mencionó que existen países a nivel mundial donde “cada vez que se hace una crítica a la justicia militar se asume como invalida por ser antimilitarista”.
Por otro lado, externó que la justicia militar debe reunir las mismas características que tiene cualquier tribunal de justicia, a fin de que aplique el debido proceso con un juez independiente, imparcial y competente.
El fuero militar --aclaró-- es un elemento fundamental de la democracia y si no reúne las condiciones debidas, entra en choque con principios esenciales como el de la separación de poderes.
A su vez, Mariana Mora, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, refirió que México “está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia reciente”.
Ante este panorama, estimó que se debió dar prioridad a una política integral de Estado frente a la violencia e inseguridad, en lugar de colocar a las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad.
Explicó que en esa política integral se tuvo que establecer cuál sería el papel de las Fuerzas Armadas y los mecanismos de control civiles-democráticos para regular las acciones del Ejército mexicano.
Sin embargo, reconoció que si bien la decisión de la administración actual refleja un modelo más de acuerdo a una seguridad de Estado por encima de la población civil, esto “desató una riqueza de propuestas y debates públicos que ofrecen contrapropuestas basadas en modelos de seguridad ciudadana y humana”.
En la reunión también participaron Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Raúl Mejía Garza, de la SCJN, José Antonio Caballero, del CIDE, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de CMDPDH, Marat Paredes Montiel, CNDH y Mario Patrón Sánchez, de la CDHDF.
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