No. 959
- Senadores y diputados lamentan que autoridades reaccionen cuando ya fueron violadas garantías y derechos.
- Reconocen que pese a los avances constitucionales, el combate a la delincuencia privilegia el uso de la fuerza sobre la protección de las víctimas.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoció la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno e instituciones de seguridad pública redoblen sus esfuerzos para prevenir la práctica de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos.
En la sesión del pasado 8 de julio, la Permanente solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tomen las medidas necesarias para prevenir y castigar toda represalia en contra de víctimas que denuncien torturas o malos tratos, de sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.
Los legisladores demandaron, en un dictamen que se aprobó sin discusión, que se garantice el derecho de todas las víctimas a una reparación integral del daño.
Enfatizaron que “todas las personas tienen el derecho a no ser sometidos a torturas y deben estar protegidas en todas las circunstancias en las que se pueda ejercer este delito”, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para tratar de prevenir dicha práctica, en lugar de reaccionar a ésta después de que haya ocurrido.
Senadores y diputados reconocieron que el país se encuentra en una situación delicada, pues se ha avanzado en el marco constitucional al incorporar diversas obligaciones internacionales, pero también “se ha enfrascado en una estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada, la cual privilegia el uso de la fuerza sobre la investigación científica y profesional y la protección de los derechos de las víctimas”.
El exhorto, dirigido a las autoridades del gobierno federal y estatales correspondientes, destaca las reformas constitucionales que en materia penal y derechos humanos aprobó el Congreso, así como la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y que tienen el objetivo común de hacer valer y respetar los derechos humanos, consagrados en el artículo 1 de la Carta Magna.
“Ello no significa que temas tan sensibles y dolorosos como la persistencia de la tortura se hayan resuelto, pero sin duda se cuenta ya con un marco de reglas y directrices que avanzan hacia la vía cierta de un sistema de justicia y seguridad más garantista y conforme a los estándares más elevados”, agrega.
La Comisión Permanente solicitó también a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para que continúe la capacitación de servidores públicos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de tortura y otros tratos crueles e inhumanos. 0-0-0
