- Las inundaciones agravadas por basura limitan la capacidad de la infraestructura hidráulica y de drenaje, lo que provoca un problema aún mayor que si no existieran estas obras.
- La senadora Cristina Díaz Salazar, en diciembre de 2014, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para endurecer la pena a quienes causen una inundación.
Las frecuentes inundaciones en México, causadas por fenómenos naturales y agravadas por la falta de cultura cívica, complican este tipo de problemas, incluso más que en el supuesto de que no existiera infraestructura hidráulica, advierte el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República en su reporte “Infraestructura de drenaje e inundaciones en México”, de su serie Mirada Legislativa.
Las lluvias fuertes, el desbordamiento de ríos y lagunas, y la falta de desagües son factores que propician inundaciones a lo largo del año en México, con mayor frecuencia entre los meses de mayo y octubre.
Sin embargo, las inundaciones provocadas por basura tirada en la calle hacen insuficiente la capacidad de la infraestructura hidráulica y de drenaje, lo que provoca un problema mayor que si no existieran obras, estima el documento elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del IBD.
Aunado a ello, las inundaciones también representan un desafío de protección civil, porque causan enfermedades ocasionadas por infecciones relacionadas con el estancamiento del agua, fauna nociva, daños a la agricultura, ganadería e industria; así como daños a los bienes de la población.
Ante este panorama, el Congreso de la Unión ha tomado cartas en el asunto para revertir este problema: durante la LXII Legislatura se han presentado cuatro iniciativas referentes al tema. De estas, tres están en revisión en comisiones de la cámara de origen (dos en Diputados y una en el Senado de la República); en tanto, una fue turnada a la cámara revisora el pasado 30 de abril de 2015.
Una de las propuestas pretende incluir al titular de la Comisión Nacional del Agua en el Consejo Nacional de Protección Civil, para que apruebe y evalúe programas y proyectos relativos a la clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y a la elaboración de atlas de riesgo.
La iniciativa que presentó la senadora María Cristina Díaz Salazar, en diciembre de 2014, busca reformar el Código Penal Federal en materia de delitos motivados por discriminación, con la finalidad de endurecer la pena a quienes causen una inundación, incendio o explosión, cuando éstos sean motivados por discriminación hacia un grupo social, étnico, religioso, político o de cualquier índole.
Las otras dos iniciativas, presentadas en la Cámara de Diputados, proponen reducir a seis meses el plazo para solicitar la declaración de ausencia o muerte de una persona que desaparezca en una inundación, al tomar parte de una guerra o durante el naufragio de un buque.
Las soluciones propuestas por los legisladores requieren la modificación de la Ley General de Protección Civil, la Ley de Aguas Nacionales y el Código Penal Federal.
Por otro lado, el reporte de la Dirección General de Análisis Legislativo del IBD, detalla que 10.5 millones de personas en México padecen rezagos en el alcantarillado público, y de ellos, 30 por ciento viven en Veracruz, Oaxaca y Estado de México.
Finalmente, el reporte del Instituto Belisario Domínguez del Senado destaca que el gobierno del Distrito Federal afirmó que la mitad de los encharcamientos en la demarcación se pueden prevenir, ya que 50 por ciento de las inundaciones son provocadas por la acumulación de basura en la vía pública.
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