La senadora priista Norma Esparza Herrera planteó un exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, modifique y actualice la Norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.
El objetivo de la legislación es establecer los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Además, solicitó que la Comisión Nacional del Agua informe sobre el resultado de las verificaciones realizadas para el cumplimiento de la dicha Norma, así como las sanciones que se han interpuesto en el último año.
El punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Recursos Naturales y Pesca, señala que cuando no se puede tener acceso al agua o cuando se tiene pero contaminada, las consecuencias son graves y contravienen con toda posibilidad de una vida digna y desarrollo.
Asimismo, la legisladora argumentó que la contaminación en México es un tema que no ha encontrado eco en la conciencia colectiva, por lo que es difícil trabajar en beneficio de la conservación del medio ambiente.
En México, --explicó-- las descargas de aguas residuales ascienden a 7.63 kilómetros, 3 anuales, de los cuales el 85 por ciento, se recolecta a través del alcantarillado y solo el 36.1% recibe tratamiento.
Lo que significa que se está contaminando sin control, vigilancia o sanción y lo que es peor aún, sin una política de restablecimiento de nuestros recursos naturales, y esto a simple vista ya es evidente, pues es común ver ríos, presas y mares ya contaminados.
Agregó que la Norma Oficial vigente establece los límites máximos permisibles, de contaminante en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Sin embargo, tiene ya más de 10 años de haber sido emitida, durante los primeros cinco años no se modificó, toda vez que entró en el contexto de moratoria regulatoria del sexenio anterior, puntualizó.
El problema de no tener un marco regulatorio actualizado, está contribuyendo al atraso de este país, contamina permanentemente los recursos naturales, aumenta el costo y en muchos casos limita a los gobiernos para satisfacer el servicio de agua potable, finalizó la legisladora.
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