Número-820
- Afirman senadores y diputados del PAN, PRD, PT, MC y NA, que se debe cumplir con la Ley del Servicio Profesional Docente.
- PRI: Es necesaria mayor información sobre suspensión de evaluación, antes de demandar la renuncia del titular de la SEP; PVEM llama a la civilidad ante circunstancia electoral.
La Comisión Permanente exige a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las instituciones estatales de educación pública no suspender el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en educación básica y media superior, y pidió que se cumpla el mandato establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Lo anterior, según el acuerdo aprobado en votación económica y suscrito por los grupos parlamentarios, en el que, además, la Comisión Permanente se pronuncia por el pleno respeto al Estado de derecho del país, para cumplir y hacer cumplir la Constitución y por velar que todas las instituciones cumplan con su responsabilidad. El senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva de la Permanente dio lectura a este acuerdo ante la asamblea y condujo el debate posterior sobre el tema.
En su oportunidad, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, consideró indispensable que la SEP y el INEE generen las condiciones para que la recalendarización, o el cumplimiento del calendario para las evaluaciones, se desarrollen bajo principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.
El diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, señaló: “se muestra con ello el grado de incongruencia de un gobierno federal que ha pregonado sus reformas estructurales, pero que al momento de aplicarlas da marcha atrás, de manera sustancial en esta que ha sido la joya de la corona de la reforma educativa: la evaluación de los profesores”.
La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, manifestó que existen dudas sobre la naturaleza de la suspensión de la evaluación docente, por lo que la Secretaría de Educación Pública debe restablecer este mecanismo. Dijo que la medida pone en duda la aplicación de las reformas y preguntó si el Estado y el Presidente se encuentran secuestrados por grupos de poder o de choque.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Tomás Torres Mercado pidió civilidad y respeto a la ley, pues la circunstancia electoral, dijo, no puede ser oportunidad para el demérito del titular de la SEP.
El senador Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apuntó que la Comisión Permanente debe exigir la comparecencia tanto del secretario de Educación, como del de Gobernación, pues resulta “terrible que se negocie la ley en detrimento de la calidad en la educación”.
Reprochó que no haya ninguna explicación y ni siquiera se aclare si es una disposición definitiva de la SEP o del mismo Ejecutivo federal, no obstante que se afecta a 13 millones 500 mil alumnos en toda la República, de 90 mil 500 escuelas, así como a 400 mil profesores inscritos en este proceso de evaluación.
El senador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que el gobierno ha sucumbido al chantaje y extorsión para que no se cumpla la ley, por lo que “hoy estamos frente a un escenario muy lamentable de un intento de contra reforma educativa”.
El gobierno, sostuvo, da muestras de debilidad y de falta de sensibilidad, pues ofende a niños y maestros que sí están comprometidos con la reforma educativa, y esto deriva en que la imagen internacional de México “caiga por los suelos”, como se evidencia en diversas notas de medios extranjeros.
Al fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, el senador Daniel Amador Gaxiola, sostuvo que la decisión de suspender indefinidamente el proceso de evaluación de los docentes de educación básica y superior, no significa claudicar en la implementación de la reforma educativa, ya que la suspensión no es cancelación.
La decisión que tomó la SEP es un tema que preocupa a su fracción, por lo que se pronunció por solicitar mayor información de los elementos que se tomaron en cuenta para suspender la evaluación, antes de que el escenario se utilice para demandar la renuncia del titular o para “linchamientos”.
La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, aseveró que la suspensión de la evaluación docente es una violación a la Constitución y a la ley reglamentaria, por ello dijo, no podemos quedarnos callados ante un asunto de ilegalidad y de falta de transparencia.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, recordó que la reforma que se aprobó, deposita en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa la responsabilidad de conducir los procesos de evaluación. Es el INEE, apuntó, el que establece los lineamientos y los concursos, por lo que no es facultad de la SEP disponer de las fechas para la evaluación ya establecidas.
Por su parte, el senador del PVEM, Juan Gerardo Flores Ramírez, celebró el consenso de la Comisión Permanente para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas no suspendan el proceso de evaluación, y que se cumpla cabalmente con el mandato establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y con las fechas difundidas por el INEE.
Para hechos, también intervinieron los diputados Fernando Rodríguez Doval, del PAN; Alejandro Rangel Segovia, del PRI; Lilia Aguilar Gil, del PT, y Fernando Belaunzarán Méndez y Amalia García Medina, del PRD. Al concluir el debate, el presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Segunda Comisión siete puntos de acuerdo sobre este tema, para su posterior análisis y dictamen.
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