Número-800
- Los senadores Zoé Robledo y Javier Corral advierten que el retroceso en las libertades socava la democracia.
- Coinciden en que debe impulsarse el “fuero ciudadano” a favor de servidores públicos que denuncien actos de corrupción.
Los senadores Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática; y Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional; se pronunciaron porque la figura de la privacidad se coloque como un valor de la democracia, por encima de los argumentos con los que se pretende justificar la intervención de conversaciones telefónicas, redes sociales, y otras actividades privadas, por cuestiones de seguridad nacional o de Estado.
Lo anterior durante la proyección del documental Citizenfour de la gira “Ambulante”, que contó con la participación de la periodista Carmen Aristegui, quien coincidió que la información, bien fundamentada, es algo irrenunciable en la vida democrática.
El senador Robledo Aburto, secretario del Comité de Garantía y Acceso y Transparencia de la Información, consideró que dentro del Congreso se debe reflexionar sobre el riesgo de la lógica que se emplea en México al dar a la seguridad nacional o de Estado un valor más amplio del que realmente posee.
“Es preocupante, porque en la medida en que aparatos de inteligencia acumulen poder, ponen en riesgo los valores democráticos más relevantes. No es una exageración, porque en una sociedad digital el valor democrático más importante es la privacidad, es la nueva libertad”, expuso.
Consideró que es necesario consolidar la democracia, con una clara división entre lo que es privado, y la actividad pública de funcionarios obligados a cumplir con la transparencia; y esto implica que no existan servicios secretos que se conviertan en un poder invisible del Estado y favorezcan a un gobierno oculto.
Por tanto, estableció, el Legislativo debe emprender un movimiento doble, en el que se den garantías plenas a la privacidad, al tiempo de transparentar lo público, que la autoridad esté obligada a dar razones de sus actos y la vigilancia sea eficaz. Esto implica reconocer los límites de las esferas públicas y privadas, entre las que existe una “línea delgada”, admitió.
Zoé Robledo manifestó su sorpresa porque haya senadores que hayan pasado por alto los señalamientos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que alertó sobre la necesidad de que en México se proteja a quienes denuncien acciones indebidas de parte de la autoridad; y se pronunció porque se impulse el fuero ciudadano para proteger a funcionarios que puedan revelar actos de corrupción.
El senador Corral Jurado, integrante de la Comisión de Gobernación, refrendó que no es posible hablar de democracia “cuando las personas se sienten vigiladas, espiadas, investigadas, cuando hay una intromisión indebida en su vida, porque eso inhibe la comunicación primaria básica”.
Consideró que en México se requiere superar el “concepto arcaico de seguridad nacional” donde prevalece únicamente el concepto de los intereses de Estado, con lo que se justifica el espionaje a las personas, tanto de políticos, como de empresarios, diversas figuras públicas, así como de los ciudadanos comunes.
Es urgente, añadió, que México avance al concepto de seguridad humana y se coloque a la privacidad como una de las principales libertades y garantías de la democracia.
En su oportunidad, la periodista Carmen Aristegui consideró que la defensa de la información es una batalla que deben dar juntos los periodistas y los ciudadanos, lo que plantea el reto de incentivar la denuncia ciudadana, así como un manejo responsable de la información por parte de los periodistas.
“Ahora que estamos en tiempos electorales, en donde el espionaje se ha convertido en una herramienta electoral, los periodistas entramos en este dilema de difundir o no información a partir del espionaje ilegal; se debe evaluar si el espionaje tiene información de interés público y si debe ser informado a la población”, expresó.
Se pronunció, al igual que los legisladores, por favorecer a las personas y en especial a quienes trabajan en la burocracia para que puedan denunciar actos de corrupción, sin correr el riesgo de perder su fuente de empleo o de quedar vulnerables.
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