Número-779
- 24 congresos estatales respaldan el decreto de reforma a la Constitución Política.
- Las reformas fueron remitidas al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, senador Miguel Barbosa Huerta, declaró aprobado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de combate a la corrupción.
Informó que 24 congresos estatales notificaron de su voto aprobatorio al decreto, por lo que se reúne la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados que se requieren para dar plena validez a la reforma a la Carta Magna.
Los congresos que notificaron el aval a la reforma fueron Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Barbosa Huerta remitió el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación y dijo que la Comisión Permanente estará a la espera de recibir las resoluciones de otras legislaturas estatales, para su integración al expediente correspondiente.
Al presentar su posicionamiento, la diputada María San Juana Cerda Franco, de Nueva Alianza, señaló que la corrupción es uno de los más graves problemas de México, es un “cáncer que corroe las instituciones”, frena el crecimiento económico, vulnera el Estado de derecho y erosiona la legitimidad de la democracia mexicana.
En lo político, dijo, la impunidad entorno a la corrupción debilita el mandato de los gobernantes y abre flancos para que poderes fácticos y criminales se infiltren en las instituciones.
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción debe contribuir al desarrollo del país y a la reconstrucción de las instituciones. Hoy se sientan las bases constitucionales de un nuevo modelo, de una plataforma legal que acote significativamente la corrupción, con lo que se completa el ciclo de reformas estructurales que se llevaron a cabo en esta Legislatura, concluyó.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Tomás Torres Mercado recalcó la trascendencia para la vida nacional del replanteamiento de un órgano con funciones jurisdiccionales, para conocer y enjuiciar la violación de los deberes de los servidores públicos.
Destacó que con esta reforma se fortalecen las facultades del Poder Legislativo y del órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados en el proceso de ejecución del gasto, es decir, desde que se empieza a gastar el presupuesto nacional se le faculta para revisar el destino de éste, particularmente donde haya presunción o denuncia de que se realizan auditorias específicas.
El diputado subrayó que está pendiente para la siguiente Legislatura o para un periodo extraordinario el análisis y aprobación de una ley de coordinación en esta materia. Asimismo, pidió voluntad política para que luego de la publicación en el Diario Oficial de la ley en materia de combate a la corrupción, se respete y se aplique.
El senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, destacó que con la participación de la sociedad civil, diversas organizaciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas, academia y organismos internacionales, se entrega a la sociedad un Sistema Nacional Anticorrupción.
No obstante, se necesita una agenda puntual para que, junto con las organizaciones, se tenga una metodología definida para tener productos legislativos pendientes con el Sistema, como la participación ciudadana, unidad de inteligencia financiera, conflicto de intereses, entre otros.
El senador Ríos Piter agregó que el Sistema es insuficiente y no podrá hacer algo que dé respuesta a los ciudadanos si no se tiene una legislación secundaria completa, sobre responsabilidad penal, de personas morales, de la Ley de Participación Ciudadana que garantice un verdadero catalizador que promueva el combate a la corrupción.
Por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Aguilar Gil apuntó que aún hay grandes faltantes. Los actos de corrupción no serían tan cínicos ni tan abiertos si no existiera la certeza de que en el país no pasa nada, y además hay una falta de estado de derecho que parece que sirve para algunos pero no para todos, argumentó.
Expresó que hay muchos faltantes de los métodos de denuncia y la participación ciudadana y social. Es decir, cómo hace la gente para denunciar y lograr que sus denuncias se apliquen en los actos de corrupción y sobre todo quedó fuera el conflicto de intereses.
La diputada pidió que se revisen las medidas en el combate a la corrupción. Es nuestra obligación en la legislación secundaria hacer que el Sistema Anticorrupción se convierta en una realidad, porque lo que hace enojar a la gente son los casos como el de la “Casa Blanca y otros conflictos con el Grupo Higa”, el del viaducto bicentenario y OHL, el de Pemex y Oceanografía, el del gobernador de Sonora, entre otros, añadió.
La diputada Amalia García Medina, del PRD, apuntó que el Sistema está a prueba y faltan las leyes secundarias, no obstante, hay instrumentos para empezar a actuar. El Sistema dijo, se pondrá a prueba con el caso de la empresa OHL.
Se requiere un Sistema Nacional Anticorrupción que en los hechos y en la práctica pruebe su capacidad para ir al fondo para evitar y en su caso, sancionar actos de corrupción. No puede haber uso de recurso público para lesionar la hacienda pública y el recurso que es de los mexicanos, puntualizó.
Del Partido Acción Nacional, el diputado Fernando Rodríguez Doval, subrayó que desde 1943 su partido político hablaba ya sobre la existencia de un sistema anticorrupción, y que una de sus primeras propuestas fue la que creó la Ley de Transparencia.
El Sistema Nacional Anticorrupción está bien diseñado, partió de una iniciativa de Acción Nacional e incorpora propuestas de sociedad civil y asociaciones. Es un sistema articulado de manera correcta, no crea instituciones sino que faculta a las existentes en la prevención, investigación y sanciones, reiteró.
Asimismo, dijo que el siguiente paso es la emisión de las leyes mencionadas en los transitorios y de las leyes locales para establecer sus propios sistemas locales en materia anticorrupción.
Por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Graciela Ortiz González advirtió que la corrupción afecta la vida del país en todas las direcciones, por lo que se debe resolver en la etapa constitucional con esta declaratoria y posteriormente en las leyes que integran el Sistema. “La corrupción debe preocuparnos porque nos alcanza a todos”, afirmó.
Destacó que el Observatorio Económico de México ha mencionado que la corrupción genera una pérdida económica equivalente al 2 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, lo que representa 341 mil millones de pesos. Por su parte, el Banco Mundial ha señalado que el costo de la corrupción en México representa el nueve por ciento del PIB Nacional, es decir, 1.5 billones de pesos anuales, mientras que la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor calcula 120 mil millones de pérdidas por este flagelo, lo que representa casi el 20 por ciento del PIB Nacional.
En este sentido, recalcó que según cifras de Transparencia Mexicana las familias mexicanas destinan 32 mil millones de pesos anuales a la corrupción, es decir, llegan a ocupar hasta el 14 por ciento de sus ingresos al pago de mordidas, 165 en promedio por cada una.
Por otra parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, senador Miguel Barbosa Huerta sometió a votación de la asamblea y obtuvo la aprobación de un acuerdo que tiene el objeto de evitar la duplicidad en la literalidad de la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional.
Por lo anterior, al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, declaratoria emitida el 6 de mayo pasado, las menciones que aparezcan referidas en la fracción XXIX-V, quede como XXIX-W.
Este acuerdo se comunicará a la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en estos términos.
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