Número-735
- En cinco nuevas denuncias aparecen como presuntos responsables dos candidatos del PRI a diputados federales, afirma senador Fernando Yunes.
- El PRI está a favor de aplicar el Estado de derecho, pero no se debe intentar establecer plazos legales, argumenta senador David Penchyna.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a proceder de inmediato, conforme lo mandata la Constitución, y ejercer acción penal ante los tribunales correspondientes, para que los responsables del desvío de recursos públicos federales, destinados a la educación y a la salud en el estado de Veracruz, sean sancionados con todo el rigor de la ley.
Asimismo, el Pleno pidió a la PGR informe de inmediato a este órgano legislativo sobre las acciones que haya realizado, en relación con estos hechos, a partir del mes de noviembre de 2014, fecha en que las denuncias fueron presentadas.
Al presentar el punto de acuerdo, el senador del Partido Acción Nacional, Fernando Yunes Márquez, explicó que el pasado 19 de abril se hicieron públicas seis denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra funcionarios y exfuncionarios de gobierno del estado de Veracruz, por la desviación de casi dos mil 500 millones de pesos, provenientes de fondos federales destinados a salud y educación.
El legislador añadió que se dieron a conocer cinco nuevas denuncias --también presentadas por la ASF ante la PGR, desde noviembre pasado-- e indicó que en ellas se señala como presuntos responsables a dos exfuncionarios de Veracruz que hoy son candidatos a diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional: Antonio Tarek Abadalá Saad, por el distrito de Cosamaloapan; y Edgar Spinoso Carrera, por el distrito de Martínez de la Torre.
Sostuvo que en estas denuncias están involucrados otros funcionarios: Tomás Ruiz González, secretario de Infraestructura y Obras Públicas; Gabriel Deantes, secretario del Trabajo y Previsión Social; Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Desarrollo Social; Lorenzo Antonio Portilla, auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior ; y Antonio Ferrari Cazarín, director de Patrimonio.
Expuso que las recientes denuncias acreditan “de manera indubitable” la desviación de dos mil 100 millones de pesos, provenientes de fondos federales, que el gobierno del estado de Veracruz debía haber destinado al Seguro Popular y a la Educación Básica y Normal.
Reiteró que las denuncias presentadas por la ASF acreditan que funcionarios de Veracruz realizaron movimientos bancarios. Primero, con el objeto de simular la solventación de las irregularidades detectadas por la entidad de fiscalización; para después retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas, sin que sea posible acreditar el destino final de esos recursos.
Yunes Márquez exigió que el gobierno veracruzano apegue su conducta a la legalidad; que la PGR se conduzca con apego a la Constitución y, de manera inmediata, actúe en contra de quienes han causado un daño grave a los ciudadanos de esa entidad. Hizo énfasis en que la PGR no debe sujetar su actuación a los tiempos políticos, y que el imperio del Estado de Derecho no debe interrumpirse durante estos procesos.
El senador Juan Carlos Romero Hicks, aseveró por su parte que, debido al momento que vive el país, se requiere que prevalezca el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. El legislador del PAN resaltó que las denuncias no fueron hechas por un partido político sino por la ASF, por lo que se espera que, en el corto plazo, haya una actuación conforme a la legalidad y la verdad, y que los veracruzanos y los mexicanos sepamos qué acontece.
Al hablar a favor del punto de acuerdo, el senador David Penchyna Grub dijo que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de aplicar el Estado de Derecho en este caso. Sin embargo, consideró que llama la atención el hecho de que aparentemente se quieren establecer plazos legales.
Sostuvo que la titular de la PGR, Arely Gómez González, está haciendo su trabajo, por lo que no se debe intentar marcar plazos para este u otro caso, pues existe un proceso de averiguación previa y una auditoría de la ASF. Subrayó que debe ser un compromiso de todas las fuerzas políticas dar una batalla en los hechos por la transparencia en México, pero que a esta se le otorguen los plazos legales previstos en la ley; y que no esté al contentillo del fragor electoral.
En tanto, el diputado del PRI, Alejandro Montano Guzmán, aseveró que todo hecho que representa duda para los ciudadanos sobre el actuar y quehacer de cualquier ciudadano debe ser investigado por las instancias responsables. No obstante, pidió no politizar un caso de rendición de cuentas y que sea la autoridad correspondiente la que, en tiempo y forma, aplique o deslinde responsabilidades.
Sobre este asunto también expusieron sus opiniones en la tribuna los diputados Lisbeth Rosas, del PRD; Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; y Lilia Aguilar Gil del PT.
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