BOLETÍN-1385 Solicitan cancelar concesiones de mineras extranjeras que no respeten Estado de derecho.
La Comisión Permanente exhortó al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados para que al otorgar concesiones mineras a empresas extranjeras se tomen todas las medidas necesarias y políticas públicas para evitar los daños a la vida, salud, entorno ecológico, derechos laborales, ejidales y culturales de las comunidades.
Senadores y diputados consideraron como medida nacional urgente proceder a la cancelación de las concesiones a las empresas que sean reacias a respetar nuestro Estado de derecho.
Igualmente conminaron al gobernador de Sonora y al ayuntamiento de Álamos a detener “la alarmante afectación a los derechos humanos y económicos de los campesinos afectados por la empresa canadiense Corner Bay, dándoles todo el apoyo para la cancelación del convenio entre los ejidatarios y la minera.
También solicitaron a la Universidad Nacional Autónoma de México elabore un dictamen sobre los daños a la salud de los habitantes y del entorno ocasionados por la compañía.
Además, la Permanente exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue la violación a las garantías fundamentales que provoca la minera en perjuicio de los pobladores del municipio de Álamos, Sonora.
Legisladores piden información sobre costo de diversas instituciones
El pleno de la Permanente dio un plazo de cinco días hábiles al Ejecutivo federal para que envíe información puntual sobre el costo anual de operación, así como el valor contable de diversas instituciones.
Entre ellas, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, el Banco de Ahorro Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, los Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, así como de AGROASEMEX.
Senadores y diputados consideraron que la banca de desarrollo del sector agropecuario “muestra una política de apoyo crediticio poco clara, además de ineficiencia muy alta en su aplicación”.
La sobreregulación y las marcadas diferencias en los requisitos que solicitan las diversas instituciones financieras, agregaron, “lejos de agilizar los créditos, los obstaculizan y los hacen inoperantes”.
Además, “las reglas de operación y los requisitos para obtener un crédito que exigen las instituciones gubernamentales, han hecho que muchos productores encuentren una respuesta más rápida en la banca comercial”, asentaron.
En otro tema, la asamblea conminó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a los embajadores y cónsules generales de México a que proporcionen al Senado de la República y, en su receso, a la Comisión Permanente, informes periódicos del desempeño en las misiones a las que estén acreditados.
Según el punto de acuerdo, los embajadores y cónsules generales deberán enviar un reporte al Poder Legislativo al término de su gestión.
Del mismo, se exhortó al Ejecutivo federal, para que en atención a la declaratoria de zona de desastre por las lluvias en el municipio de Mazatlán, publicada el pasado 18 de agosto, se giren instrucciones a la Comisión Nacional de Agua para que se atienda de manera inmediata la realización del dragado del Arroyo Jabalines.
El dictamen dispone que también se realicen las obras de infraestructura necesarias para evitar el efecto recurrente que las lluvias provocan en ese municipio de Sinaloa.
Además, senadores y diputados pidieron que por medio de la Secretaria de Desarrollo Social se apliquen de manera inmediata los recursos para atender a las miles de familias afectadas por las recientes lluvias en el municipio de Mazatlán.
Asimismo, los legisladores solicitaron al director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, que autorice un riego de emergencia para el distrito de riego 11 de Valle de Santiago, Guanajuato, para la producción de la cosecha agrícola del presente ciclo.
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