Número-687
- Anuncia senador Enrique Mayans que en mayo iniciará el análisis del sistema de pensiones.
- Medidas de protección a las pensiones de presiones políticas, plantean internacionalistas.
En el mes de mayo, un grupo de especialistas y académicos comenzará el análisis del sistema de jubilación en México, con miras a la construcción de la reforma de seguridad social que permita garantizar la pensión universal, anunció el presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Senado de la República, senador Fernando Enrique Mayans Canabal.
El objetivo de los trabajos, que se realizarán en el recinto legislativo, es contar a tiempo con la óptica de los especialistas, para evitar que la presión sobre el sistema de pensiones “nos explote como una dinamita en la mano”, subrayó el legislador del Partido de la Revolución Democrática.
Existe plena voluntad de llevar a buen puerto los acuerdos para garantizar el derecho de una vejez digna, lo que necesariamente implica impulsar la educación y cultura del ahorro, así como fortalecer los dos principales pilares de cobertura, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que actualmente se encuentran en quiebra.
Enrique Mayans advirtió sobre la necesidad de blindar esta reforma de intereses particulares, ante especialistas de Chile y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el tercer día de trabajos de la Semana de la Seguridad Social: Experiencias de evaluación de las reformas de pensiones.
Augusto Iglesias Palau, integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Provisional 2006, en Chile, explicó que en su país las modificaciones de ley en la materia han sido construidas por especialistas provenientes de la misma seguridad social, a partir de diagnósticos técnicos y consensuados, lo que permitió blindarla de intereses ajenos.
Este equipo de expertos “dejó al mundo político en una posición particularmente favorable, porque le entregó una propuesta de reforma técnicamente coherente y consensuada, de tal forma que el mundo político quedó protegido de los rubros de interés”, apuntó.
Aseveró que la intervención de este equipo técnico de especialistas permitió a senadores y diputados de Chile evitar las presiones de grupos de interés, quienes lograron legislar una propuesta para dar respuesta a una demanda específica de la población, acerca de mejorar los ingresos de las personas de la tercera edad.
Hugo Cifuentes Lillo, integrante de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones 2014, en Chile, advirtió que debe atenderse lo relativo a la generación de fuentes de trabajo, pues “si el mercado no da empleo y mayores salarios, difícilmente la seguridad social dará mejores pensiones”.
Paralelamente, agregó, es necesario discutir a fondo lo referente a la correlación entre el monto de las pensiones y su relación con el incremento real de los salarios, a fin de que no se genere una gran carga sobre las finanzas públicas en las que se requiere, además, un sólido sistema fiscal.
Adicionalmente, concluyó, se requiere revisar la tasa de comisión de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), a fin de que mermen los recursos de los trabajadores y sea más atractiva su perspectiva de jubilación.
En representación del BID, el especialista David Kaplan dio sugerencias para para blindar las pensiones de presiones políticas, como indexar el monto de la pensión a los programas económicos anuales, pues es mucho mejor la actualización anual automática, “que el que se diga, hoy tocan elecciones, hay que subir pensiones”.
De igual forma, la edad de jubilación se debe ajustar de manera automática a las proyecciones de aumento de esperanza de vida, a fin de que la población joven tome conciencia del tiempo que requiere para contar con el ahorro necesario y gozar de una buena pensión.
Pedro Vásquez Colmenares Guzmán, de Marpex Consultores, y Berenice Ramírez, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidieron en la necesidad de resolver los huecos en la minuta de reforma en seguridad social que la Cámara de Diputados remitió al Senado, en materia de interrelación de sistemas, sistemas de afiliación, y de garantías sobre el financiamiento para el pago de jubilados y pensionados.
Expuso que la minuta excluye de la pensión universal a los sistemas del IMSS e ISSSTE, pese a que son financiados con recursos públicos. Por ello propuso establecer elementos transversales, que permitan conectar legal, social y financieramente a estos sistemas contributivos como los sociales.
En cuanto a la afiliación se requiere definir con claridad beneficios y operación de la cobertura universal, especialmente en sistemas no contributivos o sociales; y es necesario establecer cómo serán los mecanismos de promoción, registro y actualización, a fin de evitar simulaciones, acotó.
En cuanto al financiamiento, Colmenares Guzmán reprobó que la minuta establezca que, en principio, se adoptarán las directrices del Coneval, sin definir cómo se garantizarán los recursos para los próximos 15 años, lo cual resulta inconveniente pues en el futuro puede suscitarse una nueva crisis de falta de recursos para el pago de pensiones.
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), coincidió en que México registra un sistema fragmentado resultado de la “gran creatividad” en las entidades federativas para crear apoyos dirigidos a las personas de la tercera edad, que sin duda cumplen una función, pero sin duda también registran “elementos políticos inviables”.
Se sumó a la propuesta para conectar a estos programas desarticulados y revertir así el actual desorden en el gasto social, con lo que será posible que, más de responder a un interés político, las pensiones a adultos mayores sean un derecho real, con proyecto de largo plazo.
Carmen Ponce, del Grupo de Trabajadores por una Seguridad Social Universal Integral, propuso por su parte que la reforma se base en un Pacto para la Seguridad Social, a fin de establecer mecanismos que permitan evitar en el futuro aspectos negativos en la economía, como que el bajo precio del petróleo afecte con recortes el pago de pensiones a adultos mayores a través de sistemas no contributivos, como el Programa 60 y Más.
Planteó también la creación de un instituto nacional de pensiones, que sustituya a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que concentre aportaciones de trabajadores formales, informales, y ahorro voluntario, a fin de garantizar la cobertura universal, bajo principio de no discriminación.
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