Número-622
- Llaman especialistas y autoridades a los legisladores a hacer modificaciones de dicha minuta.
- Especialistas proponen cambios en planeación, competencia, transparencia y manejo de recursos públicos.
Senadores, especialistas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil analizaron la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que tiene por objeto fortalecer, eficientar y transparentar los procesos de licitación y contratación de obras públicas.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, surge de una iniciativa que remitió el Ejecutivo federal en noviembre pasado a San Lázaro. En el Senado, el documento es revisado por las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Competitividad.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado, Francisco Búrquez Valenzuela, expuso que la minuta pretende fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula la obra pública.
A decir del senador, se puede prevenir mal uso de recursos, ya que muchas obras terminan costando hasta 50 por ciento más de lo presupuestado. A fin de lograr este propósito, es necesario hacer una buena planeación de los proyectos para la construcción de obras.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Angélica Araujo Lara, manifestó su compromiso para que la minuta pueda ser aprobada en este periodo ordinario de sesiones. Las opiniones y propuestas que expongan los expertos podrán ser integradas, a fin de enriquecer el dictamen, dijo.
El senador del Partido Acción Nacional, Víctor Hermosillo y Celada, precisó que los procesos de contratación deben ser transparentes para evitar el derroche de dinero de los contribuyentes, pues la obra pública es la más criticada en el ejercicio de los recursos públicos.
Su compañero de bancada, senador Salvador Vega Casillas, dijo que los ejes principales de la minuta están en la planeación para la ejecución de proyectos, transparencia de todo el proceso y evitar la discrecionalidad con la que manejan los recursos públicos, por lo que la propuesta debe ser modificada y revisada, para evitar que el gobierno se vea afectado.
La senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, subrayó la importancia de poner en marcha la ley sin que se generen altos costos para su operación. El reto para su funcionamiento es llevar a cabo los trámites burocráticos y de fiscalización con el menor uso de recursos posibles, añadió.
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, dijo durante su intervención que las modificaciones que se plantean en el documento afectan las condiciones de competencia y libre concurrencia.
Propuso que las contrataciones y adjudicaciones estén a disposición de los ciudadanos mediante la página electrónica CompraNet, y consideró necesario precisar que los recursos de los proyectos, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán estar sujetos a las disposiciones que establezca la Ley de Obras Públicas.
Sugirió establecer que las figuras jurídicas de obra pública asociadas a proyectos de infraestructura, proyectos de infraestructura de largo plazo y de magnitud o alcance relevante se encuentren sujetos a las disposiciones legales y presupuestarias aplicables, y transparentar las investigaciones de mercado.
José Luis Cortés Delgado, del Colegio de Arquitectos, resaltó que México está rezagado en arquitectura y urbanismo por la falta de planeación en obras sociales y edificaciones. Sugirió que estas dos categorías entren a licitaciones y no se adjudiquen de manera directa, a fin de contar con la mejor propuesta que reditúe la inversión de los recursos aplicados las obras.
Mariana Campos, de la organización México Evalúa, dijo que los cambios a la Ley dan certidumbre jurídica a las empresas, contratistas y participantes; sin embargo, consideró elemental generar mayores condiciones de competencia, y precisar que las adjudicaciones directas se hacen únicamente en casos de emergencia o cuando existe un solo oferente de un bien o servicio.
Además, pidió actualizar el portal de compras de la Administración Pública Federal CompraNet, pues este carece de información precisa de proyectos de obras, licitaciones o adquisiciones del gobierno. Además, señaló la necesidad de precisar los mecanismos con los que se garantizará mayor transparencia, así como establecer indicadores de tiempo en los que se deben presentar las propuestas de proyectos, por parte de las empresas participantes.
Edmundo Gamas Buentello, del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, propuso crear un órgano de supervisión de obras en el cual participe la Cofece. Este nuevo órgano podría estar dentro de la Secretaría de la Función Pública, para supervisar el uso correcto de recursos y evitar la discrecionalidad. Asimismo, planteó eliminar los contratos reservados como si fueran asuntos de confidencialidad.
Del Colegio de Ingenieros Civiles, Víctor Ortiz afirmó que en México “las decisiones se toman en las rodillas” debido a falta de planeación, lo que lleva a la mala ejecución de obras que, lejos de redituar y beneficiar al gobierno, representan pérdidas para el presupuesto.
El académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Max Kaiser Aranda, señaló que la minuta enviada por la colegisladora no fortalece la planeación ni los estudios de mercado, pues estos últimos son considerados sólo un trámite burocrático. Falta establecer una nueva relación entre el sector público y privado, que genere un esquema de seguridad jurídica para ambas partes y, al mismo tiempo, reduzca los riesgos de los interesados.
Alejandra Rascón, de la organización Transparencia Mexicana, dijo que ante la falta de precisiones en la propuesta de Ley hay riesgo de que se presenten casos de corrupción por parte de las empresas. Consideró que el mercado mexicano debe competir a nivel internacional para beneficiar a Estado y sociedad, tal como sucede en el caso de las vacunas.
Agregó que se debe trasparentar la toma de decisiones, desde que se emite la convocatoria hasta la entrega y funcionalidad de las obras. “Se debe dar a conocer qué, quién y cómo se toman las decisiones”.
Manuel Guadarrama del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), resaltó la importancia de la participación de la Cofece en los proyectos de gran magnitud, incluso desde las bases de la convocatoria.
Propuso declarar una licitación desierta cuando las proposiciones presentadas contengan precios de insumo que no sean aceptables; sin embargo, recomienda introducir parámetros como los precios de referencia, establecer la regulación de los mecanismos electrónicos, e incorporar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de competencia.
Por parte de la Cámara de Empresas de Consultoría, Mario Salazar Lazcano, advirtió que de aprobarse la minuta en sus términos existe el riesgo de que México retroceda en su marco legal para la contratación, licitación y adjudicación de obras públicas. Se requiere, dijo, alentar la participación de la sociedad.
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