Número-623
- El objetivo, dar a conocer a los legisladores las fallas y omisiones de la nueva ley en la materia.
- Fortalecer el ahorro popular en México debe ser el propósito del Senado, consideran organizaciones y el legislador.
Integrantes de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular, Sociedades Financieras Populares y Sociedades Comunitarias junto con el senador del Partido de la Revolución Democrática, Mario Delgado Carrillo, proporcionarán a los senadores la mayor cantidad de información posible sobre el funcionamiento de estas figuras financieras, a fin de que se tomen en cuenta en la dictaminación de la llamada Ley Ficrea.
En reunión de trabajo con estas organizaciones, el legislador expuso que el propósito es dar a conocer cuáles son las fallas y omisiones que podrían cometerse con esta nueva ley. Consideró que con esta información, proveniente de las organizaciones, podría hacerse un diagnóstico de este sector en todo el país y difundirlo, con el propósito de incidir en el proyecto.
Delgado Carrillo sostuvo que el Senado debe ser el vehículo para elaborar una ley que fortalezca el ahorro popular en México, en lugar de una normatividad que otorgue mayores responsabilidades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que fue incapaz de supervisar a Ficrea, una de las sociedades más visibles en el país.
Claudia Revilla, directora general de Pro-Desarrollo, una red de microfinancieras que cuenta con seis millones y medio de microempresarias y microempresarios, aseveró que llamada Ley Ficrea va en contra de las oportunidades de miles de ahorradores mexicanos y lo único que va a generar es un mercado negro de prestamistas abusivos.
Al igual que los demás representantes, consideró que esta ley se elabora con demasiada prisa y con un gran desconocimiento por parte de los legisladores de todos los partidos políticos, pues no entienden que el sector de finanzas populares será gravemente golpeado con esta reforma; y sus consecuencias pueden ser devastadoras.
José Antonio Ortega Carbajal, director general de Fedrural Integra, sostuvo que con esta nueva ley desaparece la posibilidad de organización social campesina, rural y financiera; y de que los más pobres tengan sus propios instrumentos de ahorro.
Gisela Castillo Durán, gerente general de la Federación Nacional de Cajas Solidarias, hizo énfasis en que las autoridades y legisladores no tomaron en cuenta los casos de éxito que ha tenido el sector cooperativo y otras figuras en el tema de inclusión financiera.
Marín Subire, de Red Oaxaca, comentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) toma una decisión por encima de los usuarios de estos instrumentos de ahorro, que son organizaciones en manos de la población.
Rafael Martínez, ex presidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), subrayó que no hacía falta una nueva legislación, pues lo que está ausente es la aplicación de la ley por parte de la CNBV y de la SHCP.
Antonio Rocha, de Decafé Chiapas, señaló que en las Sofincos cerca de 180 mil pequeños productores de café tienen la oportunidad del ahorro financiero; no obstante, expuso que con las modificaciones a la ley en la materia se pone en riesgo esta figura financiera para miles de productores de este sector.
El ex senador del Partido Acción Nacional, Jorge Ocejo, consideró que a esta ley se le debe dar tiempo a fin de entregar la mayor información a un buen número de senadores para convencerlos de que este asunto no se puede “cocinar” en dos meses, menos cuando en realidad se trata de un rescate.
Mario Meléndez, director general de SMB-Rural (Sociedad Financiera Comunitaria), dijo que los legisladores desconocen cómo funcionan las diferentes figuras de ahorro popular.
Guillermo Colín, presidente de Amsofipo, aseguró que la institución que dirige ha sido capaz de atender a la gente más necesitada del país; por ello pidió a los legisladores conocer el mercado de los Sofipos, con el objetivo de que comprendan las necesidades de las personas a quienes van encaminados sus servicios.
En este foro participaron Mariana Carmona, coordinadora de investigación de Asociación Mexicana de Uniones de Crédito; Enrique Gracia, de Ficrea; y el abogado Mario Herrera, quien aseveró que el problema del sector no es el ahorro sino la falta de aplicación de la ley.
Este último reiteró que los cambios se promueven desde el desconocimiento, sin conocer la dinámica y las características de estas pequeñas instituciones, que son la única alternativa para la población que ha sido marginada por los prestadores de servicios financieros.
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