BOLETÍN-1309 Piden legisladores indagar ingreso ilegal de armas a México.
Legisladores aprobaron solicitar a la PGR y a la Cancillería un informe de las gestiones oficiales para investigar las operaciones clandestinas de introducción de armas desde los Estados Unidos hacia México.
Senadores y diputados aprobaron solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Cancillería, un informe de las gestiones oficiales para investigar las operaciones clandestinas de introducción de armas desde los Estados Unidos hacia México, “documentadas en la prensa y que comprometen gravemente la seguridad nacional”.
En el dictamen avalado por la Segunda Comisión, que preside la senadora panista Beatriz Zavala Peniche, se indica que el viernes 15 de julio la prensa en México y Estados Unidos dio a conocer que “Los Zetas utilizan las fronteras de El Paso-Ciudad Juárez y Columbus- Puerto Palomas para abastecerse de armas tipo militar”.
Ello --se subraya en el documento-- les daría capacidad para desestabilizar las elecciones de 2012, ya que “muchas de las armas han sido almacenadas en casas de seguridad”.
Además, se agrega que ex agentes de la DEA y la CIA revelaron que ese “cártel creó empresas para comprar armas en un programa oficial del gobierno de EU”.
Por ello, los legisladores consideraron que se “trata de hechos graves que ponen en peligro la seguridad del país, de acuerdo a las declaraciones recogidas en los medios de comunicación”.
Según el texto se ha descubierto que una empresa privada aprovecha el programa Direct Commercial Sales (Ventas Comerciales Directas), dependiente del Departamento de Estado, que le permite adquirir armas de alto poder que EU exporta en todo el mundo.
Ante este panorama, los integrantes de la Permanente advirtieron que este “trasiego criminal” de armas desde los Estados Unidos hacia organizaciones criminales que operan en México representa un grave peligro para la seguridad del país y de la población nacional.
Solicitan información sobre Estela de Luz
En la misma reunión, se acordó solicitar a las secretarías de Hacienda y de Educación Pública un informe sobre el proyecto para la construcción del monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, conocido como “Estela de Luz”.
Ambas dependencias deberán explicar las razones por las que fue seleccionado un proyecto arquitectónico de naturaleza distinta al originalmente planteado por la convocatoria para construir un arco conmemorativo.
Asimismo, expondrán los criterios jurídicos, técnicos, artísticos y presupuestales valorados en la emisión del fallo para seleccionar el proyecto ganador y la empresa constructora responsable de su edificación.
También, detallarán la lista de proveedores de materiales y componentes para la edificación del monumento, los criterios adoptados para su selección, calendario de trabajos y montos presupuestales proyectados originalmente para su construcción.
De igual forma, tendrán que explicar las sanciones y penalizaciones que se hayan impuesto a contratistas participantes en el proyecto por retrasos en la entrega de trabajos comprometidos contractualmente y las razones por las que este monumento aún no ha sido concluido.
Que Ejecutivo explique medidas para atender sarampión
En otro tema, se respaldó un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal explique el protocolo aplicado por parte de la Secretaría de Salud y las distintas dependencias involucradas en la materia para declarar y atender la alerta epidemiológica de sarampión.
Además, le pedirán que informe, a través de la SSA, sobre el número de casos de padecimiento de sarampión y los controles sanitarios aplicados del 2000 a la fecha.
También, los legisladores acordaron solicitar detalles concernientes a las licitaciones públicas desde el 2000 a la fecha para la adquisición de vacunas contra el sarampión, del incumplimiento de las empresas contratadas, así como de las acciones legales emprendidas para garantizar el cumplimiento de los respectivos contratos.
En este sentido, senadores y diputados pedirán un reporte sobre la capacidad real de producción de la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, a fin de comprender el volumen anualizado de producción y venta de vacunas y productos biológicos.
En el dictamen aprobado se señala que el 20 de julio se registró un caso de sarampión en México de una niña francesa que días pasados había ingresado al país, por lo que se implementó un cerco sanitario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a efecto de evitar la propagación de la enfermedad.
De igual forma, se estableció un cerco de 49 cuadras en la colonia San Pedro de Los Pinos, perímetro del domicilio de la menor portadora de la enfermedad.
Ante ello, los integrantes de este órgano del Congreso señalaron que el tratamiento que se ha dado por parte del gobierno federal y del Distrito Federal ante la aparición de un solo caso de sarampión proveniente del extranjero, hace suponer que en los últimos años se han descuidado las campañas permanentes de vacunación.
Es necesario intensificarlas y ampliar el espectro de edades hasta menos de 39 años y hacer notar que al parecer aproximadamente 7.3 millones de vacunas dejaron de aplicarse el año pasado debido a un retraso en su entrega, entre ellas la del sarampión, puntualizaron.
Por ello, consideraron pertinente que la Secretaría de Salud explique que los más de 2 mil millones de pesos que paga anualmente para la compra de vacunas se concentran en seis laboratorios farmacéuticos, de los cuales tres son extranjeros: Pfizer, GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur, los demás son Laboratorios Imperiales, Probiomed y la paraestatal Birmex.
Piden informe sobre mexicanos sentenciados a muerte en EU
Posteriormente, se acordó solicitar a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, un informe sobre los programas, acciones, servicios y costos en materia de asesoría y defensa legal de mexicanos sentenciados a pena capital en Estados Unidos.
De igual manera, se requirió un reporte relativo al contrato por un monto de diez y medio millones de dólares al bufete jurídico Kuykendall de aquel país para la defensa legal de los connacionales.
El pasado 7 de julio fue ejecutado en la Unión Americana el mexicano Humberto Leal García, luego de que le aplicaron una inyección letal “ordenada por una controvertida sentencia judicial”.
Leal García, se refiere en el dictamen, fue sentenciado a la pena de muerte “a pesar de miles de solicitudes para conmutarla por prisión y una petición del propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama”.
En este contexto, se subraya, se dio a conocer que al bufete estadunidense Kuykendall “se le pagan sumas considerables” para defender a los mexicanos sentenciados a pena capital.
Sin embargo, se “ha puesto en tela de duda la eficacia de los programas para la defensa legal de connacionales sentenciados en Estados Unidos, con presupuesto a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, se menciona en el punto de acuerdo.
Entre otros exhortos que se aprobaron en la reunión, se respaldó uno a la SSA para que, a través de la COFEPRIS, refuerce las acciones de vigilancia en el uso de barnices que contienen plomo y cadmio en la fabricación de piezas de alfarería, cerámica y porcelana.
En el resolutivo se hace un llamado al FONART para que implemente políticas públicas destinadas a evitar que los artesanos no utilicen barnices tóxicos y crear mecanismos para que puedan adquirir productos a bajo costo libres de contaminantes.
Del mismo modo, se avaló un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exprese su felicitación a los integrantes y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Futbol Sub-17 por obtener el Campeonato Mundial 2011.
Previamente, los integrantes de la Segunda Comisión ratificaron, después de comparecer, a Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo y a Jorge Eduardo Chen Charpentier, como embajadores de México ante Italia y Tailandia respectivamente.
De igual forma, a Bernardo Graue Toussaint como cónsul general en Barcelona, España.
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BOLETÍN-1309 Piden legisladores indagar ingreso ilegal de armas a México.
Legisladores aprobaron solicitar a la PGR y a la Cancillería un informe de las gestiones oficiales para investigar las operaciones clandestinas de introducción de armas desde los Estados Unidos hacia México.
Senadores y diputados aprobaron solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Cancillería, un informe de las gestiones oficiales para investigar las operaciones clandestinas de introducción de armas desde los Estados Unidos hacia México, “documentadas en la prensa y que comprometen gravemente la seguridad nacional”.
En el dictamen avalado por la Segunda Comisión, que preside la senadora panista Beatriz Zavala Peniche, se indica que el viernes 15 de julio la prensa en México y Estados Unidos dio a conocer que “Los Zetas utilizan las fronteras de El Paso-Ciudad Juárez y Columbus- Puerto Palomas para abastecerse de armas tipo militar”.
Ello --se subraya en el documento-- les daría capacidad para desestabilizar las elecciones de 2012, ya que “muchas de las armas han sido almacenadas en casas de seguridad”.
Además, se agrega que ex agentes de la DEA y la CIA revelaron que ese “cártel creó empresas para comprar armas en un programa oficial del gobierno de EU”.
Por ello, los legisladores consideraron que se “trata de hechos graves que ponen en peligro la seguridad del país, de acuerdo a las declaraciones recogidas en los medios de comunicación”.
Según el texto se ha descubierto que una empresa privada aprovecha el programa Direct Commercial Sales (Ventas Comerciales Directas), dependiente del Departamento de Estado, que le permite adquirir armas de alto poder que EU exporta en todo el mundo.
Ante este panorama, los integrantes de la Permanente advirtieron que este “trasiego criminal” de armas desde los Estados Unidos hacia organizaciones criminales que operan en México representa un grave peligro para la seguridad del país y de la población nacional.
Solicitan información sobre Estela de Luz
En la misma reunión, se acordó solicitar a las secretarías de Hacienda y de Educación Pública un informe sobre el proyecto para la construcción del monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, conocido como “Estela de Luz”.
Ambas dependencias deberán explicar las razones por las que fue seleccionado un proyecto arquitectónico de naturaleza distinta al originalmente planteado por la convocatoria para construir un arco conmemorativo.
Asimismo, expondrán los criterios jurídicos, técnicos, artísticos y presupuestales valorados en la emisión del fallo para seleccionar el proyecto ganador y la empresa constructora responsable de su edificación.
También, detallarán la lista de proveedores de materiales y componentes para la edificación del monumento, los criterios adoptados para su selección, calendario de trabajos y montos presupuestales proyectados originalmente para su construcción.
De igual forma, tendrán que explicar las sanciones y penalizaciones que se hayan impuesto a contratistas participantes en el proyecto por retrasos en la entrega de trabajos comprometidos contractualmente y las razones por las que este monumento aún no ha sido concluido.
Que Ejecutivo explique medidas para atender sarampión
En otro tema, se respaldó un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal explique el protocolo aplicado por parte de la Secretaría de Salud y las distintas dependencias involucradas en la materia para declarar y atender la alerta epidemiológica de sarampión.
Además, le pedirán que informe, a través de la SSA, sobre el número de casos de padecimiento de sarampión y los controles sanitarios aplicados del 2000 a la fecha.
También, los legisladores acordaron solicitar detalles concernientes a las licitaciones públicas desde el 2000 a la fecha para la adquisición de vacunas contra el sarampión, del incumplimiento de las empresas contratadas, así como de las acciones legales emprendidas para garantizar el cumplimiento de los respectivos contratos.
En este sentido, senadores y diputados pedirán un reporte sobre la capacidad real de producción de la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, a fin de comprender el volumen anualizado de producción y venta de vacunas y productos biológicos.
En el dictamen aprobado se señala que el 20 de julio se registró un caso de sarampión en México de una niña francesa que días pasados había ingresado al país, por lo que se implementó un cerco sanitario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a efecto de evitar la propagación de la enfermedad.
De igual forma, se estableció un cerco de 49 cuadras en la colonia San Pedro de Los Pinos, perímetro del domicilio de la menor portadora de la enfermedad.
Ante ello, los integrantes de este órgano del Congreso señalaron que el tratamiento que se ha dado por parte del gobierno federal y del Distrito Federal ante la aparición de un solo caso de sarampión proveniente del extranjero, hace suponer que en los últimos años se han descuidado las campañas permanentes de vacunación.
Es necesario intensificarlas y ampliar el espectro de edades hasta menos de 39 años y hacer notar que al parecer aproximadamente 7.3 millones de vacunas dejaron de aplicarse el año pasado debido a un retraso en su entrega, entre ellas la del sarampión, puntualizaron.
Por ello, consideraron pertinente que la Secretaría de Salud explique que los más de 2 mil millones de pesos que paga anualmente para la compra de vacunas se concentran en seis laboratorios farmacéuticos, de los cuales tres son extranjeros: Pfizer, GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur, los demás son Laboratorios Imperiales, Probiomed y la paraestatal Birmex.
Piden informe sobre mexicanos sentenciados a muerte en EU
Posteriormente, se acordó solicitar a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, un informe sobre los programas, acciones, servicios y costos en materia de asesoría y defensa legal de mexicanos sentenciados a pena capital en Estados Unidos.
De igual manera, se requirió un reporte relativo al contrato por un monto de diez y medio millones de dólares al bufete jurídico Kuykendall de aquel país para la defensa legal de los connacionales.
El pasado 7 de julio fue ejecutado en la Unión Americana el mexicano Humberto Leal García, luego de que le aplicaron una inyección letal “ordenada por una controvertida sentencia judicial”.
Leal García, se refiere en el dictamen, fue sentenciado a la pena de muerte “a pesar de miles de solicitudes para conmutarla por prisión y una petición del propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama”.
En este contexto, se subraya, se dio a conocer que al bufete estadunidense Kuykendall “se le pagan sumas considerables” para defender a los mexicanos sentenciados a pena capital.
Sin embargo, se “ha puesto en tela de duda la eficacia de los programas para la defensa legal de connacionales sentenciados en Estados Unidos, con presupuesto a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, se menciona en el punto de acuerdo.
Entre otros exhortos que se aprobaron en la reunión, se respaldó uno a la SSA para que, a través de la COFEPRIS, refuerce las acciones de vigilancia en el uso de barnices que contienen plomo y cadmio en la fabricación de piezas de alfarería, cerámica y porcelana.
En el resolutivo se hace un llamado al FONART para que implemente políticas públicas destinadas a evitar que los artesanos no utilicen barnices tóxicos y crear mecanismos para que puedan adquirir productos a bajo costo libres de contaminantes.
Del mismo modo, se avaló un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exprese su felicitación a los integrantes y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Futbol Sub-17 por obtener el Campeonato Mundial 2011.
Previamente, los integrantes de la Segunda Comisión ratificaron, después de comparecer, a Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo y a Jorge Eduardo Chen Charpentier, como embajadores de México ante Italia y Tailandia respectivamente.
De igual forma, a Bernardo Graue Toussaint como cónsul general en Barcelona, España.
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