Número-432
- El punto de acuerdo fue consensuado por todos los partidos políticos.
- Piden a la Junta de Coordinación Política crear una Comisión plural para dar seguimiento a los acontecimientos que se presentan en el Valle de San Quintín, en Baja California.
El Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para que el gobierno federal --a través de la autoridad competente en el ámbito laboral-- inicie una investigación de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas rescatados en diversos operativos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en diferentes entidades del país, e informe de las sanciones a empresas y centros de trabajo donde se detectaron violaciones a los derechos laborales.
En el punto de acuerdo, formulado con el consenso de los partidos políticos, se solicitó a las autoridades responsables de impartir justicia, inicien las investigaciones correspondientes y esclarezcan a la brevedad los hechos. En caso de existir delitos, que finquen las responsabilidades y sanciones respectivas.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le requirieron iniciar los informes correspondientes sobre la violación de derechos humanos de los trabajadores rescatados, que laboraban en condiciones de sobre explotación y trato inhumano. En tanto, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le exhortaron a informar sobre la atención y asesoría que han brindado a estos trabajadores.
Asimismo, el Senado de la República llamó al Ejecutivo Federal para que, a través de la STPS, profundice acciones y políticas públicas que tengan por objeto evitar el trato inhumano, vejaciones, sobre explotación y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores.
Adicionalmente, se pidió a las procuradurías de justicia de las entidades federativas y a la General de la República, que sus investigaciones o averiguaciones realicen con claridad, en su caso, el ejercicio de imputaciones o acciones penales, con el propósito de diferenciar los delitos de explotación laboral o trabajos y servicios forzados, y consecuentemente se obtengan las sentencias favorables que permitan erradicar ambos delitos e informe de los resultados a la Asamblea.
Por otra parte, se conminó a la Comisión Intersecretarial para Prevenir Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas para que, en la siguiente reunión ordinaria, informe a sus integrantes sobre la situación de los trabajadores jornaleros y la posible comisión del delito de trata de personas con distintos fines de explotación, principalmente los trabajos y servicios forzados.
Finalmente, los senadores, solicitaron a la Junta de Coordinación Política conformar una Comisión plural para dar seguimiento a los acontecimientos que se presentan en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California, con el fin de vigilar el estricto respeto de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas.
Al manifestar su posición a favor del dictamen, el senador Manuel Cota Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que desafortunadamente, la escasa preparación educativa de los jornaleros agrícolas y su pobreza, ocasionan que sean víctimas de abuso por parte de los empleadores de mano de obra quienes vulneran sus derechos humanos y laborales.
En el Senado no debemos ser ajenos a la problemática, dijo, pues tenemos la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley laboral, en la que se puntualizó un apartado de jornaleros agrícolas.
Por el Partido Acción Nacional, el senador Francisco Salvador López Brito, apuntó que lo sucedido con los jornaleros agrícolas violenta sus derechos laborales, humanos, que ante situaciones económicas difíciles y desempleo de algunas regiones del país, son sujetos a la violación de sus derechos cuando les ofertan buenas condiciones de trabajo, que en realidad no se cumplen.
Ante la situación en Baja California, Baja California Sur y Colima se tiene que involucrar a las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Gobernación, de Economía, de Educación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los gobiernos estatales y municipales, para que se respeten los derechos laborales y humanos, y sobre todo para que reciban un trato humano y digno.
Para la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, no solamente se trata de aprobar el acuerdo, sino de exigir su cumplimiento, sobre todo, en lo referente a la investigación y el censo escrupuloso de todos los lugares que contratan jornaleros agrícolas para que estén debidamente certificados.
Asimismo, precisó la urgencia de evitar que prevalezca la actitud corrupta y discrecional de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, porque ha permitido el crecimiento de estos ranchos y granjas en el norte del país. Tenemos que hacer que se cumpla la ley y se persiga a quienes cometieron un delito, entre ellos el de trata de personas con fines de explotación en distintas modalidades, enfatizó.
Por su parte, el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Partido Verde Ecologista de México, recordó que en los acontecimientos recientes existe un abuso que no se puede dejar pasar en el actuar como legisladores, ni se pueden repetir. Debemos sumarnos a los esfuerzos de la población en general para erradicar de raíz prácticas tan desleales, apuntó.
Además, hizo un llamado a las empresas contratantes de jornaleros agrícolas, para que cumplan con las normatividad en materia laboral, y garanticen los derechos humanos y de trabajo de quienes prestan sus servicios en los campos mexicanos.
Asimismo, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo, advirtió que los jornaleros en San Quintín, Baja California, presentaron ya un pliego petitorio respecto de sus condiciones, el cual apoya. Además, relató las condiciones insalubres en que trabajan, e incluso refirió que hay comentarios que desacreditan a los trabajadores, ya que se les ha llamado vándalos.
El legislador también reconoció una “pobreza política” del gobernador de Baja California, para enfrentar el caso; no es posible que quiera resolver esta situación que tiene que ver con la salud pública, con el hambre de la gente, subdesarrollo de personas, a través de la toma y publicación de fotografías en las redes sociales, diciendo que atiende los problemas cuando el pliego petitorio que se le exige no es atendido.
El senador Ernesto Rufo Appel, del PAN, indicó que existen 320 compañías entre Ensenada y Comundú, en Baja California Sur, de las cuales, al menos a 20 no les importa si le pagan bien al trabajador. Es gente que usa la actividad para mover dinero “ya saben de lo que les estoy hablando”, agregó. “Allí es donde hay ausencia de autoridad”, pues no hay inspecciones federales ni de Sagarpa ni de Hacienda.
No será casualidad que discutimos esto ahora en época electoral, cuestionó. Los bloqueos en San Quintín se parecen a los de Reforma y además, nadie hace nada, recalcó.
Del mismo grupo parlamentario, el senador Víctor Hermosillo y Celada, coincidió con el senador Ruffo Appel respecto a la situación favorable de jornaleros agrícolas provenientes de otros estados, los cuales ya están establecidos en la región.
Se trata de una zona que aporta al estado, aseguró, y declaró que es una falta de respeto decir que todos los empresarios son explotadores, pues en muchas ocasiones, arriesgan su dinero y además traen consigo progreso para el país.
El senador Armando Ríos Piter dijo que la mala situación de los jornaleros es un tema en el que se violan plenamente los derechos laborales y se realizan acciones ilícitas, por lo cual es necesario exigir a las autoridades que esto hechos no se queden sin castigo, porque son familias enteras que están siendo explotadas.
El legislador del PRD, señaló que ante ello, es indispensable generar condiciones necesarias en las comunidades para impulsar el desarrollo de las regiones más olvidadas del país.
El senador Isaías González Cuevas, del PRI, indicó que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno que se respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores en todo el país.
Es indispensable para la vida democrática de México que los trabajadores ejerzan su derecho a organizarse libremente.
El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo dijo que este tema representa violaciones claras a la ley y a los derechos humanos, así como encubrimiento de autoridades y corrupción en perjuicio de los niños, niñas, adolescentes.
Es necesario hacer valer los tratados internacional adoptados por México, para que los trabajadores sean vistos como seres humanos y se les respeten plenamente sus derechos laborales, expresó.
La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, solicitó que se incluyeran dos resolutivos, uno para exhortar a las procuradurías de justicia de los estados y a la Procuraduría General de la República, PGR, para que en sus investigaciones realicen el ejercicio de imputaciones con el propósito de diferenciar los delitos de explotación laboral o trabajos forzados, para obtener las sentencias que permitan erradicar estos delitos.
El segundo se refiere a hacer un llamado a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para que en su siguiente reunión ordinaria informe sobre la situación de los trabajadores jornaleros y su posible victimización a través de la trata de personas con fines de explotación.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, propuso incluir en el punto de acuerdo la creación de una comisión plural de senadores para que visiten al Valle de San Quintín, en Baja California, y constatar las condiciones de trabajo de los jornaleros.
Recordó que presentó un punto de acuerdo, en el pasado periodo de sesiones, el 25 de junio de 2014, donde planteaba lo mismo que se incluye en la propuesta actual, sin que obtuviera una solución para la explotación laboral que denunció.
La senadora Mayela Quiroga Tamez, del PRI, puntualizó que el año pasado, por primera vez, se trabajó en la realización de un programa operativo anual, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo, las cámaras empresariales y los sindicatos, para establecer el plan de trabajo de la STPS para 2015.
Dijo que la coordinación de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión ha fortalecido a la Ley Federal del Trabajo, lo que incluye la publicación, el pasado 17 de junio, del Reglamento Inspectivo con el que dicha Secretaría está realizando las revisiones que descubrieron los malos tratos a los jornaleros de San Quintín.
El senador del PAN, Héctor Larios Córdova, aseveró que no se puede generalizar que todos los programas jornaleros son malos, pues aseguró que se habla mucho de violaciones a derechos humanos o bien que viven en condiciones infrahumanas.
El legislador panista sostuvo que todo este panorama no necesariamente es cierto, por lo que es preciso aclarar que existen zonas agrícolas en el país que cumplen con todas sus obligaciones, particularmente en el norte en donde muchos los trabajadores están afiliados al Seguro Social e incluso sindicalizados.
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