BOLETÍN-1276 Legisladores cuestionan a Blake sobre política migratoria.
Senadores y diputados cuestionaron al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, sobre el estado que guarda la depuración y aplicación de controles de confianza en el Instituto Nacional de Migración, el avance del reglamento de la Ley de Migración y la percepción de México ante el extranjero por las masacres de indocumentados.
En la comparecencia del funcionario ante la Primera Comisión de la Permanente, el senador priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez reiteró que cada día los migrantes padecen secuestros, trabajos forzados, violaciones, golpizas, extorsiones y maltrato, “no sólo por parte de delincuentes sino de quienes están llamados por la ley a protegerlos”.
La gravedad de la situación, subrayó, “ha significado un golpe” para la imagen de México frente a América Latina e “incide en una merma de nuestra autoridad para exigir a otras naciones el respeto de los derechos de nuestros conciudadanos”.
Demandó que se atienda puntualmente la denuncia del sacerdote Alejandro Solalinde, quien afirmó que el pasado 24 de junio, en el poblado de Medias Aguas, Veracruz, un grupo de 10 sujetos armados a bordo de camionetas de lujo secuestraron entre 60 y 80 indocumentados, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Pacheco Rodríguez expresó que resolver la crisis migratoria “no sólo es una cuestión inaplazable” que redundará en beneficio de los derechos humanos sino en la propia seguridad nacional.
“Si somos capaces de respetar la dignidad de los migrantes que cruzan por nuestro país --consideró-- habremos dado un importante paso para reposicionar nuestro liderazgo a nivel regional y podremos reclamar a otros países el respeto de los derechos de nuestros ciudadanos”.
A su vez, la diputada panista Norma Leticia Salazar Vázquez, cuestionó a Blake Mora sobre las acciones que implementa el gobierno “en las vías del tren y en las carreteras del país” para frenar ilícitos que no se ha logrado contener.
Solicitó datos sobre en el avance en la reestructuración del INM y en cuánto tiempo se contará con una institución y servidores públicos acordes al nuevo marco legal en materia migratoria y a los compromisos internacionales sobre derechos humanos.
También pidió información sobre las medidas para combatir el tráfico de personas y para salvaguardar la seguridad y vida de los migrantes.
En tanto, el senador perredista Tomás Torres Mercado consideró que la disminución de la trasmigración en México se generó “por el terror de pasar a las puertas del infierno en el tránsito de nuestros hermanos migrantes de la frontera sur a la norte”.
En el país, recordó, “hay cerca de 40 mil ejecutados y Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó más de 11 mil secuestros, sin que se atribuya la responsabilidad al Ejecutivo federal, a la Segob o al INM”.
Ante tal situación, el legislador preguntó cuál es el porcentaje de ofendidos y de víctimas que no cuentan con una visa humanitaria y el número de denuncias que han generado procesos penales en contra de delegados o subdelegados regionales o locales por algún nivel de complicidad por la violación a la Ley de Migración.
Por su parte, el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde, consideró que la situación que viven los inmigrantes centroamericanos que cruzan por el país en busca de una mejor calidad de vida, genera la peor percepción, la peor cara de México en el extranjero.
Expresó que es indispensable invertir recursos económicos, tecnología y controles de corrupción en la policía que vigila los cruces fronterizos del sur, ya que se tiene el registro de que 140 mil extranjeros cruzaron por ahí, en la mayoría de los casos, casi con absoluta libertad.
Además, preguntó al funcionario federal en qué estado se encuentra el reglamento de la Ley de Migración y cuándo estará listo para su publicación.
En la masacre de San Fernando participaron “menores de edad”: Segob
En sus respuestas, Blake Mora aseguró que “no vamos a detenernos” en la depuración del Instituto Nacional de Migración y “cualquier acto que exacerbe sus competencias y vulnere los derechos y las garantías de las migrantes será sancionado”.
Dijo que en este momento están arraigados seis elementos por presuntos vínculos con la delincuencia “y no lo vamos a tolerar, vamos a trabajar en la depuración del INM; es un compromiso que hago a los senadores y diputados”.
Reveló que en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, participaron menores de 14 y 15 años y se identificó a 86 personas como responsables de la misma.
En este momento, agregó, hay 81 órdenes de aprehensión giradas.
Aseguró que la política migratoria del Estado sí le da congruencia a nuestro país en su exigencia por el respeto a los derechos humanos de los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.
Sobre los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseveró que “no toda la información que se presenta en un informe está judicializada y por tanto a veces es complicado atender estas denuncias por que no hay un testigo específico”.
Muchas de esas denuncias, subrayó, son realizadas ante la CNDH, pero no siempre a las procuradurías locales o la Procuraduría General de la República, por lo que “es importante que estas cifras, como lo hemos ofrecido a la CNDH, las podamos consolidar”.
Asimismo, el secretario de Gobernación consideró indispensable trabajar con los gobiernos de los estados para fortalecer sus fiscalías porque “el secuestro, la extorsión y trata de personas, caen el ámbito de competencia de las autoridades locales y es necesario la corresponsabilidad para fortalecer las instituciones”.
En este sentido, aseguró que para el gobierno federal “lo más importante” es combatir a las bandas criminales que atentan contra los indocumentados y por esa razón en varias entidades se encuentran las Fuerzas Armadas, pero sólo “en una acción subsidiaria y temporal, en la medida que los estados escalen en sus capacidades”.
Respecto al secuestro de personas sin documentos en el poblado de Medias Aguas expresó: “Estamos procurando tener todos los datos y en esa averiguación no hay, hasta estos momentos, los indicios de secuestro en la magnitud que se planteó”.
Sin embargo, “no queremos descartar absolutamente nada, seguimos en la investigación, seguimos trabajando con las procuradurías local y federal para no dejar ningún dato en el tintero”.
También explicó que se está a tiempo y se realizan mesas de trabajo para atender algunos apartados fundamentales del reglamento de la nueva Ley de Migración.
En la segunda ronda de intervenciones, la diputada priista Beatriz Paredes Rangel dijo que es indispensable un replanteamiento estratégico con Estados Unidos porque a “México no le compete ajustar su estrategia migratoria a la que requiere el país del norte”.
No se trata --explicó-- de que en unas áreas del continente haya estados que tengan que hacer la política restrictiva y que al hacer esa política de alguna manera legitimen la que está golpeando tanto a nuestros compatriotas.
En este sentido, externó su preocupación por la deportación de más de 3 mil 500 niños mexicanos en los últimos meses sin que haya una estrategia de reinserción a familias.
“Familias que no existen porque precisamente fueron a buscar oportunidades a otro lado”, asentó.
La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, indicó que los secuestros masivos se concentran en el sureste del país en un 67 por ciento de los casos, el norte con 29 por ciento y el centro del país registra un 2 por ciento.
Las entidades más peligrosas, añadió, son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas, por lo que preguntó ¿cómo se coordina la Federación con los estados? Pues la responsabilidad también es estatal.
Por el PRD, el diputado Armando Ríos Piter argumentó que después de recibir el informe de Medias Aguas se queda con la sensación de que el avance es “totalmente nulo”, así como la impresión de que no hay contundencia en la información.
Refirió que el informe especial sobre secuestro de migrantes en México 2010, --de la CNDH--, documenta aproximadamente 214 casos de secuestro masivo de migrantes de abril a septiembre de 2010, dando un total 11 mil 333 víctimas.
Al término de la comparecencia, el senador José Guadarrama advirtió que mientras el Ejecutivo no tome en serio el problema de derechos humanos que venimos arrastrando “seguirá siendo cada vez más peligroso internarse en territorio nacional”.
Y digo que no se lo ha tomado en serio porque cada vez que se da una cifra sobre el número de secuestros el gobierno la minimiza y la descalifica, apuntó.
Sin embargo, expresó que más allá de la lucha política y de las distintas visiones que pueden existir, la defensa de los derechos humanos de todos aquellos que se encuentren en nuestro territorio es una causa y un objetivo común.
Por ello, pidió que el Ejecutivo haga un alto en el camino, a fin de que reflexione y “tengamos hechos concretos lo más pronto posible en este tema tan importante para los migrantes”.
En el encuentro estuvieron legisladores de las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, así de las de Asuntos Fronterizos Zona Norte, Zona Sur y de Población y Desarrollo del Senado de la República.
