Número-329
- Cataloga robo de gasolina y diésel como delincuencia organizada, aumenta las sanciones por venta de “litros” incompletos.
- Al tipificar el “sabotaje a instalaciones petroleras”, se excluyen y salvaguardan derechos de libertad de expresión y libre asociación.
El Senado de la República aprobó, con 80 votos a favor y siete en contra, la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, que cataloga el robo de gasolina y diésel como delincuencia organizada, con penas que llegan hasta los 35 años de prisión y multas acordes al daño patrimonial.
Las sanciones se establecerán de manera proporcional al daño causado, y se considerarán responsables a todos los que participan en la extracción y venta ilegal de petrolíferos, incluidos servidores públicos. La norma establece penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 17 mil a 27 mil días de salario mínimo, a quienes participen en la venta de litros incompletos de gasolina y gas LP.
El dictamen, remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, incluye la aprobación de reformas y adiciones al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; a los artículos 254 Ter, 254 , 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad Meneses, apuntó la necesidad de elevar a delito grave el robo de hidrocarburos, pues además del daño patrimonial al erario público, se pone en constante riesgo a la población que habita en torno a los ductos por posibles explosiones, fugas y derrames, aunándose a esto el daño al medio ambiente.
Destacó que hubo una intensa labor de consenso entre los grupos parlamentarios para avalar este dictamen, por lo que en la tipificación en el artículo 16 , se agregó un segundo párrafo para salvaguardar los derechos a la libre manifestación, expresión de opiniones e ideas y la libertad de reunión. “Esto no es sabotaje”, subrayó.
El primer párrafo de dicho artículo establece que se sancionará de 30 a 40 años de prisión y multa de 50,000 a 65,000 de salarios mínimo vigente, a quien por cualquier medio realice actos de sabotaje en los equipos, instalaciones o bienes muebles o inmuebles de la industria de los hidrocarburos.
Resaltó que se trata de una reforma de carácter estrictamente penal, en la que se consideraron opiniones de expertos académicos en la materia y de la Procuraduría General de la República, así como de funcionarios de Pemex y de las secretarías de Energía y Gobernación.
El dictamen aprobado apunta que el daño patrimonial para la industria en 2011 ascendió a 23 mil 900 millones de pesos; en 2012 a la cantidad de 33 mil 200 millones de pesos. De septiembre de 2013 a agosto de 2014, estas cifras representan aproximadamente 15 mil 300 millones de pesos.
El año pasado, apuntó el senador Fayad Meneses , la merma provocada fue por 2 mil millones de dólares, lo que representa seis veces más que el presupuesto destinado al programa de Comedores Comunitarios; cuatro por encima del Apoyo Alimentario, la mitad de Prospera y el 40 por ciento de los recursos destinados a Adultos Mayores.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, aseguró por su parte que con la nueva norma se fortalece el combate delitos que se habían convertido en fuentes de financiamiento para la delincuencia organizada, específicamente la venta ilegal de hidrocarburos.
La “ordeña” de ductos de combustibles ha permitido el florecimiento de una actividad perniciosa que vulnera a México y favorece el clima de impunidad de parte del crimen organizado, por lo que es indispensable adoptar medidas efectivas en el combate a este delito que atenta contra el patrimonio de los mexicanos.
La nueva ley, agregó, dará certeza a los consumidores de combustible de que se le provean litros completos y con ello se protege sus recursos.
Al fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, su coordinador parlamentario Manuel Bartlett Díaz aseguró el objetivo real de la nueva ley es crear un régimen especial en favor de intereses extranjeros, que en el corto plazo se van a beneficiar de los hidrocarburos del país.
“No es adecuado engañar a la población diciendo que el nuevo régimen penal es para proteger los intereses de la nación”, subrayó al reiterar que se pretende dar certidumbre a los nuevos inversionistas petroleros, en su mayoría extranjeros.
Al manifestar la postura a favor del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Dolores Padierna Luna sostuvo que hubo avances importantes en la conformación de la nueva ley, en especial al hacerse modificaciones para que se exentara de la clasificación de sabotaje a las manifestaciones e inconformidades en contra de la privatización del sector energético.
“Este es un uno de los primeros parches al modelo legal surgido de la reforma energética, que pone en evidencia que ésta fue insuficiente”, apuntó, al advertir que el PRD mantendrá su postura contra el modelo privatizador, por lo que estarán atentos a cada uno de los pasos que se dan en la implementación de la reforma energética.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la senadora María del Pilar Ortega Martínez rechazó que el dictamen corresponda a un régimen especial a favor de las empresas privadas, al explicar que acorde a la experiencia parlamentaria, las leyes especiales tienen un efecto positivo para la protección y sanción de delitos que afectan los intereses de la nación, como es el caso del robo y venta clandestina de hidrocarburos.
Por tanto, sostuvo, se logrará poner un alto a estos ilícitos, se dará mayor certeza jurídica a los mexicanos, y se garantizará la protección del patrimonio del Estado, y de las personas relacionadas con la industria de hidrocarburos.
Al abrir la discusión en lo general, el senador David Monreal Ávila refrendó la postura del PT en el sentido de la que esta ley sólo busca proteger los intereses extranjeros, pues de hecho ha iniciado un proceso para debilitar a Petróleos Mexicanos y a la industria nacional.
En contra del dictamen, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, manifestó que se hizo un diagnóstico equivocado de lo que implica el robo de gasolina en el país, pues no hay terroristas ni saboteadores involucrados, sino ladrones de cuello blanco y asalariados capacitados por Petróleos Mexicanos, que desde dentro, o ya despedidos, orquestan el robo de gasolina a través de tomas clandestinas en todo el país.
En favor de la propuesta, el senador Fiel Demédicis Hidalgo, del PRD, precisó que con la nueva normatividad se plantea proteger la economía nacional, pues se atacará de manera frontal a los gasolineras que no dan litros de a litro y, al mismo tiempo, inhibirá los delitos ya que agrava las penas para quienes roban combustible.
Al hablar a favor del dictamen, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Juan Gerardo Flores Ramírez, indicó que el robo de hidrocarburos se ha agudizado, por lo que urgió a atacarlo a la brevedad, ya que pone en riesgo la integridad de las comunidades donde se comete el delito, además de dañar el medio ambiente.
Para hablar a favor del dictamen, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, dijo que la venta de gasolina en la frontera sur ha caído hasta en 90 por ciento y la economía regional se ha contraído, dado el contrabando y venta ilegal del combustible en la frontera con Guatemala. Tan sólo un galón de gasolina cuesta 22.49 quetzales, lo que equivale a 44.98 pesos, denunció.
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