Número-327
- El proyecto de dictamen por el que se expide la legislación fue aprobada por unanimidad en comisiones unidas.
- La iniciativa determina el régimen que tiene la información: pública, reservada o confidencial; las obligaciones de los entes públicos; y las condiciones de acceso a la información pública.
Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por unanimidad en lo general el dictamen por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que determina el tipo de régimen que tiene la información: pública, reservada o confidencial; las obligaciones de los entes públicos; y las condiciones de acceso a la información pública.
También determina que los fondos y fideicomisos, públicos y privados, tendrán que rendir cuentas del manejo de los recursos; el esquema de contrataciones y rendición de cuentas en el sector energético, especialmente en el Fondo Mexicano del Petróleo; y el fortalecimiento de la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), entre otros aspectos.
Los legisladores integrantes de las comisiones señalaron que la discusión en lo particular se realizará ante el Pleno en sesión ordinaria. Coincidieron en que el proyecto de ley, de 215 artículos en nueve Títulos, tiene avances en la materia y se privilegió el diálogo para recabar propuestas del IFAI, académicos, asociaciones civiles y los Grupos Parlamentarios que conforman a este órgano legislativo.
La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que el proyecto propone el proceso para la apertura de la información en caso de violaciones graves de derechos humanos, cuando no exista pronunciamiento previo de la autoridad competente; los mecanismos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de fideicomisos y de fondos públicos que no cuenten con estructura; el modelo sancionatorio; y la excepción en los comités de transparencia en materia de seguridad nacional, las causales de reserva en casos relacionados con la estabilidad financiera, económica, monetaria, de seguridad pública y la adición de las pruebas de daño y de interés público.
No obstante de coincidir en que la iniciativa fue conformada por un grupo plural de legisladores, el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, señaló que aún es perfectible. Añadió que faltan tres legislaciones más en la materia: aprobar la Ley Federal de Acceso a la Información, la Ley General de Protección de Datos Personales, elaborar la Ley General de Archivos y, además, garantizar que las adecuaciones que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecerá para la legislación de los estados, se realicen a la brevedad posible.
En su oportunidad, la senadora Marcela Torres Peimbert, del PAN, comentó que a pesar de que aún falta incluir más mecanismos de transparencia al proyecto, éste es un avance en la materia. Ya que se incluyeron la prueba de daño, que tendrá que ofrecer el sujeto obligado al momento de reservar una información, y la prueba de interés público, que es lo contrario: demostrar que hay un interés público en que se revele cierta información. También se obliga a rendir cuentas a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y a los integrantes del Poder Judicial sobre los recursos que le son asignados. Además de que los ciudadanos podrán denunciar al ente público que se niegue a proporcionar información.
La senadora Laura Rojas Hernández, del PAN, calificó como un logro histórico la creación de este proyecto de ley, pues es un paso para democratizar la información. Apuntó que entre los puntos relevantes de la iniciativa están: garantizar la generación de información, la aplicación de las pruebas de daño y de interés público desde el momento en que se clasifica la información y la prevalencia de la ley, es decir, las reservas en otras leyes especializadas nunca podrán contravenirla. En cuanto a las violaciones graves de derechos humanos, el proyecto establece que no se tendrá que esperar a que haya una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ordene la apertura de información.
La senadora Pilar Ortega Martínez, también del PAN, comentó que el dictamen coadyuva a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el país; también aceptó que es un instrumento perfectible y en un futuro tendrá que ser adecuado para cumplir con los principios de transparencia; sin embargo, esta es la reforma más importante en la materia en la historia de México.
La senadora Angélica de la Peña, del PRD, señaló que la ley en ciernes es sui géneris, ya que no deja sin efecto las leyes estatales o la federal. Explicó que aún hay temas que preocupan, como la redacción de los artículos 5 y 115. Destacó la incorporación en el dictamen de los derechos de personas con discapacidad; asimismo, dijo que es importante considerar las observaciones que realizó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que compromete a México con los tratados internacionales.
El senador Zoé Robledo, del PRD, señaló que quedó fuera del dictamen la protección a informantes, o sea, a funcionarios públicos que denuncien actos irregulares que vayan en contra del interés público; añadió que el documento tampoco ofrece una explicación del porqué no fue incluida. Calificó esto como un retroceso, porque no existe la posibilidad de otorgar garantías a quienes están dispuestos a defender la democracia desde sus posiciones cuando encuentran un tema indebido.
En ese sentido, el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, dijo que si bien la revelación de un informante pudiera tener efectos agregados en la transparencia, no es una materia asociada al acceso a la información pública; por lo que se tomó la decisión técnica de llevar esta excluyente de responsabilidad a la norma que establece la condición de responsabilidad administrativa o penal por violar la reserva o confidencialidad de cierta información, en estos casos concretos.
Detalló que en el dictamen se tomaron en cuenta tres rubros: los supuestos de publicidad, es decir qué tipo de régimen tiene la información, pública, reservada o de confidencialidad; cuáles son las obligaciones de los entes públicos; y las condiciones de acceso a la información pública.
El senador Benjamín Robles, del PRD, dijo que los senadores están obligados a responder las exigencias de la sociedad para revertir la mala imagen, y el trabajo que realizaron las comisiones unidas en materia de transparencia con la elaboración de la iniciativa, abona en sentido positivo. Dijo estar convencido de que esta propuesta representa un paso importante para fomentar la rendición de cuentas en el país.
Por su parte, el senador Javier Corral, del PAN, reconoció la apertura en el diálogo para presentar propuestas en la conformación de la iniciativa. Sin embargo, explicó que el artículo 72 de la iniciativa contiene expresiones genéricas en materia de obligaciones de transparencia al Congreso de la Unión, a los poderes legislativos de los estados, a sus órganos de gobierno y sus grupos parlamentarios; por lo que se debe realizar un esfuerzo por detallar las obligaciones de transparencia, porque en la ambigüedad de la redacción de las leyes, es donde se “anida” el pretexto de la opacidad.
El senador Omar Fayad, del PRI, comentó que en el dictamen se encuentran los principios, las bases y procedimientos que garantizan el derecho de transparencia y acceso a la información. Dijo que es lo que más se acerca a la “caja de cristal” con la que los ciudadanos quieren mirar al interior de los organismos federales, estatales y municipales.
Finalmente, la senadora Mayela Quiroga, del PRI, dijo que un punto importante, a cumplir con la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, será que los entes públicos tengan al personal capacitado para dar respuesta, y evitar sanciones por irregularidades provocadas por desconocimiento de la norma.
A la reunión de trabajo de las comisiones unidas también asistieron los senadores Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana; Emilio Gamboa Patrón, Ismael Hernández Deras, Héctor Larios Córdova, Daniel Amador Gaxiola, Mónica Arriola Gordillo, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar Fernández y María Hilaria Domínguez Arvizu.
Se prevé que el dictamen del proyecto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública quede de Primera Lectura durante la sesión ordinaria de hoy.
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