BOLETÍN-1255 Pide SIEDO fortalecer a MP para combatir naroctráfico con mayor eficacia.
La titular de SIEDO demandó al Congreso fortalecer al Ministerio Público, a fin de combatir con eficacia las nuevas amenazas para el Estado, como el narcotráfico.
La titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Patricia Bugarin Gutiérrez, demandó al Congreso fortalecer al Ministerio Público, a fin de combatir con eficacia las nuevas amenazas para el Estado, como el narcotráfico.
En el foro Importancia de la seguridad nacional en el marco de una sociedad democrática, la funcionaria asentó que es necesario que el Ministerio Público cuente con más herramientas jurídicas para desarrollar su trabajo, obtener resultados satisfactorios en la persecución de ilícitos y colaborar con otras instituciones de investigación.
Dijo que el MP federal es un garante de la legalidad, por lo que tiene la obligación de salvaguardar los bienes jurídicos, investigar y perseguir los delitos, pues su principal rol es la defensa de la sociedad.
Además, señaló que para el Ministerio Público, en el combate a la delincuencia organizada, “no basta con la existencia de una denuncia”, sino que es preciso “conformar instrumentos más específicos que, guardando la secrecía de los datos de la víctima, nos ayuden a investigar los ilícitos”.
En el análisis sobre la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas y los Sistemas de Inteligencia de Seguridad Nacional, Patricia Bugarin consideró que es indispensable la vinculación entre los organismos que generan inteligencia como el CISEN y el Ministerio de Público, porque a éste le compete construir casos y acreditar los delitos.
Dijo que otras obligaciones del MP es participar en los procesos de clasificación y descalificación de información en materia de seguridad nacional, así como la recepción de denuncias por parte del Consejo de Seguridad Nacional.
Sostuvo que en el presente sexenio, con la participación de las Fuerzas Armadas se incrementó el número de detenciones de 70 mil 302 en 2000 a 2005, a 131 mil 399 de 2006 a 2010.
Informó que de 2006 a 2011 fueron arraigadas 6 mil 122 personas y consignadas 5 mil siete personas, logrando una efectividad del 82 por ciento, mientras que la eficiencia de la consignación frente a la orden de aprehensión fue de 96 por ciento, pasando de 5 mil siete consignados a 4 mil 783 personas en proceso.
En su turno, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consideró que el gran problema de la seguridad nacional tiene que ver directamente con la corrupción, ineficacia de las instituciones y con la “situación de Estado fallido”.
Por ello, planteó que en la agenda de riesgos y amenazas se defina “en términos extra-delictivos” las situaciones estructurales que originaron el problema.
Asimismo, manifestó que en el borrador de la ley se debe concebir desde la perspectiva de que la seguridad se consigue a partir de la protección de derechos humanos y de los económicos, sociales y ambientales.
Entre otras cosas, dijo, se debe dotar de un marco normativo para la acción de las Fuerzas Armadas, a través de condiciones que les permitan enfrentar las amenazas a la seguridad nacional.
“Ante el uso de las Fuerzas Armadas, por parte del Ejecutivo, se tiene que proteger la seguridad reconociendo el fuero como mecanismo para garantizar protección de las instituciones armadas”, subrayó González Placencia.
Por su parte, Jorge Chabat, investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE, aseguró que la corrupción “es la amenaza mucho más grave” que propicia el crimen organizado, porque “no es visible ni evidente y penetra al Estado de manera sutil”.
“Esto --agregó-- hace que el Estado sea ineficiente para proteger a los ciudadanos, otorgar gobernabilidad y garantizar los derechos humanos”, por lo que “cada vez es más claro que es un tema de seguridad nacional”.
Por ello, en opinión del analista primero se tiene que resolver este problema para poder combatir a otras amenazas como la violencia o a la propia delincuencia organizada.
Dijo que el desarrollo de sistemas de inteligencia profesionales es central para enfrentar al crimen organizado y terrorismo, pues su combate con las Fuerzas Armadas y policías “no es suficiente porque no son enemigos tradicionales, que se presentan en batalla, como el Ejército, sino que utilizan tácticas de guerrillas y su principal arma es la corrupción”.
Afirmó que la inteligencia como el uso de la fuerza con controles y en apego a la ley “no va en contra de la naturaleza del Estado democrático”, por lo que “la idea de que cualquier uso de la policía es por definición represión, es absurda y falsa”.
Por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el diputado Gustavo González Hernández señaló que para legislar en materia de seguridad nacional primero se tiene que distinguir entre concepto, término, definición legal, política y doctrina.
El legislador del PAN resaltó que el debate no se debe centrar sólo en la seguridad interna, sino también resolver los problemas conceptuales, de control y secrecía de la seguridad nacional.
Dijo que “si una acción tomada, en nombre de la seguridad nacional, reprime los derechos humanos, su justificación no puede estar soportada por sopesar las necesidades de la seguridad nacional en contra de la pérdida individual”.
--oo0oo--
