BOLETÍN-1245 Solicita la Permanente verificar situación patrimonial del Poder Judicial.
La Comisión Permanente invitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a llevar a cabo, con el Congreso, un diagnóstico de la justicia en México que permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia.
Del mismo modo, exhortó al CJF a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para intercambiar información y verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial.
En punto de acuerdo aprobado, se expone que el pasado 28 de enero el CJF denunció ante la PGR a Esiquio Martínez Fernández, quien se desempeñaba como secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa, por la detección de movimientos bancarios inexplicables que sumaban 432 millones 536 mil 378 pesos.
El funcionario judicial, se precisa, sólo había declarado ante el Sistema de Administración Tributaria ingresos netos por 5 millones 444 mil 814.25 pesos, en el periodo 2003-2010.
Como resultado de las indagatorias correspondientes, se resalta en el dictamen, el Ministerio Público de la Federación determinó ejercer acción penal en contra Martínez Fernández, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Sobre el tema, el senador perredista, Pablo Gómez Álvarez, dijo que los recientes escándalos en el Poder Judicial “ha movido a muchos legisladores a examinar el problema y buscar los medios para prevenir y combatir el enriquecimiento ilícito, así como otros delitos que cometan sus miembros”.
Dijo que las respuestas del Poder Judicial ante los señalamientos sobre la inconsistencia de muchos juzgadores, “son normalmente de rechazo” porque es muy difícil obtener información sobre los recursos de los jueces,” es prácticamente imposible porque hay el secreto bancario”.
En este contexto, el legislador se pronunció en contra del secreto bancario porque “no es más que pura tapadera, pero existe el argumento de que no debemos poner los recursos líquidos de las personas porque los secuestradores también podrían usar esa información”.
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