Número-273
- Espacios verdes en México están por debajo de lo que propone la Organización Mundial de la Salud.
- La urbanización es un factor de presión sobre el medio ambiente, se destaca en dictamen de la Cámara de Senadores.
Con 82 votos a favor, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para reformar el artículo 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de fomentar la creación, preservación y expansión de áreas verdes en los centros de población.
En el dictamen se menciona que en varias regiones como el Valle de México, Guadalajara y Puebla existen áreas verdes por debajo de los cinco metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el porcentaje mínimo debe ser de 10 metros cuadrados por habitante.
Dicha situación, se agrega, “subyace en el hecho de que se carece de planes, programas y políticas públicas ambientales por parte de los municipios más desarrollados y aquellos en crecimiento, que se ocupen de las áreas verdes y su crecimiento constante a la par del aumento de la población”.
En las consideraciones de la propuesta, los senadores subrayan que la urbanización es un factor de presión sobre el medio ambiente, por lo que el aumento y expansión de centros urbanos afecta de manera directa el entorno.
La incorporación del ámbito ambiental en la agenda, afirmaron, ha resaltado la pertinencia de implementar algunas medidas para lograr ciudades sustentables, como mejorar el servicio de transporte colectivo, la disminución de los cambios en el uso de suelo, la preservación de áreas verdes y el consumo eficiente de agua y energía.
Por ello, plantearon modificar la fracción V del artículo 8 de la Ley para establecer que a los municipios les corresponde la implementación de políticas y programas para la creación, preservación y expansión de las áreas verdes de su jurisdicción.
Lo anterior, a fin de mantener una calidad, accesibilidad y proporción de espacios verdes que no podrán ser menores de lo que establezcan las legislaciones estatales en la materia, las cuales, a su vez, deberán observar los lineamientos generales que para tal efecto emitan las autoridades federales competentes, según corresponda.
El proyecto se envió a la Cámara de Diputados.
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