BOLETÍN-1220 Reporta IMSS a la Permanente situación financiera complicada.
Las perspectivas de corto plazo del Instituto Mexicano del Seguro Social son desfavorables debido a que se espera que el crecimiento de los ingresos, como resultado del aumento en el número de asegurados y en los salarios, sea menor al crecimiento del pasivo laboral y del gasto en servicios de personal.
Es decir, las proyecciones del flujo de efectivo de ingresos y gastos para el periodo 2011-2016 muestran que los gastos serán superiores a los ingresos.
La situación financiera del IMSS, contenida en un informe remitido a la Comisión Permanente, “es complicada”, toda vez que se observa un desequilibrio estructural o déficit entre los ingresos y gastos del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) así como del Seguro de Salud para la Familia (SSFAM).
Sin embargo, al registrar el total de las obligaciones laborales del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto, el SEM y el SSFAM arrojan un mayor déficit, mientras que los seguros por Riesgos de Trabajo y el de Guarderías y Prestaciones Sociales se vuelven deficitarios y el de Invalidez y Vida disminuye su excedente de ingresos.
En el reporte, el Seguro Social advierte que el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual (FCOLCLC) tenía un saldo de 33 mil 706 millones y tan sólo en 2009 y el año pasado se utilizaron 14 mil 303 millones de pesos para el pago de jubilaciones y pensiones.
Dicho Fondo, estima el IMSS, “se agotará en 2012”.
La dependencia señala que la transferencia de recursos de los seguros superavitarios, como Riesgos de Trabajo e Invalidez y Vida, a su reserva financiera y actuarial --de acuerdo con la Ley de Ingresos para este año-- dará “un respiro financiero” que “será temporal y finalizará entre 2014 y 2016”.
Si bien 2010 “fue un año de recuperación económica”, el IMSS enfrenta una doble transición: la demográfica y la epidemiológica, que se caracteriza por el envejecimiento de la población derechohabiente y por la mayor prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas de alto costo.
Por ello, estima indispensable la adopción de reformas estructurales, incluyendo cambios al marco legal, que permitan aumentar los ingresos y distribuirlos de acuerdo a cada ramo de aseguramiento.
La propuesta para que el gobierno federal aporte el 50 por ciento del costo estimado para seis padecimientos de alto impacto financiero para el IMSS, destaca como la principal solución a los problemas financieros del Seguro de Enfermedades y Maternidad.
Con ello, se trata de fortalecer el financiamiento para atender enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama y virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
El gasto total estimado en 2010 para la atención médica de estos seis padecimientos asciende a 53 mil 392 millones de pesos.
Entre las demás opciones que plantea el IMSS sobresale la propuesta de reformar el artículo 242 de la Ley del Seguro Social para que sea su Consejo Técnico el que determine el ajuste e importe de las cuotas al Seguro de Salud para la Familia.
Sugiere además fortalecer el financiamiento del Seguro de Salud para Estudiantes a través de una aportación del gobierno federal equivalente a una cuota de 7.485 por ciento de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para cada estudiante.
Propone la introducción, a través de una aportación adicional del gobierno federal, de una cuota fija diaria por pensionado para el financiamiento de Gastos Médicos a Pensionados del Seguro de Enfermedades y Maternidad, equivalente a 13.9 por ciento de un salario mínimo de julio de 1977, actualizada trimestralmente.
Finalmente, el IMSS afirma que si estas políticas fueran adoptadas al mismo tiempo, el valor presente de sus beneficios sería equivalente a 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto de 2011 y como resultado “se eliminaría prácticamente el déficit global del Instituto que asciende a 13.3 por ciento del PIB” de este año.
El informe en cuestión fue turnado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de las cámaras de Senadores y de Diputados.
