- La senadora asegura que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura a manos del Ejército son prácticas sistemáticas.
- Es necesario instrumentar una estrategia que dé cumplimiento a las recomendaciones de diversos organismos internacionales.
Los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura a manos del Ejército Mexicano, lejos de ser un accidente o un caso aislado, son prácticas generalizadas y sistemáticas, toleradas o encubiertas, aseguró la senadora Angélica de la Peña Gómez.
Dijo que la mayoría de estos casos no han sido accidentes, excesos o hechos aislados, sino cuestiones que tal y como lo acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos constituyen un patrón sistemático de tortura dentro de las bases militares.
La utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido una de las decisiones más perjudiciales para la consolidación de nuestra democracia. La realidad nos demuestra que los efectos han sido devastadores para la sociedad y para un estado de derecho “cada vez más frágil”, subrayó.
Por tal motivo, a través de un punto de acuerdo, la legisladora propuso hacer un llamado al Ejecutivo federal para que instrumente una estrategia que dé cumplimiento a las recomendaciones de diversos organismos internacionales, para retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.
Refirió que según el relator de la Organización de las Naciones Unidas, sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, la presencia de militares mexicanos en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los ciudadanos, porque fomenta violaciones a los derechos humanos.
Expresó que en lugar de reconocer los hechos, se ha pretendido minimizar la situación de conflicto armado que vive el país, asegurando que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano son “excepcionales” y por tanto no pueden considerarse como “sistemáticas”.
Aunado a ello, lo que se ha puesto innecesariamente en riesgo a partir de su aparición en tareas de seguridad, es la lealtad del poder civil al prestigio y la honorabilidad que históricamente han constituido la base de legitimidad de las fuerzas armadas, manifestó.
Existe una gran cantidad de elementos para comenzar a discutir con seriedad la urgente necesidad de replantear el rol que hasta ahora han jugado las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, concluyó.
El documento se envió a la Comisión de Derechos Humanos.
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