Número-146
- Instituto Belisario Domínguez presentó el libro “La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual”.
- Aún existen quienes piensan que el respeto íntegro de los derechos humanos es un obstáculo para el ejercicio de la autoridad: Herrera Ávila.
El Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Fernando Herrera Ávila, presentó este miércoles el libro “La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual”, obra en la que se analizan las implicaciones de esta enmienda en los ámbitos Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
En la presentación, senadores, especialistas y académicos destacaron que para aterrizar la reforma constitucional en esta materia, que aprobó el Congreso en 2011, se necesita “depurar” las normas que son incompatibles y que el Ejecutivo federal genere políticas públicas orientadas a la protección y respeto de los derechos humanos.
Herrera Ávila destacó que “aunque parezca increíble aún existen quienes piensan que el respeto íntegro de los derechos humanos es un obstáculo para el ejercicio de la autoridad y la eficacia de la administración pública”.
Por eso, agregó, establecer que en México todas las personas gozan de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el país forma parte, “significa un cambio positivo y profundo en el funcionamiento del Estado”.
El coordinador parlamentario de Acción Nacional hizo notar que se trata de cambios de gran calado que requieren de estudio y difusión, por lo que el libro responde a esa necesidad de contar con una herramienta para analizar los distintos temas y aspectos relativos a la concepción y tutela de los derechos humanos en México.
A la presentación asistió el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa Huerta, quién expresó que la lucha por los derechos humanos y su reconocimiento en el marco legal, es una lucha “para que la autoridad, en un ejercicio discrecional, vaya cediendo espacios a las personas, al ciudadano y a la dignidad humana”.
Dijo que al Poder Legislativo le corresponde ajustar el marco jurídico al sistema garantista y proteccionista de la enmienda constitucional; el Ejecutivo debe generar políticas públicas para su promoción, respeto y cumplimiento; y el Poder Judicial debe aplicar de manera estricta la ley con base en este paradigma y a los acuerdos internacionales.
Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la protección de los derechos humanos no sólo requiere de un reconocimiento legislativo, de normas secundarias, de buenos jueces e interpretaciones, sino de políticas públicas y partidas presupuestales.
Consideró que aún está pendiente la depuración de disposiciones legales vigentes, pero que han quedado materialmente desactualizadas porque son incompatibles con la reforma.
En tanto, Leticia Bonifaz Alfonzo, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó que si se plasma un derecho en la Constitución debe ser plenamente exigible y por esa razón el Ejecutivo tiene que establecer las políticas públicas para su garantía.
De lo que se trata, subrayó, es evitar que un menor número de casos en esta materia se resuelvan en la SCJN y que, de manera excepcional, sean los jueces, magistrados y ministros quienes den elementos para el ejercicio pleno de los derechos humanos.
José de Jesús Orozco Henríquez expresó que independientemente del gobierno en turno, todas las políticas públicas están condicionadas y moldeadas por el respeto irrestricto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, por lo que “no son promesas sino obligaciones actuales a cargo del Estado”.
Además, dijo que en la medida en que los tribunales nacionales ejerzan cada vez con mayor eficacia sus atribuciones, solucionado con verdad, justicia y conforme a los estándares internacionales los litigios que les sean sometidos a su jurisdicción, no sólo estarán cumpliendo con las obligaciones asumidas por el Estado mexicano, sino que se estará ampliando el ámbito y la vigencia de los derechos humanos.
A la presentación también asistieron el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva, así como la senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
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