Número-995
- Iniciativa del Ejecutivo federal no es una ocurrencia ni una improvisación: David Arellano.
- “Estamos frente a una decisión de control político”: José Reveles.
- La posibilidad de intervenir de manera preventiva puede representar un instrumento eficiente para romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción: Luigi Mazzitelli.
En la segunda jornada de Audiencias Públicas sobre la iniciativa en materia de Seguridad y Justica, senadores, académicos, representantes de la sociedad civil y funcionarios analizaron la propuesta del Ejecutivo federal para que la Federación pueda asumir total o parcialmente las funciones de municipios, cuando se encuentren infiltrados por el crimen organizado.
Al inicio del encuentro, José Reveles aseguró que la propuesta de Ejecutivo “exhibe la intencionalidad de pasar, por encima de toda noción de República federal, a un sistema en el que los feudos estatales y federales dominarán a los municipios”, en su mayoría cautivos de los favores de la Federación o de los estados por su imposibilidad legal de obtener ingresos propios o recaudar los mínimos impuestos locales.
Agregó que en el diagnóstico, con tal de justificar la anulación de la autonomía municipal se carga “con tintas negras” el hecho de que las policías municipales están corrompidas, infiltradas, tomadas por la delincuencia, pero en las circunstancias excepcionales de un país sumido en la inseguridad y la pérdida de gobernabilidad en cada vez más extensos territorios, “para nada ayuda criminalizar a las alcaldías”.
Como representante de la sociedad civil, Reveles dijo que en la iniciativa presidencial es más fácil atropellar la norma constitucional, anular el principio del ayuntamiento libre, pulverizar el sentido de Federación, que comprometerse a reconstruir el poder local, así como a otorgar sentido y noción de proximidad a los policías con el escrutinio ciudadano.
A su vez, el académico Jaime López Aranda consideró que la iniciativa identifica correctamente algunas de las amenazas que representa el crimen organizado para los municipios --intimidación, homicidios y corrupción de autoridades-- y asume de manera adecuada que su infiltración afecta a otros servicios públicos que ofrece este nivel de gobierno: alumbrado, alcantarillado, bacheado, recolección de basura.
Dijo que la disolución municipal por sí misma no es la solución para el problema de la infiltración del crimen organizado en los ayuntamientos, sino que tiene que acompañarse de la acción penal, y consideró que introducir mecanismos para regular la intervención federal en este nivel de gobierno puede ser útil, siempre y cuando se precisen los esquemas para dicha intervención y se contemplen los casos en que, por razones ajenas a la delincuencia, no exista la gobernanza que se requiere.
López Aranda acotó que esta medida no puede sustituir la investigación y persecución de los delitos relacionados con el crimen organizado en este orden de gobierno y tampoco puede suplir la regulación y la vigilancia estricta en la entrega de recursos federales para los municipios y para las entidades federativas.
Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció que los municipios representan el anillo más débil de la administración estatal ante la infiltración del crimen organizado, por lo que se ubica como el primer objetivo de los delincuentes para la ocupación del territorio, el control de la dinámica económico-política y la extensión “de su telaraña de complicidad y colusión”.
Esto, agregó, implica la progresiva sustitución del buen gobierno, imparcialidad y legalidad por los intereses privados de la cooptación criminal y la opacidad en la administración, que a su vez generan costos pagados por los ciudadanos con la mala calidad de los servicios públicos, así como a las libertades y a la credibilidad de las instituciones y actores políticos.
En este sentido, afirmó, “seguramente la posibilidad de intervenir de manera preventiva, a nivel de la junta municipal, puede representar un instrumento eficiente, eficaz y sobre todo garantista, que pueda romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción que progresivamente acaba con el Estado de derecho en este nivel del territorio”.
Mencionó que las actuales disposiciones de los estados ante este fenómeno tienen un carácter reactivo, pues se implementan cuando el hecho criminal y la crisis provocada por la mala administración ya han ocurrido.
La disolución de las juntas municipales, dijo, deberían apuntar a ser una medida preventiva y posiblemente de carácter administrativo y no penal, cuyo objetivo sea restablecer las condiciones para que las instituciones puedan cumplir con sus funciones.
Además, se requiere fortalecer la corresponsabilidad entre los diferentes niveles de la administración frente a las amenazas representadas por el crimen organizado, particularmente cuando las mismas autoridades municipales piden la intervención del Estado.
David Arellano Cuan, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, aseveró que la iniciativa del Ejecutivo no se trata de una ocurrencia ni de una improvisación, sino que analiza el marco internacional para saber qué herramientas han funcionado en otros países que pudieran funcionar en nuestro contexto.
El mecanismo de control de las funciones municipales por parte de la Federación que se propone, aclaró, es complementario de otros esquemas que existen tanto a nivel federal, como estatal y municipal; es parte de un todo, una herramienta más que nos permitiría atacar con contundencia la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales.
“La sola amenaza de que exista un instrumento jurídico constitucional para tomar el control de funciones municipales, inhibe, o pensamos que inhibirá que esta situación se multiplicará hacia el futuro”, expresó el funcionario.
Arellano Cuan también comentó que existe la necesidad de resaltar la importancia de los municipios, que son la base política, administrativa y territorial de los estados, así como los más cercanos a los problemas y necesidades cotidianas de la población.
Por su parte, el senador Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, coincidió en que existe una debilidad en la figura del municipio, que lo hace vulnerable a la infiltración del crimen organizado y a esta situación pretende dar respuesta el proyecto del Presidente.
El también senador del PRI, Enrique Burgos García hizo énfasis en que en México el federalismo y el municipalismo han sido pilares de la República y este sentido destacó la importancia de mantener la plena vigencia del ámbito municipal.
El senador Roberto Gil Zuarth, de Acción Nacional, señaló que el proyecto presidencial presenta “una fuerte confusión de diferentes figuras”, toda vez que no propone la desaparición de poderes porque persiste el municipio como orden de gobierno, es una revocación de mandato, pues pierde el cargo la autoridad señalada y es una intervención política porque la Federación puede nombrar a quien se quedará a cargo de los servicios y funciones municipales.
El senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la propuesta del Ejecutivo “o no entiende bien el problema o trata de dar una solución sencilla” a un tema de magnitudes enormes, porque plantea que la Federación, “por dedazo”, determine quién quedará al frente del cabildo.
Su compañera de grupo parlamentario, Angélica de la Peña Gómez, reconoció que el municipio es el orden de gobierno más vulnerable ante los embates de la delincuencia, pero también es el nivel que se ha dejado en el abandono, a pesar de que tiene que responder a los requerimientos más importantes de la ciudadanía.
También del PRD, el senador Alejandro Encinas Rodríguez acotó que lo que está a debate no es una ley para evitar la infiltración de la delincuencia organizada en los municipios, sino un paquete de propuestas que replanteará el federalismo en nuestro país, pues modifica el régimen de facultades, competencias y concurrencias entre el gobierno federal, estados y municipios.
En las audiencias también participó la senadora Arely Gómez González, también del PRI.
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