Luego de la promulgación de la reforma Constitucional en materia de amparo, senadores, ministros, jueces y académicos iniciaron la discusión para reformar la ley secundaria con el propósito de modernizar esta figura, mejorar el acceso a la justicia y ampliar la protección las garantías individuales y los derechos humanos.
El senador Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que es necesario un debate amplio, a fin de lograr la mejor legislación posible para proteger las garantías individuales.
Subrayó que es indispensable definir con claridad el interés legítimo de esta figura jurídica, ya que su principal impedimento “radica en que podemos hacer del amparo un instrumento que agote o sature y nos genere un problema de atención”.
El legislador priista se pronunció por llegar a acuerdos para que el sistema de justicia no se convierta “en un azote mayor, en un laberinto en que sólo aquel que tenga capacidad de pagar la justicia la puede tener”.
En la inauguración del primer foro nacional sobre la iniciativa para una nueva Ley de Amparo, el senador Alejandro Zapata Perogordo manifestó que los cambios a la Constitución en materia penal, derechos humanos y juicio de amparo representan un hito en la transformación de la vida jurídica de México.
Sin embargo, destacó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, es necesario establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de los objetivos de dichas reformas, pues “ya tenemos la sustancia, ahora sólo falta la parte adjetiva”.
Lo que pretendemos con estas reformas, enfatizo el legislador panista, es garantizar el respeto a los derechos humanos.
Por ello --añadió-- la iniciativa contempla la relación entre los ciudadanos, el procedimiento, rapidez y certidumbre en la aplicación de los juicios de amparo.
A su vez, Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que ya “es tiempo de proteger a la justicia contra su propia dureza, generada por todas las barreras, a veces infranqueables, que impiden que los ciudadanos tengan acceso a ella”.
Desde hace 10 años, dijo, persiste la inquietud social de actualizar el juicio de amparo, reforzar su naturaleza proteccionista y de tutela a las garantías individuales y extenderla a todos los gobernados.
La ley actual, destacó, “se ha fincado en instituciones y en criterios jurídicos de carácter técnicos que merman de forma importante su promoción por parte de los ciudadanos, pues se requiere, en muchos casos, de abogados de altísima capacitación técnica en el manejo de las instituciones jurídicas que lo rigen”.
En su opinión, esta figura no debe estar cargada de formalismos ni tecnicismos excesivos, que en aras de una seguridad jurídica hagan de este tipo de juicios una auténtica trampa procesal, que provoca su limitación y obstaculiza el acceso a la justicia constitucional.
Por ello, estimó necesario armonizar la ley reglamentaria y “hacer vigentes los derechos de todos los grupos sociales”, pues el Estado debe garantizar el acceso a la justicia, no sólo como servicio público, sino como una garantía de convivencia armónica y de desarrollo social.
Al respecto, Rodolfo Campos Montejo, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, recordó que el juicio se convirtió en el medio de control más eficaz para defender los derechos fundamentales de los gobernados contra las leyes o actos de autoridades y salvaguardar el equilibrio de poderes.
Sin embargo, dicha institución no ha logrado actualizarse y evolucionar a la par de la dinámica social y a 164 años de su creación es urgente perfeccionarla para mejorar su eficacia, ampliar su afectividad, hacerla más sencilla y accesible a los más necesitados.
La reforma Constitucional en materia de amparo, promulgada por el Ejecutivo, es un logro para la Judicatura Federal “pero no es suficiente porque requiere ser reflejada en la ley reglamentaria”, destacó.
Armando Cruz Quiroz, magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, mencionó que la iniciativa que reforma la Ley de Amparo pretende lograr el mecanismo procesal para que no sea un juicio técnico, complicado y cargado de formalismos, sino una herramienta ágil y suficiente para brindar la justicia que el ciudadano común espera.
Por su parte, Juan Carlos Cruz Razo, presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, afirmó que “en nuestro país no existen políticas públicas judiciales, ni una definición clara y certera de cuál es el rumbo que debe seguir la justicia ni hacia donde se dirige”.
Este, dijo, es un defecto de índole Constitucional, pues el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra desarticulado porque no participan en su elaboración todos los entes de gobierno.
Por ello, afirmó, “las reformas en materia de justicia no tienen cohesión ni continuidad y esta situación complica la consolidación de planes y proyectos como el juicio de amparo.
Juan Manuel Jiménez Illescas, presidente de la Comisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aseveró que en el diseño que se propone en la iniciativa la impartición de justicia seguirá dependiendo del papel, pero “sería deseable que utilicemos las tecnologías de la información a una pronta impartición de justicia”.
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