En el reporte, Genaro García Luna y Marisela Morales deberán exponer el estado de las recomendaciones que en materia de derechos humanos les han formulado.
Asimismo, tendrán que indicar el número de víctimas, cálculo de los daños materiales y las pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública 2006-2011, así como el estado de los programas de atención a víctimas del delito.
También, ambos funcionarios señalarán el balance de la procuración de justicia en el combate a la delincuencia, el estado de las investigaciones ministeriales, además de las cifras de delincuentes presos y condenados.
En el dictamen avalado por la Primera Comisión, que preside el senador perredista José Guadarrama Márquez y que aborda los temas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, se destaca que “la realidad mexicana es desoladora”.
México --señala-- vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez más incontrolable, múltiples secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos cárteles de la droga, grupos paramilitares, encono político, debilidad de las instituciones, hartazgo de la sociedad y marginalidad.
Subraya que prevalece la percepción de que en la guerra contra el crimen organizado, es el Estado quien va perdiendo, que se ve incapacitado para hacer efectiva la aplicación de la ley y mantener preservación de la paz pública.
Por ello, los legisladores consideraron necesario evaluar la eficacia de la estrategia y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el aparato de seguridad-inteligencia, así como la incursión de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.
Posteriormente, en la misma reunión se aprobó un dictamen para que el gobierno federal, por conducto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional, indique el número oficial de personas civiles que han muerto en enfrenamientos entre narcotraficantes y militares, y detallen el contenido de las sentencias que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano por violación a los mismos.
Además, le piden señale el número de sentencias dictadas en contra de miembros de algún cuerpo castrense en el territorio nacional.
Para los senadores y diputados es preciso llevar a cabo la investigación, de forma inmediata, imparcial y eficaz, de todas aquellas violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias perpetradas por miembros del Ejército mexicano.
En otro dictamen, los legisladores exhortaron al Ejecutivo federal a que informe, en caso de haber sucedido, cuáles fueron las bases jurídicas con las que se fundó para haber proporcionado información en materia de seguridad y de combate al crimen organizado al gobierno de Estados Unidos.
Lo anterior, señala el texto, puesto que los cables 98281 y 98138 de Wikileaks hacen referencia a que el secretario de Seguridad Pública Federal, le ofreció a autoridades estadounidenses supuesto “libre acceso” a nuestra información de inteligencia en materia de seguridad.
En otro tema, se ratificó un punto de acuerdo para que se realice una reunión de trabajo y evaluación entre legisladores y familiares, tutores y abogados de las partes afectadas en el siniestro de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en 2009, donde murieran 49 niños y niñas y 75 más resultaran heridos.
Además, se acordó solicitar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, un informe con respecto a dicho siniestro.
De igual forma, pedirán a la PGR explique el estado que guardan las investigaciones por los delitos de homicidio, lesiones culposas, ejercicio indebido del servicio público y otros, con relación a las personas involucradas en el incendio de la Guardería ABC.
En este sentido, resolvieron hacer un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que indique el estado que guarda el cumplimiento de su recomendación 49/2009, emitida el 31de julio de 2009, sobre el mismo caso.
Por otro lado, ratificaron otro dictamen para solicitar a la Comisión Especial Encargada de Vigilar el correcto uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales, de la Cámara de Diputados, inicie de inmediato los procedimientos necesarios para investigar si la convocatoria, realización y conclusiones del encuentro del presidente de la República con servidores públicos han violado la ley.
También, para pedir a la Junta de Coordinación Política que valore la creación de una Comisión Especial para investigar el desempeño y la actuación de los delegados federales, a fin de inquirir y obligar a la rendición de cuentas a estos servidores públicos y en su caso denunciar ante el Ministerio Público y ante la ciudadanía los delitos que se pudiesen haber cometido en el desempeño y ejercicio de su función.
Más adelante, ratificaron otro punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara a observar los instrumentos internacionales suscritos por México y la legislación nacional en materia de derechos humanos y que las medidas que se implementen con miras a los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Otro para solicitar información a diversas entidades y dependencias del gobierno federal, en relación con la comisión de delitos que han afectado la producción de hidrocarburos en el país.
Asimismo, un dictamen para pedir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal atienda de forma oportuna las denuncias ciudadanas y realicen operativos en lugares donde se ha identificado que se llevan a cabo reuniones de jóvenes, en las que se les venden drogas y alcohol de manera clandestina.
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