Ante la falta de una política de Estado e interés y compromiso institucional hacia el sector pesquero, senadores de la República destacaron la urgencia de una reforma fiscal que genere mayores recursos e incluso analizar la posibilidad de crear una secretaría del ramo.
Heladio Ramírez López, titular de la Comisión de Desarrollo Rural, propuso impulsar una nueva ley de sanidad vegetal y animal que otorgue mayores facultades al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para elaborar normas que conviertan a México en un país confiable y viable en la materia.
En reunión de trabajo con productores, el legislador priista hizo un llamado para que institucionalmente “se muestre interés hacia la economía del mar, sobre todo ahora que la crisis alimentaria está mundializada”.
Por su parte, el senador de Acción Nacional Jesús Dueñas Llerenas reconoció que “se ha fallado” al no concretarse una reforma fiscal que ponga a disposición recursos suficientes y permita contar con una “buena” banca de desarrollo que ayude a superar la pobreza en el país.
Ante ello, se comprometió a lograr una reforma fiscal que dé a la Cámara de Diputados las armas suficientes para contar con recursos para universidades, bancos de pesca, financiamientos y subsidios.
“Necesitamos esas políticas, es urgente una gran reforma fiscal para hacer esos grandes programas a largo plazo”, recalcó.
En tanto, la senadora priista María de los Ángeles Moreno aseguró que no hay una política de Estado para la pesca, no se apoya porque no se ha entendido esta actividad y que su cadena de producción genera empleo y riqueza, además de alimentación para muchos.
Consideró que la Secretaría de Agricultura tiene mucho que hacer, entre otras cosas “dar más recursos” y disminuir los fideicomisos, porque sin infraestructura, inversión, y sobre todo “comprensión de la cadena productiva” no se puede hacer lo que otros países.
En opinión de la legisladora una solución podría ser conceder mayor autonomía a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) o bien crear una secretaría en la materia.
A su vez, el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del PT, aseveró que en los últimos tres sexenios “se le ha pegado fuerte al sector pesquero, lo han desmantelado”, y ello es reflejo de que no existe compromiso por parte de las autoridades.
Moreno Uriegas y Obregón Espinosa coincidieron en la necesidad de retomar el proyecto de integrar en el Senado una Comisión ordinaria que atienda la actividad pesquera.
En la reunión de trabajo, también participaron funcionarios de diversos organismos relacionados a la pesca y acuacultura, quienes hicieron énfasis en que los principales problemas que atraviesa el sector son la ilegalidad y el abandono de la autoridad.
Ramón Corral Ávila, comisionado nacional de CONAPESCA, precisó que la ilegalidad nunca se va a terminar mientras se cuente con sólo 230 inspectores para 11 mil kilómetros de litoral.
Por ello, anunció que ya se valora el sistema con que cuenta Brasil en donde no se tienen inspectores sino que se certifica la calidad y manejo práctico del producto.
“Lo que se debe hacer para combatir la pesca ilegal es que no se compre el producto”, aseguró, por lo que es conveniente que México cuente con un sello de calidad para los mismos.
En su oportunidad, José de Jesús Camacho Osuna, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, señaló que uno de los principales problemas son los permisos para la pesca, ya que muchas personas realizan la actividad sin declarar que es para comercializar, lo que provoca la sobreexplotación.
“CONAPESCA --explicó-- no cuenta con recursos humanos y materiales suficientes para atender la vigilancia en todo el país, lo que facilita la pesca libre”.
Planteó a los legisladores modificar el Código Federal de Procedimientos Penales para catalogar a la pesca ilegal como delito grave, y mantener un marco legal tributario que propicie la competitividad del sector.
Rafael Ruiz Moreno, presidente nacional de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, reconoció que no existe una verdadera coordinación entre poderes, empresarios y pescadores, y ello impide definir políticas encaminadas a superar la pobreza.
Explicó que la actividad genera directamente más de 350 mil empleos, de los cuales el 91 por ciento corresponden a la pesca y el 9 por ciento restante a la agricultura.
El abandono, la ilegalidad y la manipulación política, son los principales problemas que frenan el desarrollo del sector, dijo.
En tanto, Ricardo Urías Sotomayor, director de Sanidad Acuícola y Pesquera del SENASICA, dijo que en el tema regulatorio se trabaja en la actualización de normas mexicanas que den certeza al sector.
Por su parte, Modesto Seara Vázquez, rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, manifestó su preocupación por la compra de pepino de mar a precio bajo, y “clandestinamente”, porque los intermediarios pagan poco a los pescadores y se lo llevan a Japón y China.
Resaltó que en el contexto internacional, el crecimiento demográfico será difícil de controlar, por lo que habrá que cuidar la relación entre producción y población de alimentos porque se está deteriorando.
En el evento también participaron Marco Linné Uzueta, director general de Acuacultura de la CANAINPESCA; Raúl Cortés Alvarado, presidente de la Comisión Acuacultura y Pesca del Consejo Político Nacional del CEN del PRI, y la diputada Delfina Prieto Desgarennes, del PRI.
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