Destacó que la Comisión Permanente aprobó crear un grupo plural de legisladores, que revisará los hechos relacionados con la explosión del pasado 3 de mayo, en el pozo de carbón número tres en el ejido de Sabinas, Coahuila.
Señaló que este grupo de trabajo brindará su solidaridad a los deudos de los fallecidos, dará seguimiento al respeto de los derechos de los familiares y propondrá las medidas necesarias, en el marco de sus atribuciones, para evitar otra tragedia similar.
Por ello, el presidente de la Tercera Comisión de la Permanente estimó “conveniente tomar la palabra” de trabajar juntos con el Ejecutivo y los titulares de las secretarías del Trabajo, Economía, Energía, y Medio Ambiente y los directores del IMSS y CFE para llegar a acuerdos que resuelvan los problemas del país.
Exhorta PRI a Lozano a “abandonar las cortinas de humo”
Al fijar el posicionamiento del PRI, el diputado priista Sebastián Lerdo de Tejada aseguró que “estamos frente a una tragedia que ha costado vidas humanas y que más allá del discurso, la retórica y la pirotecnia verbal quedan para la historia como parte de un fracaso del Estado mexicano”.
Resaltó que este no es un tema de adjetivos, “ni de buenos y malos”, porque “esta es una percepción muy tradicional de la derecha, este maniqueísmo de buenos y malos, de absolutismos, y yo esperaría que no fuera esa la actitud que se mantenga”.
Por ello, reiteró al secretario del Trabajo “el exhorto de abandonar las cortinas de humo que no le sirven a nadie, no le sirve al gobierno, ni al Congreso, ni a los ciudadanos y al final los ciudadanos nos reclaman con razón”.
El sector minero, “un desorden que cuesta vidas”: PAN
Por el PAN, el senador Ricardo García Cervantes afirmó que el sector minero es un “desorden que cuesta vidas” por lo que se tiene que tomar con mucha más seriedad porque mutila a jóvenes y trabajadores, enluta familias, niega la capacidad de explotación racional, razonable y de prosperidad a una región.
Manifestó que el pocito tres no es más que el mentís de que se hacen supervisiones adecuadas, de la explotación más razonable y en términos de desarrollo económico la mejor, mientras que “en términos de medio ambiente es la peor forma de generar gases de efecto invernadero”.
En este sentido, denunció que una vez otorgada la concesión, ésta ya lleva implícita la duración de 50 años y también es al mismo tiempo una autorización para explorar y explotar.
Al respecto, cuestionó: ¿A la Secretaría de Economía no le corresponde saber en qué forma se va explotar? ¿Con un emprendimiento minero de gran calado o con un pocito?
Enfatizó que la región carbonífera del país está reportando cada vez más dinero al erario, más ganancias a los concesionarios y más tristeza y sufrimiento a los mineros.
Lozano se deshace de su responsabilidad: PRD
Por su parte, el diputado Armando Ríos Piter dijo que en la comparecencia, el titular del Trabajo mostró “una gran capacidad para deshacerse de su responsabilidad como secretario de Estado” en la problemática que enfrenta el sector minero, bajo el argumento de que no se cuenta con presupuesto ni personal suficiente para las inspecciones.
El legislador perredista cuestionó al funcionario sobre las acciones específicas e instrumentos programáticos que generó la Secretaría en los últimos años para evitar una nueva tragedia, pues “no se vale decir que no hay suficiente dinero” porque el proceso presupuestal empieza “en la cancha del Ejecutivo”.
“¿Quisiera saber qué se hizo en esta materia, cuáles fueron los logros? Porque decir que en Coahuila --donde se concentra buena parte del sector minero-- se tenían 11 inspectores y se pasó a 17, significa que su esfuerzo no fue más allá del cinco por ciento, en términos de capacidad”, expresó.
El problema minero, resultado de política privatizadora: PT
A nombre del Partido del Trabajo, la diputada Laura Itzel Castillo aseveró que el problema minero, así como los casos de Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación, obedece a una política privatizadora en materia económica y energética, “dictada desde el Consenso de Washington”.
Destacó que sólo una empresa cumple con los requisitos de carácter higiénico de alimentación y aseo para trabajadores mineros, “por lo que esa no puede ser la política correcta para otorgarles seguridad al sector”.
En tanto, el diputado Juan Gerardo Flores Ruiz, del PVEM, preguntó sobre los planes para deshacerse del carbón como opción energética, pues este insumo es altamente contaminante.
La energía nuclear, dijo, “ha quedado en entredicho ante los acontecimientos mundiales recientes”, por lo que es necesario saber cuáles son las opciones con las que cuenta el gobierno para establecer una nueva fuente energética.
Previamente, en la ronda de cuestionamientos, el diputado priísta David Penchyna Grub apuntó que en materia de supervisión y vigilancia después de Pasta de Conchos “se reaccionó rápido” con una nueva Ley Minera, pero el Ejecutivo demoró dos años en emitir el reglamento.
Por lo anterior, quiso saber el tiempo que se deberá esperar para formular una política adecuada para los concesionarios, disminuir riesgos y dar cumplimiento a la normatividad internacional.
El diputado de Acción Nacional, Jesús Ramírez Rangel, preguntó sobre los créditos otorgados a zonas mineras que dependen en gran medida de esta práctica para poder diversificar la situación económica de la región.
Consideró importante revisar la relación de la CFE con la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) porque ésta “funge como uno de los mayores coyotes” del estado, pues es el organismo que más ha absorbido los recursos del aumento de precios.
Por su parte, el diputado perredista Vidal Llerenas Morales indicó que aunque la explicación en el caso de la mina de Pasta de Conchos es que se mantenía en la ilegalidad, no ha habido esfuerzos extraordinarios para evitar otra tragedia, por lo que se ha repetido.
Cuestionó a los funcionarios sobre la detección oportuna de trabajadores que no tienen seguridad social y condiciones adecuadas de trabajo y el seguimiento que se ha dado por parte de las secretarias involucradas a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
En sus respuestas, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, resaltó que las recomendaciones hechas por organismos internacionales han sido atendidas y que si no se ha hecho en su totalidad “es por un conflicto con la legalidad interna”.
El titular de la STyPS explicó que en cuanto a las acciones de prevención se expidió la Norma Oficial Mexicana 032, se aumentó en 76 por ciento el número de inspectores y en 35 por ciento el número de supervisiones.
Destacó que se han cumplido con seis de las siete recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Pasta de Conchos y la que no está satisfecha está pendiente por ser un tema litigioso.
Referente a las sanciones, el funcionario federal detalló que de diciembre de 2006 a abril de 2011 se impusieron 284 multas a minas y pozos de carbón por más de 25 millones de pesos.
Sobre el presupuesto, Lozano Alarcón propuso que, con base en el mismo techo, se dé la oportunidad de hacer movimientos compensados al interior del presupuesto para tener más plazas de inspectores; “déjennos gastar donde más se necesita”.
A su vez, Bruno Ferrari, secretario de Economía, recalcó que para la zona carbonífera se han otorgado créditos por 90 millones de pesos que han beneficiado directamente a mil 658 personas.
En tanto, Juan Rafael Elvira Quezada, secretario de Medio Ambiente, aclaró que en 2010 el Tribunal Colegiado en materia administrativa otorgó un amparo a la minera San Javier que le autoriza operar.
Lo anterior, debido a que la suspensión que otorga este amparo es contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que ésta suspendió el procedimiento administrativo, situación ajena a la Semarnat.
Al respecto, Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la CFE, argumentó que la dependencia tiene un listado de empresas con las cuales la PRODEMI hace labor de comercialización, por lo que el carbón proveniente de cualquiera de ellas que no esté en esta lista no es admitida en sus centrales carboeléctricas.
Externó que el convenio que la CFE sostiene con la Promotora reconoce tres mecanismos para fondear actividades que fortalezcan la minería tanto en sus vertientes de infraestructura, social y de seguridad.
En otra de sus respuestas, el titular de la Semarnat subrayó el compromiso de México con el programa especial de cambio climático para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero hacia 2012.
Es decir, que para finales del siguiente año se deberá cerrar con una reducción de 50 millones de toneladas que equivalen a cerca de seis por ciento de las emisiones que México tiene; “estamos haciendo la tarea”, dijo,
Afirmó que le corresponde al Congreso regular con una nueva iniciativa de cambio climático las metas de reducción de emisiones hacia los años 2020, 2030 y 2050.
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