Número-709
- La corrupción ha corroído la esfera política.
- Este es un problema del Estado mexicano.
Los senadores, del Partido de la Revolución Democrática, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, junto con la senadora del Partido Acción Nacional, Adriana Díaz Lizama, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que proponen la expedición de la Ley General de Combate a la Corrupción Política.
Al presentar la iniciativa, el senador Armando Ríos Piter recordó que desde hace más de un año el Senado avaló por unanimidad una minuta referente al combate a la corrupción, que se encuentra en espera de ser debatida, y en su caso aprobada, en la Cámara de Diputados.
El legislador perredista subrayó que la corrupción ha corroído todos los espacios de la vida pública y de manera particular la esfera política; puso como ejemplo a los partidos políticos cuando, sin filtros y sin claridad de a quien se pone en un cargo para pedir el voto de los ciudadanos, “nos lleva a condiciones como los de Iguala con José Luis Abarca”.
Aseveró que no se trata sólo de una crisis de narcopolítica, sino una donde los políticos están involucrados con las actividades criminales. Y si no se entiende el problema de Iguala y Ayotzinapa, y el reclamo de la gente, dijo, no se estará a la altura de la transformación que reclama el país.
En su exposición de motivos, el senador Ríos Piter sostuvo que este es un problema del Estado mexicano, de los poderes, de todos los órdenes de gobierno, por lo que atender el tema de la corrupción que existe en el ámbito político es fundamental si se quiere resolver el problema de fondo.
Para este propósito, propuso, entre otros puntos, facultar a las autoridades en materia de corrupción para iniciar el trámite de procedencia, mediante denuncia o querella, y reducir en un 50 por ciento los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos, a efecto de hacer expedito este procedimiento.
Además la propuesta incluye reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a ciudadanos, aspirantes a candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción una solicitud de verificación de controles de confianza, que será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate.
Se plantea, además, que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, dentro de un plazo de 180 días, inicie una investigación sobre el posible desvío de recursos o nexos con el crimen organizado de los integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial a nivel federal, estatal y municipal.
Hoy el combate a la corrupción, subrayó, es el hilo conductor del problema que tiene el Estado de Derecho. Ante ello, confía en que la iniciativa logre coincidencias con grupos parlamentarios y partidos políticos, a fin de adoptar la visión de Estado que la sociedad y el país reclama.
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