Número-632
- Reformas sólo crearán empleos precarios que afectarán a los jóvenes con protección social mínima: UAM.
- Especialistas cuestionan la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Durante los Diálogos Públicos por un México Social, senadores, especialistas y académicos intercambiaron puntos de vista sobre el papel que jugarán las reformas estructurales en temas relacionados con acceso universal a la salud, condiciones laborales actuales, protección a la familia y derecho a la alimentación.
En el diálogo “Derecho al trabajo, la salud, la seguridad y la inclusión social”, el investigador del Departamento de Atención a la Salud, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Leal Fernández advirtió que en la actualidad existe un esquema de protección social mínimo: Seguro Popular, Seguro de Desempleo, la Pensión Universal; lo que aunado a la reforma laboral va a afectar a los jóvenes por los nuevos tipos de contratación.
Se ofrecen reformas estructurales que van a traer beneficios, pero al final solamente crearán empleos precarios “de cuatro mil pesos mensuales”, advirtió ante legisladores. Respecto de una probable reforma al sector salud, dijo que se trata de una propuesta inviable, que restringe derechos; es decir, “lo que están haciendo es imponer una agenda financiera al sector salud y de la seguridad social sin escuchar a nadie”.
“Ustedes no tienen una agenda a la altura de lo que un ciudadano mexicano requiere en este momento en materia de salud y seguridad social y estamos ante un reto de mucho calibre, y esperemos que haya tiempo para re-diagnosticar los problemas estructurales de la economía mexicana”, apuntó Leal Fernández.
En tanto, la senadora del Partido Acción Nacional, Maki Esther Ortiz Domínguez, dijo que en México existe un sistema de salud dividido en diferentes instituciones, derechos y estándares de calidad, por lo que es necesario llevar a cabo un cambio que le permita ser integrado, portable y convergente, a efecto de que las personas pueda ir a cualquier lugar del país y sean atendidas con la misma calidad y homogeneidad.
La presidenta de la Comisión de Salud aseguró que es fundamental establecer un sistema de financiamiento que tenga acciones estandarizadas para la asignación de recursos y una estrategia homogénea que facilite al usuario atender su salud de manera eficaz dentro de un esquema universal.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Fernando Enrique Mayans Canabal, coincidió en que las reformas ofertan al mundo “un México salarial barato”, y para ello se activó la reforma laboral, que establece nuevos tipos de contratación, que afectan las expectativas de alcanzar alguna seguridad social para los jóvenes.
Por otro lado, expresó que es indispensable incrementar los recursos para mejorar los servicios de salud en el primer nivel de atención, debido a que muchos médicos de este rango están “mal preparados y pagados”, lo que puede llevar “al fracaso” la implementación de un sistema de acceso universal.
El director general de Gestión de Servicios de Salud del Seguro Popular, Javier Lozano Herrera, informó que se ha desarrollado una agenda de reformas de manera conjunta entre las secretarías de Salud y de Hacienda y con los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encaminada a crear un sistema nacional de salud universal.
Uno de los objetivos, precisó, es la creación de una nueva Ley General de Salud, donde se precise y fortalezca la rectoría sectorial y se definan las competencias de la Federación y las entidades federativas en este tema.
En su turno, el senador del Partido Revolucionario Institucional, Armando Neyra Chávez, dijo que recientes proyecciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indican que la economía de México será una de las que más crezca en los próximos dos años dentro del G-20, pues se calcula un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.9 por ciento, derivado de las recientes reformas estructurales.
En este sentido, preguntó cuáles serán los efectos que tendrá el país en términos de crecimiento, inversión y empleo en el corto y mediano plazo.
Al respecto, Jaime Bustamante, presidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, comentó que las reformas estructurales no generarán por sí solas mejores condiciones para las inversiones y oportunidades de trabajo, sino que se requiere atender otros factores como la educación y la generación de mano de obra calificada, para asegurar que las predicciones de la OCDE se hagan realidad.
Refirió que hay mucha inversión esperando entrar a México, en materia de telecomunicaciones y energía, pero probablemente empiece a darse un fenómeno de escasez de las personas que deben realizar estos trabajos, porque para ello es necesario preparar a profesionistas.
Coinciden en que la Cruzada contra el hambre no acabará con este problema
Posteriormente, en el Diálogo “Protección a la Familia y Derecho a la Alimentación”, la senadora Lorena Cuellar Cisneros comentó que la Cruzada Nacional contra el Hambre se ha presentado mediáticamente como una estrategia integral de inclusión y de bienestar social; sin embargo en los hechos ocurre otra cosa puesto que se trata de una política focalizada, no es universal y tiene “un marcado carácter asistencialista”.
Ello --subrayó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática-- ha provocado que distintos sectores de la sociedad manifiesten a lo largo del país su inconformidad por el presunto manejo con fines político-electorales de este programa del gobierno federal.
A su vez, el senador del Partido Acción Nacional, José María Martínez Martínez, expresó que los gobiernos en lugar de invertir en las 145 millones de hectáreas productivas que tiene el país para producir alimentos de calidad, se encuentran inmersos en traer inversiones de franquicias extranjeras de comida chatarra, lo que a la postre trae más pedidas para el Estado.
El costo a la larga es mayor que la inversión que se genera, debido a las enfermedades crónico-degenerativas que produce la mala calidad de alimentación, promovida por este tipo de negocios.
Para Abelardo Ávila Curiel, del Instituto Nacional de Nutrición, el derecho a la alimentación se diluyó en una serie de aspectos de legitimación del Estado, de proyectos sexenales o personales, donde las transferencias económicas y la asistencia alimentaria directa se transformó en el eje de actuar de las administraciones públicas.
Esta situación, precisó, impidió abordar el tema de una manera diferente y un ejemplo de ello es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que desde el mismo nombre, en lugar de hablar de un programa basado en las obligaciones del Estado y los derechos de la población, “se ve como una hazaña bélica para derrotar a un monstruo o villano que se llama hambre”.
Se diluyó el problema del hambre al ampliar a grandes conceptos sus objetivos; es decir, se habla de millones de pesos que se gastarán, pero en la realidad no se mejoran las condiciones de la población por el hecho de estar recibiendo este tipo de apoyos, precisó.
Criticó que se deje a una sola secretaría las acciones que deberían ser del conjunto del Estado, lo que demuestra que este programa no forma parte de un proyecto de nación, además de no contar con un rigor técnico y solamente se ve “por el lado de la gobernabilidad”, en lugar de establecerlo con un enfoque de derechos.
Mauricio García de la Cadena Ramírez, director técnico de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), refirió que la permanencia de la pobreza en México es un problema serio, sobre todo, en algunas zonas rurales e indígenas, donde los índices de desnutrición infantil son comparables con países que tienen un nivel de desarrollo muy bajo.
Destacó que México cuenta con los alimentos suficientes para la población; no obstante, subrayó, mientras haya pobreza las personas no tendrán los recursos económicos para adquirirlos, aunque estén disponibles.
Para el especialista, la pobreza y desigualdad son producto del sistema económico que tiene México, por lo que propuso atender este problema con garantías a la población de sus derechos sociales y desarrollar un sistema productivo en el campo.
María de Jesús Santiago Cruz, investigadora del Posgrado de Economía, manifestó que no es suficiente con entregar una canasta básica para satisfacer en ese momento una necesidad de las personas, sino contar con una visión integral de largo plazo que busque solucionar de fondo el problema del hambre.
La falta de coordinación ha disminuido los resultados en los programas de desarrollo rural, de ahí la necesidad de que el Senado implemente ideas innovadoras que permitan coordinar a las instancias que participan en la solución del problema del hambre.
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