Número-626
- El senador del PAN propuso reformar la Constitución para que el Congreso pueda emitir una ley general en la materia.
- Este delito es un problema que atañe a todo el país y es necesario enfrentarlo con políticas públicas, asentó.
La desaparición forzada es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, mina la cohesión social y representa una de las violaciones más graves que existen, afirmó el senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional.
El presidente de la Comisión de Justicia presentó una iniciativa que busca reformar la Constitución para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de emitir una ley general que permita establecer tipos penales, sanciones, competencias, coordinación entre Federación, estados y municipios para enfrentar este problema.
Gil Zuarth consideró que también se requiere reforzar el marco de derechos de las víctimas, así como incorporar la prisión preventiva en casos relacionados con la desaparición forzada de personas.
En la exposición de motivos mencionó que con la ley, el Congreso establecerá un “piso” que todas las entidades deberán acatar, ya que sentará las bases normativas para prevenir y combatir este fenómeno delictivo, pero además se tendrá acceso a penas homogéneas que procuren el castigo a los agentes activos del ilícito.
El legislador señaló que a pesar de que en nuestra legislación federal se ha tipificado este delito, ese tipo penal está lejos de contemplar todos los elementos contenidos en los instrumentos internacionales vigentes en México.
Refirió que sólo 22 entidades federativas han tipificado la desaparición forzada de personas, de las cuales 20 lo han hecho en sus respectivos códigos penales y Chiapas y Guerrero han emitido leyes específicas para prevenirla y castigarla.
Sin embargo, 10 entidades: Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán aún no han tipificado dicho ilícito. En estos estados, destacó, habitan más de 40 millones de personas y varios de ellos presentan altos índices delincuenciales, así como debilidad institucional que fomenta la desaparición forzada.
Afirmó que en esta conducta siempre existe un elemento estatal como agente activo del delito, ya sea ordenando o llevando a cabo la privación de la libertad de la víctima u ocultándola para evitar que pueda tener acceso a los medios legales de defensa, “este es el caso de Iguala y los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero”.
Roberto Gil Zuarth enfatizó que la desaparición forzada de personas es un problema que atañe a todo el país y sus órdenes de gobierno y, por ello, es necesario enfrentarlo con políticas públicas y acciones coordinadas, bajo un solo marco normativo guía, de lo contrario la impunidad seguirá siendo una constante en este tema.
El documento que contempla reformas a los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado “b”, fracciones III y V, segundo párrafo; y 73, fracción XXI, inciso “a” de la Carta Magna, fue enviado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
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