- Comparecieron ante comisiones unidas Raúl Hinojosa y Carlos Chaurand, propuestos por el Ejecutivo para ocupar posiciones como magistrados fiscales.
El Estado enfrenta como gran reto resarcir los valores y la ética, tanto entre servidores públicos como en la sociedad, pues sólo de esta forma será posible resarcir la justicia y los derechos humanos en el país, afirmaron Raúl Hinojosa Islas y Carlos Chaurand Arzate, propuestos por el Ejecutivo como magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Lo anterior, en el marco de sus comparecencias ante comisiones unidas de Hacienda, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, presididas respectivamente por los senadores José Francisco Yunes Zorrilla, Roberto Gil Zuarth y Alejandro Encinas Rodríguez.
Hinojosa Islas apuntó que, a la par de la profesionalización, es necesario fortalecer los valores entre funcionarios públicos, magistrados de los diversos tribunales y la población, pues sólo con la restauración de criterios de ética y respeto a las garantías individuales será posible restituir el estado de Derecho en México.
Chaurand Arzate apuntó que para superar crisis actual, tanto el Estado como la sociedad en su conjunto requieren formar personas capacitadas en el área que se va a desempeñar, pero fundamentalmente con valores concretos y convicciones de justicia, paz y estabilidad.
Al iniciar la sesión de preguntas y respuestas, la senadora Arely Gómez, del PRI, recordó que a partir de la reforma en derechos humanos, todos los jueces tienen la facultad de analizar la constitucionalidad de normas y actos para, en su caso, no aplicar una norma que puede considerarse contraria a las garantías de la población, por lo que cuestionó cómo el Tribunal Fiscal debe cumplir con esta obligación.
Hinojosa Islas consideró que, primero, se debe garantizar la preservación de las leyes del país, después confrontarlo con normas internacionales y, una vez verificado se establecerá si existen causales para declarar una posible anticonstitucionalidad.
El senador Jesús Casillas Romero, del PRI, cuestionó hasta qué punto la justicia administrativa puede salvaguardar los derechos laborales.
En respuesta, Hinojosa Islas aseveró que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuenta con apartados en materia de seguridad social, que brindan amplia protección a los trabajadores.
En su turno, el senador Gil Zuarth, del PAN, preguntó sobre los criterios a utilizar para determinar cuáles instrumentos internacionales pueden ser objeto de convencionalidad, y advirtió que se debe tener cuidado, pues algunos de ellos abordan potestades punitivas del Estado y de los acuerdos entre este y otras naciones.
El aspirante a magistrado recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido dentro de las normas mexicanas que se deben considerar derechos fundamentales de equidad tributaria, como igualdad jurídica y no discriminación, las cuales ya se encuentran dentro de criterios internacionales.
En el turno del aspirante Chaurand Arzate, el senador Carlos Mendoza Davis, del PAN, manifestó su inquietud sobre la posibilidad de que exista una alternativa para hacer que la Sala Superior sirva mejor a las instancias regionales, en la impartición de justicia fiscal o administrativa.
En su calidad de magistrado regional, Chaurand Arzate mencionó nuevamente la posibilidad de una reforma, mediante la cual el Congreso conceda a los magistrados fiscales facultades para sancionar a servidores públicos, lo que obliga a una profesionalización del personal jurisdiccional, pero también deben fomentarse en ellos valores de ética, rendición de cuentas y transparencia.
La senadora Arely Gómez, por su parte, cuestionó si los juicios en línea han proporcionado resultados benéficos y si es factible la aplicación de este sistema en otros ámbitos jurisdiccionales.
Chaurand Arzate destacó las bondades del uso de tecnologías de la información en materia de justicia, y subrayó que el Tribunal Fiscal ha dado un paso adelante en la modernidad, al ser el primero en aplicar el sistema que involucra al juicio tradicional en línea y el banco de sentencias, que permite a toda persona tramitar por esta vía su procedimiento, lo que ha derivado en mayor celeridad y en la disminución de los tiempos de juicio de 12 a 15 meses, a sólo seis u ocho.
El senador Gerardo Sánchez García, del PRI, expuso sus dudas en cuanto a las reformas necesarias para eliminar las acotaciones impuestas al Tribunal Fiscal y que de esta forma pueda contar con mayor eficacia en su labor a favor de la legalidad y la transparencia.
Chaurand Arzate se pronunció a favor de que el Congreso devuelva al TFJFA la capacidad legal para sancionar a servidores públicos, y no sólo tengan esta capacidad las contralorías locales o la Secretaría de la Función Pública, pues esto permitirá mayor transparencia en el servicio público.
Consideró que se deben revisar las leyes Federal de la Contencioso Administrativo y de Justicia Fiscal y Administrativa, para dar cabida a modificaciones que permitan la instalación de salas especializadas y de una sección dela Sala Superior que tenga facultades de resolución.
El senador Martín Orozco, del PAN, pidió al aspirante que dieran algunas opciones para para recortar el tiempo de duración de los juicios sumarios, pues actualmente duran mucho tiempo, pese a que las penas no son menores y se imponen multas de hasta 122 mil pesos.
La solución planteada por Chaurand Arzate es desnaturalizar los juicios sumarios, por complicados pues permiten hasta 10 argumentos para su impugnación; en especial al tratarse de juicios relativos a créditos fiscales o al IVA.
Finalmente, el senador Gil Zuarth reiteró su preocupación por los mecanismos que se deben cumplir para la protección de los derechos humanos, incluso en procesos de carácter fiscal y administrativo, para cumplir los preceptos establecidos en la Carta Magna y en tratados internacionales firmados por México.
En respuesta, Chaurand Arzate consideró que las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido sumamente claras y saludables, por lo que facilitan al Tribunal Fiscal la toma de decisiones al aplicar los preceptos fundamentales de igualdad jurídica y no discriminación.
Juan Manuel Terán y Contreras, que forma parte de la terna propuesta del Ejecutivo, no se presentó a esta sesión de comparecencias, lo que constituye su segunda ausencia ante comisiones unidas. Por esta razón, su caso será revisado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado.
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