Comunicado-508
- Dependencias en la materia deberán realizar acciones con dicho propósito.
- La propuesta se integró con una visión de impulso social, económico y sustentable para el potencial ecoturístico de las regiones, con el apoyo de los programas del gobierno: senador Raúl Pozos.
El Senado de la República avaló un dictamen por el que exhorta a determinar y aplicar las acciones necesarias para dar un mayor impulso y dinamismo al segmento turístico de naturaleza en humedales costeros, particularmente en zona de manglar.
Para ello, solicitó a las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en el marco de las actividades del Gabinete de Turismo, y en apego a la normatividad vigente y a los ejes estratégicos del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, determinen y apliquen las acciones dar mayor impulso y dinamismo al segmento de turismo de naturaleza, como turismo rural, ecoturismo y de aventura en humedales costeros, particularmente en zona de manglar buscando el equilibrio entre conservación ambiental y desarrollo socio económico.
Asimismo establezcan y empleen las acciones necesarias a fin de difundir continuamente a los turistas nacionales y extranjeros una educación ambiental que los sensibilice respecto del valor y necesidad de conservación del manglar, destacándolo como un ecosistema irremplazable y único, y en paralelo se posicione a México como uno de los países más importantes en el turismo de naturaleza, con capacidad de generar una actividad económica sustentable y competitiva.
En un segundo resolutivo, se conminó a las secretarías de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Social a continuar con el fomento del desarrollo de actividades socio económicas en zonas de manglar y en la exploración de actividades alternativas que beneficien a las comunidades costeras permitiéndoles participar del uso sustentable y la conservación del manglar.
El senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del PRI, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subrayó que la propuesta fue conformada con la visión de impulso social, económico y sustentable del potencial ecoturístico de las regiones, con el apoyo de los programas del gobierno, a fin de que los habitantes aprovechen el potencial de sus regiones adecuadamente.
Indicó que la superficie cubierta por mangles en el país es de más de 764 mil hectáreas, extensión que coloca al país en el segundo lugar a nivel continental, después de Brasil, y en el 5º lugar a nivel mundial; y de acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las entidades federativas con mayor superficie de manglar en el país son Campeche, con más de 197 mil hectáreas; Quintana Roo, con 128 mil; Yucatán, con 91 mil 356; Sinaloa, con 77 mil y Nayarit con 66 mil.
También se aprobó un dictamen para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe las causas que motivaron el acto administrativo por el que se restringió el único acceso a la playa en la comunidad de Akumal, en el Municipio de Tulum, en el Estado de Quintana Roo.
En el mismo sentido, se exhortó al titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar, fincar las responsabilidades a que haya lugar y en su caso, imponer las sanciones respectivas a los servidores públicos involucrados en dicho acto administrativo.
A favor del dictamen, la senadora del PRD, Luz María Beristain Navarrete manifestó que los accesos a las playas se han reducido paulatinamente, derivado de la inversión privada que desarrolla infraestructura en la Riviera maya, frente a la zona federal marítimo terrestre, con lo que se limita gravemente el acceso de la población local de los turistas connacionales al mar e informó que existen 21 accesos al mar en Quintana Roo, según la Semarnat.
Agregó que la restricción al único acceso que quedaba en la comunidad de Akumal, fue determinada por la Profepa, al señalar que la presencia de ciudadanos en la playa daña la zona de dunas. Dicha información fue difundida únicamente por los medios de comunicación, por lo que es necesario que la Procuraduría esclarezca su resolución, ya que la sociedad exige conocer detalladamente los estudios de impacto ambiental que determinaron el cierre.
Las políticas gubernamentales privatizadoras están destruyendo el turismo social; impedir el acceso a las playas es una violación grave a los derechos humanos de los ciudadanos, pues impiden el uso pleno de las riquezas naturales, como legítimos ciudadanos de la República, argumentó la senadora perredista.
Adicionalmente, se aprobó un dictamen para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal continúe fortaleciendo las acciones de coordinación con las entidades federativas y el Distrito Federal en las materias de prevención, combate y control especializado de incendios forestales que se presenten en el territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Asimismo, continúe reforzando las medidas de prevención de incendios forestales en la esfera cultural, a efecto de que la población mexicana sea partícipe y contribuya a evitar incendios forestales.
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