Comunicado-457
- Participa Raúl Plascencia para contender por un segundo periodo al frente del organismo.
- Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia tienen materia para elaborar el dictamen que será presentado ante el Pleno.
Este día concluyeron las comparecencias públicas para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014-2019. Los 12 aspirantes que participaron hoy, incluido el actual titular, Raúl Plascencia Villanueva, expusieron sus propuestas de trabajo y cartas de presentación para conducir ese organismo.
Una vez concluida la etapa de la convocatoria, la senadora Angélica de la Peña indicó que “hay materia” para que trabajen las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, que deberán elaborar y proponer al Pleno, el dictamen para definir la elección o reelección del presidente de la Comisión.
La persona que resulte electa o reelecta para ocupar la presidencia del organismo, rendirá protesta ante el Pleno del Senado de la República a más tardar el 13 de noviembre del presente año.
Durante la presentación, senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Nueva Alianza cuestionaron a las y los candidatos respecto a su trayectoria, conocimientos y manejo de criterios, recomendaciones o sentencias emblemáticas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En su exposición, Luis Modesto Ponce de León Armenta, indicó que de ser favorecido para presidir la Comisión, aplicará con prontitud, eficiencia y transparencia la normatividad para la efectiva protección de los derechos humanos y trabajar de manera coordinada con el Senado para promover las reformas que fortalezcan a la institución y transformarla en Defensoría Nacional de Derechos Humanos.
Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados, propuso eliminar la posibilidad de reelección por un segundo periodo a fin de fortalecer la autonomía y resolver las quejas en menos de un año. El plan de trabajo contempla tres ejes: modernizar a la CNDH, fortalecer las redes de comunicación con organizaciones sociales e instituciones, y transparentar su gestión y rendición de cuentas.
La defensoría del pueblo, dijo, es un órgano del Estado que debe estar cercano y al servicio de las víctimas y de la sociedad, además se debe institucionalizar a la Comisión, ya que no hay criterios de actuación para determinar cuándo es una violación grave o no de derechos humanos. Planteó establecer criterios para citar a las autoridades que no aceptan las recomendaciones, “se requiere eliminar esa discrecionalidad”, agregó.
Raúl Plascencia Villanueva, actual presidente de la Comisión detalló que de 2009 a 2014, la CNDH recibió 215 mil 545 quejas, de los cuales, sólo 2 por ciento requirió más de un año en atención. Además se firmaron mil 700 convenios de colaboración en 2013, y se capacitaron un millón 200 mil personas en materia de derechos humanos; así como la realización de 24 acciones de inconstitucionalidad en el mismo período.
Enfatizó que busca un segundo período al frente de la CNDH para consolidarla; y propuso mejorar la calidad del servicio, la profesionalización de recursos humanos, el fortalecimiento de las comisiones estatales, y un mayor acercamiento a los organismos de la sociedad civil.
Eduardo Moreno Baños destacó que a lo largo de 25 años ha participado en distintas asociaciones ciudadanas vinculadas con la atención de grupos vulnerables. Dijo que el respeto es el pilar que va a lograr consolidar el desarrollo humano, dirigido a cambiar la situación actual del país y mermar la violación de los derechos humanos.
Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, advirtió que con una perspectiva actual se requiere rediseñar a la institución como la instancia de servicio y atención que es, centrada en las víctimas, a efecto de generar un modelo operativo que permita el ejercicio oportuno eficaz y transparente de sus atribuciones.
El ombudsman, dijo, debe coadyuvar en la generación de políticas públicas que hagan efectivo los derechos sociales; que cumpla y ejerza sus funciones, independiente del Gobierno, partidos políticos y organizaciones políticas y sociales, lo cual no implica que esté desvinculado o lejano a las autoridades y sociedad.
La maestra María del Carmen Acosta manifestó que lo importante en este momento es dar credibilidad a la CNDH, por lo que como presidenta, tendrá contacto directo con la ciudadanía. Finalmente, destacó, que la Comisión no es enemiga de los servidores públicos.
La diputada federal con licencia, Miriam Cárdenas Cantú, indicó que los derechos humanos permiten la construcción de una sociedad más justa y la consolidación de la democracia, por lo que se requiere construir una nueva conciencia sobre cómo se deben defender para ponerlos en práctica.
Indicó que la CNDH no puede ser omisa ante la muerte de menores en guarderías, secuestro o hallazgo de fosas clandestinas, se requiere una actuación cuidadosa, agregó.
Lucero Ivonne Benítez Villaseñor manifestó la necesidad de realizar un diagnóstico nacional de derechos humanos para conocer la situación que guarda el país en esta materia, además de programas de profesionalización y sensibilización de quienes son responsables de atender a víctimas del delito, a fin de garantizar un verdadero acceso a la justicia.
El titular con licencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) Ricardo Bucio Mújica, propuso seis ejes para transformar la Comisión, destacan: rescatar la confiabilidad de la ciudadanía, construir nuevos criterios para que el actuar de las autoridades se dé con un enfoque de derechos, por lo que se requiere un Ombudsman con visión de Estado. Se debe adoptar un nuevo modelo de defensa y protección, usando los más altos estándares.
Comentó que hubo dilación en el caso Tlatlaya, asunto que no se puede conceder, no importando que sea por un problema pequeño o grande. Además, sentenció que el informe presentado por el Ombudsman, donde daba una postura sobre los hechos, hicieron perder la credibilidad de la comisión y violó la confidencialidad de la investigación.
Raymundo Gil Rendón, académico de la UNAM, propuso la transformación de lo que llamó un Ombudsman legislativo, hacia un Ombudsman parlamentario para ser un contrapeso de ese Poder, y transformar a la CNDH de una comisión a una defensoría del pueblo, pues dijo que la primera ya no tiene razón de ser. Asimismo, planteó la necesidad de ampliar los temas en los que se puede interceder como asuntos laborales, derechos políticos y más acciones de inconstitucionalidad.
El doctor Luis Armando González Plascencia subrayó que a pesar de que México cuenta con el mejor sistema de defensa y protección a los derechos humanos del mundo, vive la peor crisis en la materia, la cual se mide en ejecuciones, desapariciones, torturas y vejaciones, propiciadas, toleradas o consentidas por el poder.
Dijo que es imprescindible articular una agenda nacional de derechos humanos que emerja de la sociedad civil, para contar con legitimidad y promover que se ejerza desde los tres poderes en los tres niveles de gobierno.
El doctor Salvador Abascal Carranza subrayó la necesidad de reestructurar la institución, para corregir deficiencias. Con base en esto, hacer una revisión integral de las quejas, recomendaciones, y casos en que los servidores públicos no acepten comparecer. Urgió avalar la Ley reglamentaria del artículo 1º constitucional párrafo tercero en función de que el Estado debe prevenir investigar sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
En las audiencias públicas participaron los senadores Jesús Casillas Romero, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Enrique Burgos García, del PRI; Roberto Gil Zuarth, Adriana Dávila Fernández, del PAN; Angélica de la Peña Gómez, Lorena Cuellar Cisneros, Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD; Pablo Escudero Morales, Carlos Puente Salas, del PVEM; David Monreal Ávila, Layda Sansores San Román, del PT; y Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza.
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