A fin de eliminar la prohibición que tienen los estados para establecer contribuciones en favor de los municipios sobre bienes de dominio público de la Federación, el senador Pablo Gómez Álvarez propuso reformar la Constitución.
La iniciativa, precisó el legislador del PRD, establece un tope máximo a la tasa de imposición que establezcan los estados a favor de los municipios sobre bienes del dominio público de la Federación y evitar que puedan crear esta atribución de manera discrecional.
Así, las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo tendrán como límite máximo el que expida el Congreso de la Unión.
El Congreso, se estipula en la propuesta, tampoco podrá conceder exenciones o subsidios ni el Ejecutivo federal podrá hacer observaciones al decreto respectivo.
De acuerdo con la reforma al artículo 115 Constitucional, los recursos procedentes de dichas contribuciones serán aplicadas exclusivamente a la realización de obras públicas para beneficio colectivo.
Además, Gómez Álvarez planteó eximir de las contribuciones señaladas a los establecimientos públicos escolares y de salud, así como las instituciones de educación superior, centros de investigación y museos.
Expuso que “es oportuno atender la preocupación tanto del Ejecutivo federal como del Congreso de la Unión en el sentido de que cada estado pudiera establecer contribuciones demasiado altas, desmesuradas o abusivas y que entre las entidades se hiciera una competencia de carácter fiscal municipal”.
Por ello, dijo, se propone fijar un tope máximo a la tasa de imposición que establezcan los estados a favor de los municipios sobre bienes del dominio público de la Federación, de tal manera que ningún estado pudiera discrecionalmente establecerla.
La propuesta se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
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