Comunicado-407
- Senadora María del Pilar Ortega presentó iniciativa, a fin de prohibir este tipo de agresiones en la propaganda electoral.
- Se incrementan casos de acoso político por razones de género, advierte.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez presentó una iniciativa para prohibir la violencia política de género en la propaganda electoral e imponer cárcel de dos a seis años, al funcionario partidista o candidato que agreda a mujeres candidatas o que se encuentren en ejercicio de cualquier cargo público.
La legisladora de Acción Nacional destacó que existe una creciente incursión de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones, pero también se incrementan los casos de acoso y violencia política en su contra.
Esta situación, agregó, se traduce en una vulneración de los derechos políticos, ciudadanos y civiles de las mujeres. Detrás de cada acto de violencia, enfatizó, se encuentran jerarquías por cuestiones de género y manifestaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.
Ante este escenario, propuso reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que en la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, se prohíban las expresiones que calumnien a las personas, así como los actos de violencia política de género.
Consideró necesario modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de definir la violencia política como cualquier acción, conducta y agresión física, psicológica y sexual, cometida por una persona en contra de las mujeres en su calidad de precandidatas, candidatas, electas o en ejercicio de cualquier cargo público, o en contra de su familia.
Además, sugirió reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales con el propósito de imponer una sanción de 100 a 200 días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que agreda física o psicológicamente a precandidatas, candidatas, candidatas electas o mujeres en ejercicio de cualquier cargo público o en contra de su familia.
La propuesta, que también signó la senadora Marcela Torres Peimbert, del PAN, se turnó a las comisiones de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
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