Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a fin de regular las estancias infantiles y evitar que se repita una tragedia como la provocada por el incendio de la Guardería ABC.

La Ley crea un Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil como un órgano autónomo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, encargado de fiscalizar, regular, supervisar y coordinar las guarderías infantiles públicas, privadas o mistas.

El nuevo ordenamiento también distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno para evaluar y coordinar la prestación de servicios de cuidado infantil.

En el dictamen se expone que aunque no existe un padrón confiable a nivel nacional que señale cuántos establecimientos dedicados al servicio del cuidado infantil operan en el país, independientemente de la denominación que adopten, éstos se han incrementado de manera sustancial.

Según el INEGI, se destaca, de 1991 a 2010 las guarderías y estancias infantiles operadas por el IMSSS e ISSSTE, aumentaron más de 400 por ciento, al pasar de 350 establecimientos a mil 479 y el número de niños atendidos, de 48 mil 919 se ubicó en 205 mil 280.

Sin embargo, existen innumerables guarderías que no cuentan con un permiso ni registro otorgado por alguna autoridad que permita su identificación y regulación.

La senadora Emma Larios Gaxiola dijo que esta Ley es la respuesta a una de las múltiples demandas de justicia de los padres y madres afectados por el incendio de la Guardería ABC, el 5 de julio del 2009, en Hermosillo Sonora.

Con la Ley, enfatizó, podremos tener la regulación adecuada para que una tragedia como la ocurrida en esa estancia infantil “no se repita nunca más” y “esperamos que sea un aliciente para agilizar la actuación de otras autoridades que todavía tiene algún pendiente respeto al tema”.

El derecho a tener un servicio de guarderías seguro y confiable, asentó, debe ser garantizada por los tres niveles de gobierno “que tienen la obligación de cuidar y atender a nuestros niños mientras sus tutores laboren”.

Por el PRI, el senador Alfonso Elías Serrano recalcó que este nuevo marco legal en materia de guarderías mejorará sustancialmente el servicio que prestan para brindar mayor seguridad a los menores y sus padres.

Consideró importante señalar que en México hay aproximadamente 9 millones de mujeres jefas de familia que necesitan de los servicio de estas instituciones, por lo que esta ley garantiza su tranquilidad al establecer requisitos de seguridad higiene y calidad.

Francisco Castellón Fonseca, senador perredista, explicó que esta ley, además de dar cumplimiento a las demandas de seguridad y protección, genera un entorno con condiciones que evitan tragedias similares a las de 2009.

Agregó que el Estado tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, supervisión y evaluación de dichos servicios por lo que esta ley fundamentalmente parte del derecho de los niños para ser sujetos de prestación de servicios.

El senador por el PVEM, Arturo Escobar y Vega, señaló que en todo el país ha habido entidades que a través de leyes o reglamentos han asumido como prioridad legislar en materia de guarderías y cuidado de niños y niñas.

Expuso que con esta ley se integra la competencia de aquellos elementos que se requieren para tener verdaderos prestadores de servicios en este rubro, que garanticen su bienestar.

A su vez, el senador del PT, Ricardo Monreal Ávila, expresó que “la familia de los niños que fallecieron en la Guardería ABC permanecerán sin justicia, pues los responsables de la tragedia seguirán libres y actuando con cinismo e impunidad”.

“Lo que quedará en la memoria de la opinión pública --señaló--es cómo el gobierno tiene como rasgos característicos la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad y la ausencia de justicia, pues sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas por el IMSS cumplían los requisitos establecidos por la Ley.

El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados.

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