El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, así como a los códigos Penal Federal y Fiscal de la Federación, para combatir las prácticas monopólicas y elevar las sanciones para los agentes económicos que incurran en ellas.
La minuta, respaldada con 91 votos, tiene como objetivo mejorar el sistema de regulación de la competencia económica en México.
Con la llamada Ley Antimonopolios la COFECO podrá castigar con multa de hasta por el 10 por ciento de sus ingresos al agente económico que cometa una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra.
Además, impondrá multas hasta por 200 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a quienes participen directamente en dichas prácticas o concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales.
Los senadores destacaron que “las actuales sanciones establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica no son lo suficientemente altas” para disuadir a los agentes económicos de realizar prácticas monopólicas ilegales”.
Por ello, consideraron necesario modificar la base de cálculo de las sanciones, bajo los estándares internacionales más eficientes a nivel internacional, pues esta medida contribuiría también a reducir los incentivos que impidan la competencia y libre concurrencia.
Los cambios al Código Penal Federal incluyen sancionar con prisión de tres a 10 años y con mil a tres mil días de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos o convenios entre agentes económicos competidores para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes y servicios al que son ofrecidos en los mercados.
Lo mismo ocurrirá para quien divida, distribuya, asigne o imponga porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados.
Además, se fortalece la transparencia en la elección de los miembros de la Comisión Federal de Competencia y se dota de mayor seguridad y certidumbre jurídica a los agentes económicos.
Al fundamentar el dictamen, el senador Eloy Cantú Segovia destacó que las reformas también fortalecen las facultades de investigación de la COFECO a los agentes económicos y establecen penas más severas e “incluso la acción penal en caso de prácticas monopólicas absolutas”.
Además, contiene los mecanismos para determinar lo que se denomina un poder sustancial conjunto, que se refiere a la posibilidad de que dos o más agentes económicos sean capaces de imponer condiciones en el mercado sin que los competidores puedan contrarrestar dicha acción.
“Es un instrumento jurídico que va a alentar la competencia y competitividad, no sólo en beneficio del crecimiento económico de México y la generación de empleos, sino también para los usuarios y consumidores”, enfatizó.
A nombre de Acción Nacional, el senador Santiago Creel Miranda señaló que la canasta básica que consume una familia de clase media en México es 40 por ciento más cara que en países con una economía similar a la nuestra.
La falta de competencia, enfatizó, tiene consecuencias en los precios que pagamos los mexicanos por “productos, muchas veces, de mala calidad y caros”, pero además, este problema se registra en rubros importes de la economía como el transporte, telecomunicaciones, alimentos, sector financiero, energía y construcción.
“Por eso estamos a favor de estas reformas, que fortalecen los ordenamientos y a la autoridad que combaten la falta de competencia económica en el país”, pero debe mejorarse la definición del “poder sustancial conjunto”, asentó.
En su turno, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez expresó que hay un clamor social para luchar en mejores condiciones contra el monopolismo en el país, pues ahoga la economía, detiene la generación de empleos y concentra el ingreso.
Reconoció que existen “avances importantes”, pero “no hubo acuerdos” para que los integrantes de la COFECO no sean nombrados por el Ejecutivo federal “y es política gubernamental, de antes y ahora, no sólo proteger los monopolios sino alentarlos”.
Por el PT, el senador Ricardo Monreal Ávila subrayó que la Constitución prohíbe los monopolios, pero “los abusos de los poderes económicos dominantes, a través de éstos, son una constante en nuestro país que, además de eliminar la competitividad, producen un duro impacto en la economía familiar”.
Por prácticas monopólicas, resaltó, los mexicanos pagamos más por bienes y servicios que en otros países, por lo que abrir la competencia en rubros como telefonía, Internet, cementos y otros artículos permitirá ahorrar a los consumidores hasta un 15 por ciento de sus ingresos.
El documento se remitió al Ejecutivo para sus efectos Constitucionales.
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