Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Comunicado-232
  • Coinciden especialistas en importancia de presupuesto para estados y destacan falta de coordinación.
  • Mañana continúan las jornadas de trabajo del Seminario en el Senado.

Durante su participación como moderador en la primera mesa de trabajo del Seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, el legislador senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, apuntó la necesidad de reubicar y discutir el papel del Senado frente a los retos que se presentan en el federalismo.

En la mesa de trabajo denominada ¿Federalismo en crisis?, los especialistas Daniel Barceló Rojas, Juan Manuel Menes Llaguno, Alberto Aguilar Iñárritu y Javier Hurtado González, coincidieron en la importancia de asignar recursos presupuestales suficientes para estados y destacaron la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Sobre el estado actual del Federalismo, Daniel Barceló Rojas expuso que las causas constitucionales que facilitan la permanencia de los sistemas autoritarios en los estados son el diseño constitucional presidencialista; el centralismo judicial atribuible a la legislación federal de control constitucional y de amparo y la falla de diseño en la garantía política de la democracia en el Estado federal.

Sugirió la construcción de un diseño institucional para ensanchar los contrapesos a los ejecutivos locales, el reequilibrio de poderes y empoderamiento de ciudadanos, y consideró inadecuado el número de integrantes de las cámaras del Congreso, pues el Legislativo controla al Ejecutivo.

Asimismo, planteó que desde el Congreso se debe elevar el estatus de presupuesto a Ley; reformar el gobierno municipal y fortalecer el control de desempeño institucional de los órganos constitucionales autónomos.

Respecto a la crisis que enfrenta el federalismo mexicano en relación con los estados pobres, el magistrado Juan Menes Llaguno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, llamó a replantear el federalismo en materia tributaria; a flexibilizar los criterios de redistribución del ingreso a entidades federativas y municipios, bajo el principio de tratar diferente a los que son desiguales por naturaleza y a buscar criterios que incorporen a los estados pobres a las acciones del desarrollo regional.

Lo anterior, tras señalar que los criterios aplicados en la dosificación de las participaciones de financiamiento a los estados y municipios basada en la capacidad tributaria de cada una de las entidades y que busca premiar a quienes aplican mejores programas de recaudación, es un peligro para el Federalismo, porque “en estricto sentido federalista no se puede dar igual trato a quienes son por naturaleza desiguales”.

El Consejero para la Reforma Política del Distrito Federal, Alberto Aguilar Iñárritu dijo que es necesario superar la constante centralista de la historia a partir de la corresponsabilidad de una hoja de ruta trazada con el concurso de la República reunida, porque de lo contrario se seguirá atrofiando al federalismo y manteniendo la preminencia del gobierno federal sobre los estatales.

Se trata de asumir que los problemas del federalismo se resuelven profundizándolo, haciendo política de Estado con un régimen federalista, reorganizando el sistema federal del país y transitando a la edificación del régimen de gobierno que exige la democracia y que todavía es una asignatura pendiente, puntualizó.

El director general del Instituto de Estudios de Federalismo de Jalisco, Javier Hurtado González aseguró México es el Estado federal más centralizado del mundo, el cual se encuentra en crisis por su modelo descoordinado, ya que no hay espacios e instituciones para la concertación y la coordinación.

En este sentido, propuso crear un Consejo para la Coordinación Intergubernamental, que se reúna una vez al año y que conozca, discuta, concerté y analice problemas y necesidades que se presenten en los distintos ámbitos del territorio nacional, de tal forma que sea el ámbito en el que se analicen las capacidades institucionales que dispone cada orden de gobierno para hacer frente a las demandas y necesidades sociales a través de una acción coordinada.

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