- Derrame de ácido sulfúrico contaminó seis municipios de Sonora
- El punto de acuerdo se turnó a la Tercera Comisión
A través de un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del PT, solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Nacionales, a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema Nacional de Protección Civil, un informe de las causas, efectos y repercusiones del derrame de ácido sulfúrico en el río Sonora, provocado por la Mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora.
Dicho reporte deberá informar de todas las sustancias y elementos provenientes de los desechos que se vertieron al medio ambiente, por el derrame del 8 de agosto del presente, a fin de que el Congreso tome las medidas legislativas pertinentes.
El punto de acuerdo turnado a la Tercera Comisión, establece que según información de los medios de comunicación, el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora, proveniente de los desechos de la Mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ocasionó contaminación en seis municipios de la entidad.
Resaltó que a pesar de que oficialmente se anunció que fue superada la contingencia, un día después, pobladores de las márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, y ambientalistas de la entidad, pusieron en duda las versiones de Protección Civil. Por otra parte, en las redes sociales, habitantes de comunidades de los municipios de Arizpe y Baviácora, denunciaron que en el agua de ambos cauces, se observa contaminación por los desechos químicos de la mina, provenientes de los llamados represos de jales.
Asimismo, señaló la senadora Guevara, la Conagua y la Unidad Estatal de Protección Civil anunciaron el cese preventivo de operaciones de los pozos cercanos al río Sonora en Arizpe, San Felipe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Ures y Hermosillo, en tanto se determina si la contaminación del río llegó a éstos.
La legisladora subrayó que las observaciones de los pobladores dejan ver que ante el siniestro hay una serie de evidentes irregularidades, pues se acusa que la alerta emitida a la población fue tardía, la ausencia falta de una descripción técnica de las causas del derrame del tóxico y se denota una falta de control ante el tratamiento de desechos y de los riesgos que conlleva la alta toxicidad de todos los materiales.
Este incidente, advirtió, debe tomarse como referente para hacer una revisión total del conjunto de normas que regulan a las empresas mineras y sus responsabilidades en todo el proceso de extracción, pues “estamos ante un suceso catastrófico que aún no manifiesta su daño total”.
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